Indigenous Peoples Rights International (IPRI), una organizaci\u00f3n ind\u00edgena mundial que defiende los derechos de los pueblos ind\u00edgenas, apoya plenamente a sus organizaciones ind\u00edgenas asociadas en su lucha contra la nueva ley antiterrorista de Filipinas.<\/p>\n
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El 7 de agosto, varias organizaciones de pueblos moros e ind\u00edgenas de Filipinas presentaron la 24\u00aa petici\u00f3n de avocaci\u00f3n y prohibici\u00f3n ante el Tribunal Supremo contra la recientemente aprobada Ley de la Rep\u00fablica 11479 o Ley Antiterrorista de 2020.<\/p>\n
En la petici\u00f3n, los pueblos ind\u00edgenas afirmaron que las definiciones ambiguas y arbitrarias de los delitos de terrorismo en la ley pueden utilizarse contra los pueblos ind\u00edgenas y las personas defensoras de los derechos ind\u00edgenas. Los grupos representados en la petici\u00f3n eran Kalumbay Regional Lumad Organization, Kalipunan ng Katutubong Mamamayan ng Pilipinas (Katribu), SANDUGO (Alliance and Movement of Bangsamoro and Indigenous Peoples and for Self-Determination), Save Our Schools Network, LILAK\/Purple Action for Indigenous Women’s Rights Inc, entre otras.<\/p>\n
\u201cRed baiting or red-tagging, the act of labeling persons as communists or terrorists, has been used in the past against civil society leaders who are critical of the government,\u201d the petition stated.<\/p>\n
Incluso antes de la Ley Antiterrorista de 2020, el gobierno filipino bajo la administraci\u00f3n de Duterte hab\u00eda sido criticado por etiquetar a las personas activistas, incluidas las personas defensoras de los derechos ind\u00edgenas, como terroristas.<\/p>\n
De hecho, en 2018, m\u00e1s de 600 nombres de personas defensoras de derechos humanos, abogadas y abogados, periodistas y pueblos ind\u00edgenas fueron incluidos en la \u00ablista de terroristas\u00bb del gobierno.<\/p>\n
La lista inclu\u00eda incluso a las codirectoras de IPRI, la ex Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Ind\u00edgenas, Vicky Tauli-Corpuz, y la coorganizadora de Peoples\u2019 Major Group (IPMG) for Sustainable Development, Joan Carling.<\/p>\n
\u201cComo organizaci\u00f3n ind\u00edgena mundial, IPRI se compromete a apoyar la lucha de los pueblos ind\u00edgenas por la justicia, por muy dif\u00edcil que sea. La Ley Antiterrorista de Filipinas sirve como arma legal del Estado para garantizar m\u00e1s ataques contra las personas defensoras de los derechos, las tierras y el medioambiente\u00bb, dijo Carling.<\/p>\n
\u201cIPRI trabajar\u00e1 junto con las organizaciones ind\u00edgenas y las personas que abogan contra esta ley draconiana, y para promover el respeto y la materializaci\u00f3n de los derechos de los pueblos ind\u00edgenas, as\u00ed como el acceso a la justicia\u00bb, a\u00f1adi\u00f3.<\/p>\n
Carling tambi\u00e9n se\u00f1al\u00f3 que Filipinas es uno de los pa\u00edses en los que se centra IPRI debido a las continuas y graves violaciones de los derechos individuales y colectivos de los pueblos ind\u00edgenas, que est\u00e1n reconocidos y protegidos por las leyes y pol\u00edticas internacionales y nacionales.<\/p>\n
En el informe global de mitad de a\u00f1o de IPRI sobre la criminalizaci\u00f3n y la impunidad contra los pueblos ind\u00edgenas en tiempos de COVID-19, Filipinas tiene el mayor n\u00famero de incidentes de criminalizaci\u00f3n documentados de 23 pa\u00edses. Se registraron 32 incidentes que afectaron a 125 personas, tres comunidades y seis pueblos. Estos casos incluyen el acaparamiento de tierras y la dispersi\u00f3n de protestas leg\u00edtimas contra la miner\u00eda, entre otros.<\/p>\n
Para apoyar la lucha contra la Ley Antiterrorista de 2020, IPRI organiz\u00f3 un foro virtual para discutir la ley y sus implicaciones para los pueblos ind\u00edgenas y las personas defensoras de los derechos ind\u00edgenas en Filipinas el 10 de agosto de 2020.<\/p>\n
Participaron en el foro virtual la maestra lumad Jeany Rose Hayahay, la comisionada de la Comisi\u00f3n de Derechos Humanos Gwen Pimentel-Gana, y el abogado ind\u00edgena Tony La Vi\u00f1a, que represent\u00f3 a los demandantes ante el Tribunal Supremo.<\/p>\n
En el foro virtual, la comisionada Pimentel se\u00f1al\u00f3 que los asesinatos extrajudiciales y otras formas de violaci\u00f3n de los derechos humanos eran generalizados y prevalec\u00edan incluso sin la Ley Antiterrorista, por lo que la preocupaci\u00f3n de las personas defensoras de los derechos humanos sobre el riesgo de que la nueva ley pueda ser objeto de abusos es v\u00e1lida y l\u00f3gica.<\/p>\n
Dijo que \u00bb la vaguedad del significado de \u00abacto de terrorismo\u00bb en la Ley Antiterrorista filipina abrir\u00e1 las puertas a los abusos contra las personas activistas, incluidos los pueblos ind\u00edgenas, que exigen leg\u00edtimamente el respeto y la promoci\u00f3n de sus derechos.\u201d<\/p>\n
El abogado Tony La Vi\u00f1a, por su parte, reiter\u00f3 que la nueva ley est\u00e1 lejos de resolver el terrorismo, ya que el gobierno no proporciona servicios sociales b\u00e1sicos a la poblaci\u00f3n: \u00abestoy en contra del terrorismo, pero esta ley antiterrorista no resuelve el terrorismo en Filipinas. Lo que funciona es abordar la ra\u00edz de los problemas de desigualdad, como la pobreza.\u201d<\/p>\n
La profesora Rose, de la Escuela Lumad de Salugpongan, tambi\u00e9n inst\u00f3 al p\u00fablico a apoyar la lucha contra la Ley Antiterrorista.<\/p>\n
\u201cPedimos que se elimine la Ley Antiterrorista. Hemos luchado antes y seguimos aqu\u00ed. Seguiremos luchando\u00bb, concluy\u00f3.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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