Entre enero y julio de 2020 se documentaron m\u00e1s de 200 incidentes de violaciones de derechos humanos en 23 pa\u00edses<\/p>\n
Indigenous Peoples Rights International (IPRI), una organizaci\u00f3n ind\u00edgena mundial que defiende los derechos de los pueblos ind\u00edgenas, dio la voz de alarma ante la creciente tendencia mundial a la criminalizaci\u00f3n y la violencia contra los pueblos ind\u00edgenas en varios pa\u00edses durante el confinamiento debido a la COVID-19 y la aplicaci\u00f3n de otras medidas represivas.<\/p>\n
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En su informe especial de mitad de a\u00f1o sobre la criminalizaci\u00f3n y la violencia contra los pueblos ind\u00edgenas, IPRI inform\u00f3 que del 1 de enero al 31 de julio de 2020 se documentaron 202 incidentes de violaciones de derechos humanos en 23 pa\u00edses de todo el mundo.<\/p>\n
Entre estos pa\u00edses se encuentran Argentina, Bangladesh, Bolivia, Brasil, Canad\u00e1, Colombia, Costa Rica, Rep\u00fablica Democr\u00e1tica del Congo, Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Kenia, M\u00e9xico, Myanmar, Nepal, Nicaragua, Paraguay, Per\u00fa, Filipinas, Rusia, Tailandia y Estados Unidos de Am\u00e9rica. Muchos de estos Estados est\u00e1n aplicando medidas restrictivas y las utilizan para sacar provecho de la pandemia para atacar a los l\u00edderes y lideresas y a las comunidades ind\u00edgenas, y para apoderarse de sus tierras y recursos.<\/p>\n
Esta criminalizaci\u00f3n y violencia se clasificaron en cuatro tipos: violaciones de los derechos y libertades fundamentales (derechos civiles y pol\u00edticos); asesinatos; violaciones de los derechos econ\u00f3micos y socioculturales y de los derechos colectivos de los pueblos ind\u00edgenas; y violencia de g\u00e9nero. Las violaciones de los derechos civiles y pol\u00edticos inclu\u00edan casos de cargos inventados, secuestros, arrestos y detenciones ilegales, entre otros; mientras que las violaciones de los derechos econ\u00f3micos y socioculturales inclu\u00edan violaciones de los derechos colectivos de los pueblos ind\u00edgenas a la tierra, los territorios y los recursos, los medios de vida, la vivienda, la cultura y la autodeterminaci\u00f3n.<\/p>\n
M\u00e1s de la mitad, es decir, 110 de los 202 incidentes documentados, se corresponden a la criminalizaci\u00f3n de los pueblos ind\u00edgenas o a la violaci\u00f3n de los derechos civiles y pol\u00edticos. Entre los 23 pa\u00edses, Filipinas tiene el mayor n\u00famero de incidentes documentados, con 32, que afectaron a 125 personas, tres comunidades y seis pueblos. Otros pa\u00edses con un alto n\u00famero de incidentes de criminalizaci\u00f3n son Bangladesh y Canad\u00e1, con 13 y 8, respectivamente.<\/p>\n
El informe tambi\u00e9n hizo un seguimiento de 83 casos de asesinatos. Sesenta de estos incidentes se registraron en Colombia. De forma alarmante, los asesinatos de ind\u00edgenas en Colombia entre enero y julio de 2020 ya han superado el r\u00e9cord de 2019, convirti\u00e9ndose en las cifras m\u00e1s altas de la historia del pa\u00eds. Las v\u00edctimas eran conocidas y conocidos activistas que luchaban por el derecho a la tierra. Otros pa\u00edses que registraron asesinatos fueron Bangladesh, Brasil, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Indonesia, M\u00e9xico, Myanmar, Nepal, Nicaragua y Per\u00fa.<\/p>\n
Tambi\u00e9n se registraron 16 casos de violaciones de los derechos colectivos y de los derechos econ\u00f3micos y socioculturales de pueblos ind\u00edgenas. Los casos se produjeron principalmente en Bangladesh y Filipinas, con cuatro incidentes cada uno, ambos relacionados con el acaparamiento de tierras y el desplazamiento. Los ataques en Bangladesh afectaron a 5000 personas y tres comunidades, mientras que en Filipinas se vieron afectadas 700 personas, 937 familias y una aldea. Hubo casos similares en otros pa\u00edses, pero no estaban debidamente documentados. Otros casos incluyen el desmantelamiento e incendio de aldeas ind\u00edgenas en bosques y parques nacionales.<\/p>\n
Se siguieron tres incidentes de violencia de g\u00e9nero en Colombia y Paraguay. Dos de estos casos afectan a menores. En Colombia, una activista ind\u00edgena y una ni\u00f1a de 13 a\u00f1os fueron v\u00edctimas de violencia de g\u00e9nero. La mujer recibi\u00f3 amenazas de muerte y de violaci\u00f3n, mientras que la ni\u00f1a fue violada por siete soldados. En Paraguay, una ni\u00f1a de 12 a\u00f1os fue violada por un hombre de 26 a\u00f1os.<\/p>\n
Aparte de estos casos, tambi\u00e9n se hizo un seguimiento de mujeres y ni\u00f1as que fueron detenidas y encarceladas ilegalmente en Nepal, Canad\u00e1 e Indonesia; agredidas f\u00edsicamente en Nicaragua; y asesinadas en Tailandia.<\/p>\n
Si bien el n\u00famero de casos de violencia de g\u00e9nero monitoreados es bajo, IPRI es consciente de la realidad de las mujeres y ni\u00f1as ind\u00edgenas en el terreno, que muchas de ellas no pueden denunciar los casos de violencia a las autoridades por falta de acceso a la justicia y por la cultura de estigmatizaci\u00f3n imperante.<\/p>\n
En su informe, IPRI se\u00f1ala que, si bien la actual crisis de la COVID-19 plantea multitud de problemas de salud para muchas comunidades ind\u00edgenas a nivel mundial, tambi\u00e9n ha puesto de manifiesto la intensificaci\u00f3n de la impunidad contra los pueblos ind\u00edgenas en el marco de las medidas de respuesta a la pandemia por parte de los Estados.<\/p>\n
En el informe tambi\u00e9n se se\u00f1ala que, a medida que la pandemia se traduce en una recesi\u00f3n econ\u00f3mica, las pol\u00edticas y los objetivos de recuperaci\u00f3n econ\u00f3mica aumentan las amenazas y la vulnerabilidad que sufren los pueblos ind\u00edgenas ante el acaparamiento de tierras y la extracci\u00f3n de recursos de sus territorios, y ante la represi\u00f3n y la criminalizaci\u00f3n cuando defienden y protegen sus derechos colectivos y su bienestar.<\/p>\n
Estas amenazas est\u00e1n presentes en Indonesia, India, Canad\u00e1 y Per\u00fa, donde se imponen pol\u00edticas relacionadas con la miner\u00eda del carb\u00f3n. El informe tambi\u00e9n sugiere c\u00f3mo los gobiernos represivos y las corporaciones empresariales se aprovecharon de la pandemia para aplicar medidas represivas que recortan a\u00fan m\u00e1s los derechos ind\u00edgenas.<\/p>\n
La codirectora de IPRI y Exrelatora Especial de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Ind\u00edgenas, Vicky Tauli-Corpuz, dijo que la criminalizaci\u00f3n es un elemento com\u00fan que observ\u00f3 a lo largo de los seis a\u00f1os en que desempe\u00f1\u00f3 su labor.<\/p>\n
De hecho, Tauli-Corpuz ya destac\u00f3 anteriormente la correlaci\u00f3n entre el aumento de la violencia, el acoso y la criminalizaci\u00f3n de los pueblos ind\u00edgenas con los agresivos esfuerzos de los Estados y las empresas por apoderarse de las tierras que tradicionalmente han pertenecido a los pueblos ind\u00edgenas para extraer sus recursos.<\/p>\n
Joan Carling, codirectora de IPRI y coorganizadora del Indigenous Peoples’ Major Group (IPMG) for Sustainable Development, hace un llamamiento a los Estados para impedir que se produzcan nuevos ataques y se criminalice a los pueblos ind\u00edgenas, y para que, en su lugar, se aborden los impactos de la pandemia de COVID-19 en los pueblos ind\u00edgenas. Tambi\u00e9n hace un llamamiento a las organizaciones de los pueblos ind\u00edgenas y a sus aliados a nivel local, nacional y regional para que refuercen las campa\u00f1as de promoci\u00f3n y protecci\u00f3n de los derechos de los pueblos ind\u00edgenas con el fin de ampliar el llamamiento a la justicia y exigir el fin de la impunidad<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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