En 2012, el descubrimiento de petr\u00f3leo en la cuenca petrol\u00edfera de Lokichar, en el condado de Turkana, al noroeste de Kenia, se consider\u00f3 un hito para el desarrollo nacional. La empresa Tullow Oil, a la que se le concedieron derechos de extracci\u00f3n en el marco de un proceso de expropiaci\u00f3n liderado por la Comisi\u00f3n Nacional de Tierras, firm\u00f3 acuerdos con el Gobierno del condado de Turkana. <\/p>\n
Sin embargo, este proceso se llev\u00f3 a cabo sin el consentimiento libre, previo e informado (CLPI) del pueblo ind\u00edgena turkana, lo que ha suscitado una profunda preocupaci\u00f3n en torno a los derechos sobre la tierra y la justicia.<\/p>\n
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Desde que comenz\u00f3 la extracci\u00f3n, las comunidades locales han sido las m\u00e1s afectadas por los da\u00f1os medioambientales. La organizaci\u00f3n Indigenous Africa ha denunciado que las instalaciones de Tullow Oil almacenan residuos t\u00f3xicos de perforaci\u00f3n de forma inadecuada, incumpliendo las normas de la Autoridad Nacional de Gesti\u00f3n Ambiental (NEMA). <\/p>\n
Los ganaderos cuentan c\u00f3mo los productos qu\u00edmicos se filtran en las fuentes de agua durante las lluvias, envenenando al ganado y poniendo en peligro la salud de la comunidad.<\/p>\n
Mientras tanto, los desplazamientos han privado a los pueblos de Turkana de sus tierras, \u00e1rboles y plantas medicinales, considerados \u00absin valor\u00bb por las autoridades, a quienes a cambio solo se les han ofrecido \u00abviviendas provisionales sin valor\u00bb. Esta percepci\u00f3n de infravaloraci\u00f3n agrava la desposesi\u00f3n de una comunidad que ya se encuentra en situaci\u00f3n de vulnerabilidad. <\/p>\n
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Entre 2012 y 2016, los pagos de Tullow Oil se destinaron a las autoridades municipales.<\/p>\n
Con la descentralizaci\u00f3n de Kenia de 2013 [1] y la promulgaci\u00f3n del Reglamento sobre Tierras Comunitarias en agosto de 2017 [2] para poner en pr\u00e1ctica la Ley de Tierras Comunitarias de 2016, las nuevas disposiciones exig\u00edan a los condados que actuaran como fideicomisarios y transfirieran sin demora todos los fondos de indemnizaci\u00f3n directamente a los comit\u00e9s de gesti\u00f3n de tierras comunitarias tras el registro de las respectivas tierras comunitarias.<\/p>\n
Sin embargo, el 20 de junio de 2024, Tullow Oil ingres\u00f3 258 millones de chelines kenianos (casi 2 millones de d\u00f3lares estadounidenses) al condado de Turkana en concepto de indemnizaci\u00f3n por las tierras arrendadas a las comunidades.<\/p>\n
En lugar de ingresar los fondos en cuentas comunitarias o mantenerlos en una cuenta especial que generara intereses para las comunidades afectadas, tal y como exige la ley, el Gobierno del condado los desvi\u00f3 para otros fines. Las autoridades justificaron esto alegando que se trataba de pagos por arrendamientos, impuestos, grav\u00e1menes y tasas, mientras que grupos de la sociedad civil, como el Consorcio Extractivo de Turkana, insisten en que los fondos pertenecen legalmente a las comunidades. <\/p>\n
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En este contexto, Geoffry Ariong, ind\u00edgena turkana y director ejecutivo de la organizaci\u00f3n Turkana Indigenous People Action for Development (TIPD), ha asumido un papel destacado en la b\u00fasqueda de responsabilidades.<\/p>\n
El 24 de junio de 2025, TIPD present\u00f3 una demanda ante el Tribunal de Tierras y Medio Ambiente contra el Gobierno del condado de Turkana, junto con Tullow Oil y la Comisi\u00f3n Nacional de Tierras.<\/p>\n
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Sin embargo, esta b\u00fasqueda de la justicia ha tenido un precio. Geoffry afirma haber recibido llamadas amenazantes desde n\u00fameros ocultos y haber sufrido acoso a trav\u00e9s de WhatsApp. <\/p>\n
Temiendo por su seguridad, se traslad\u00f3 a Turkana Sur, pero sigue estando amenazado, sobre todo porque en los pr\u00f3ximos d\u00edas se le van a notificar las citaciones judiciales.<\/p>\n
\u00abNos preocupa cada vez m\u00e1s la seguridad de Geoffry\u00bb, declar\u00f3 la TIPD, anticipando que las amenazas se intensificar\u00e1n una vez que el caso entre en la fase procesal.<\/p>\n
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M\u00e1s all\u00e1 de los riesgos f\u00edsicos, los obst\u00e1culos financieros se ciernen como una amenaza. Dado que los gastos legales ya est\u00e1n agotando los recursos de la comunidad, el TIPD se enfrenta a un saldo pendiente de 520 000 KSH (4000 USD). <\/p>\n
A pesar de estos retos, la comunidad sigue decidida a exigir responsabilidades al Gobierno y a las empresas.<\/p>\n
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Ante esta situaci\u00f3n tan delicada, el Fondo de Defensa Legal y Refugio (LDSF) ha intervenido para apoyar a Geoffry. El Fondo est\u00e1 prestando asistencia log\u00edstica para cubrir los gastos inmediatos, garantizar su seguridad y financiar la batalla legal. <\/p>\n
Esto incluye recursos para hacer frente a la intimidaci\u00f3n que se prev\u00e9 que se produzca una vez que se notifique formalmente a los acusados, as\u00ed como apoyo econ\u00f3mico que permita a Geoffry protegerse a s\u00ed mismo y a su familia.<\/p>\n
La intervenci\u00f3n de la LDSF es fundamental para proteger no solo los derechos de Geoffry, sino tambi\u00e9n la lucha colectiva de las comunidades turkana por defender sus tierras y su medio ambiente.<\/p>\n
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La historia del petr\u00f3leo en Turkana resume una lucha m\u00e1s amplia por los derechos de los pueblos ind\u00edgenas, la justicia medioambiental y la rendici\u00f3n de cuentas en la extracci\u00f3n de recursos.<\/p>\n
Aunque el descubrimiento del petr\u00f3leo se present\u00f3 como una v\u00eda hacia la prosperidad, ha tra\u00eddo consigo desplazamientos, exposici\u00f3n a sustancias t\u00f3xicas y indemnizaciones controvertidas.<\/p>\n
El caso impulsado por Geoffry Ariong y TIPD \u2014que ahora cuenta con el apoyo fundamental de la LDSF\u2014 podr\u00eda sentar un precedente decisivo sobre c\u00f3mo Kenia, y la regi\u00f3n en general, concilian las industrias extractivas con los derechos territoriales de los pueblos ind\u00edgenas y la protecci\u00f3n del medio ambiente.<\/p>\n
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[1] En este contexto, el t\u00e9rmino \u00abdescentralizaci\u00f3n\u00bb se refiere espec\u00edficamente a la descentralizaci\u00f3n de la gobernanza llevada a cabo en 2013 en virtud de la Constituci\u00f3n de Kenia de 2010, que transfiri\u00f3 competencias y responsabilidades \u2014entre ellas, la gesti\u00f3n de la tierra y los recursos naturales\u2014 de las autoridades nacionales y municipales a los gobiernos de condado de nueva creaci\u00f3n.<\/p>\n
[2] En agosto de 2017 se promulgaron las Normas sobre Tierras Comunitarias para poner en pr\u00e1ctica la Ley de Tierras Comunitarias de 2016, estableciendo marcos jur\u00eddicos para el registro de las tierras comunitarias y garantizando que las comunidades pudieran reclamar, poseer y proteger sus tierras.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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