{"id":85109,"date":"2025-11-05T19:42:16","date_gmt":"2025-11-05T19:42:16","guid":{"rendered":"https:\/\/iprights.org\/2025\/11\/05\/cuando-la-transicion-justa-traiciona-a-los-pueblos-indigenas-por-joan-carling-directora-ejecutiva-del-ipri\/"},"modified":"2026-04-19T16:16:43","modified_gmt":"2026-04-19T16:16:43","slug":"cuando-la-transicion-justa-traiciona-a-los-pueblos-indigenas-por-joan-carling-directora-ejecutiva-del-ipri","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/iprights.org\/es\/2025\/11\/05\/cuando-la-transicion-justa-traiciona-a-los-pueblos-indigenas-por-joan-carling-directora-ejecutiva-del-ipri\/","title":{"rendered":"Cuando la Transici\u00f3n Justa Traiciona a los Pueblos Ind\u00edgenas, por Joan Carling, Directora Ejecutiva del IPRI"},"content":{"rendered":"\n

La promesa de una transici\u00f3n energ\u00e9tica justa ha sido aclamada como respuesta necesaria a la crisis clim\u00e1tica. M\u00e1s presas, parques solares, parques e\u00f3licos, centrales geot\u00e9rmicas y miner\u00eda mineral de transici\u00f3n se presentan como las tecnolog\u00edas limpias que impulsar\u00e1n un futuro sostenible. Sin embargo, para los pueblos ind\u00edgenas, estos proyectos a menudo no se experimentan como soluciones, sino como nuevos frentes de desposesi\u00f3n, violencia y criminalizaci\u00f3n<\/strong>.<\/p>\n\n

Desde 2021, el IPRI ha documentado un total de 459 <\/strong>denuncias de violaciones de derechos humanos, criminalizaci\u00f3n, violencia e impunidad contra Pueblos Ind\u00edgenas en Asia. De estas denuncias, 24 <\/strong>casos est\u00e1n relacionados con proyectos de Transici\u00f3n Energ\u00e9tica Justa en territorios de Pueblos Ind\u00edgenas que afectan a un total estimado de 97.217 ind\u00edgenas<\/strong>. De los 24 casos, 18 <\/strong>son denuncias relacionadas con proyectos hidroel\u00e9ctricos<\/strong> en pa\u00edses como Filipinas, India y Nepal. Los otros 6 <\/strong>casos est\u00e1n relacionados con proyectos de energ\u00eda solar, energ\u00eda geot\u00e9rmica, energ\u00eda e\u00f3lica y miner\u00eda de minerales de transici\u00f3n<\/strong> en Filipinas, Indonesia, Camboya e India. <\/p>\n\n

A continuaci\u00f3n se detallan 24 presuntos casos de violaciones de derechos humanos.<\/p>\n\n

\"Presuntas<\/figure>\n\n

Las historias que se esconden tras las cifras son desgarradoras. En Filipinas, el pueblo Tumandok se opuso al Proyecto Multiusos II del r\u00edo Jalaur, una megarepresa financiada por el Banco de Exportaciones e Importaciones de Corea del Sur y construida por Daewoo Engineering & Construction. En diciembre de 2020, las fuerzas estatales irrumpieron en nueve aldeas, matando a nueve (9) l\u00edderes ind\u00edgenas y deteniendo a otros diecis\u00e9is<\/a>. Unos meses despu\u00e9s, otra dirigente, Julie Catamin, fue asesinada<\/a> tras condenar p\u00fablicamente la masacre. <\/p>\n\n

Su oposici\u00f3n a una presa que violaba su derecho al consentimiento libre, previo e informado (CLPI) no fue respondida con el di\u00e1logo, sino con la militarizaci\u00f3n y el derramamiento de sangre. Cuando se inaugur\u00f3 la presa en 2024<\/a>, no s\u00f3lo era una proeza de ingenier\u00eda, sino un monumento a la impunidad. Los tumandok, neg\u00e1ndose a ser borrados, han presentado desde entonces denuncias junto con sus aliados ante organismos surcoreanos contra los financiadores y constructores. <\/p>\n\n

En el estado indio de Arunachal Pradesh, los pueblos ind\u00edgenas adi e idu mishmi se han enfrentado a una represi\u00f3n similar por oponerse al Proyecto Multiusos del Alto Siang<\/a>. Se ha acusado a dirigentes de delitos tan graves como intento de asesinato y linchamiento popular: claros intentos de criminalizar la disidencia y silenciar las protestas de la comunidad. Recientemente, Bhanu Tatak<\/a>, mujer ind\u00edgena defensora de los derechos humanos que se opone a la presa hidroel\u00e9ctrica de 11.000 megavatios, fue retenida y detenida en el aeropuerto cuando se dirig\u00eda a un intercambio de aprendizaje en Irlanda, y su viaje fue cancelado. Aunque fue puesta en libertad, se enfrenta a cargos de intento de linchamiento colectivo e intento de asesinato, entre otros. <\/p>\n\n

En Nepal, los pueblos ind\u00edgenas que se resisten a la proliferaci\u00f3n de proyectos hidroel\u00e9ctricos<\/a> describen su lucha como una lucha por la supervivencia, ya que las presas destruyen pr\u00e1cticas culturales, ocupaciones tradicionales y lugares sagrados. <\/p>\n\n

En Indonesia<\/a> y Camboya<\/a>, se han llevado a cabo proyectos geot\u00e9rmicos y e\u00f3licos sin CLPI, con informes de detenciones arbitrarias y violencia f\u00edsica. Incluso los parques solares y la miner\u00eda mineral de transici\u00f3n en Filipinas e India se han relacionado con desplazamientos forzosos e intimidaci\u00f3n. <\/p>\n\n

En todos estos pa\u00edses, el patr\u00f3n es el mismo: asesinatos, cargos penales inventados, denegaci\u00f3n del CLPI, detenciones arbitrarias, desplazamientos forzosos, acoso e intimidaci\u00f3n.<\/strong> Los defensores ind\u00edgenas -hombres, mujeres e incluso l\u00edderes LGBTQIA+- est\u00e1n en el punto de mira precisamente porque ejercen sus derechos a proteger sus tierras, territorios y recursos. Algunas de las causas abiertas contra los defensores son tenencia il\u00edcita de armas de fuego y explosivos, perjurio, intento de homicidio, intento de linchamiento colectivo e intento de asesinato. La mayor\u00eda de ellos son delitos graves que, en caso de condena, conllevan penas de prisi\u00f3n de por vida. <\/p>\n\n

Violando derechos, ignorando responsabilidades<\/strong><\/p>\n\n

Estos abusos no son s\u00f3lo ultrajes morales, sino tambi\u00e9n claras violaciones del derecho internacional.<\/strong> Tanto los Estados como las empresas tienen responsabilidades definidas.<\/p>\n\n

Seg\u00fan los Principios Rectores de la ONU sobre las Empresas y los Derechos Humanos (UNGP)<\/strong>,<\/a> los Estados tienen el deber de proteger los derechos humanos, mientras que las empresas tienen la responsabilidad de respetarlos, incluidos los derechos de los Pueblos Ind\u00edgenas a sus tierras y al CLPI. Esto significa que los gobiernos no pueden esconderse tras la ret\u00f3rica del desarrollo mientras militarizan los territorios ind\u00edgenas o criminalizan a los defensores. Tambi\u00e9n significa que las empresas y los inversores no pueden afirmar que promueven la energ\u00eda limpia mientras hacen la vista gorda ante la violencia, el desplazamiento y la represi\u00f3n vinculados a sus proyectos. <\/p>\n\n

Los UNGP afirman adem\u00e1s que las empresas deben llevar a cabo la diligencia debida en materia de derechos humanos, no<\/strong>como un ejercicio de marcar casillas, sino como un aut\u00e9ntico compromiso para prevenir, mitigar y remediar los da\u00f1os. Sin embargo, los casos documentados por el IPRI muestran c\u00f3mo se ignoran sistem\u00e1ticamente estas obligaciones. Desde los bancos surcoreanos que financian violentos proyectos de presas en Filipinas, hasta las empresas estatales de India que impulsan megarepresas sin consentimiento, el incumplimiento de los derechos ind\u00edgenas es sist\u00e9mico. <\/p>\n\n

El informe 2023 del Secretario General de la ONU sobre la Transici\u00f3n Justa<\/strong> hizo hincapi\u00e9 en que el proceso debe estar centrado en las personas y anclado en los derechos humanos. Es importante destacar que el informe reconoc\u00eda que los pueblos ind\u00edgenas, como administradores de la biodiversidad y los territorios, deben participar en la configuraci\u00f3n de la transici\u00f3n, no ser v\u00edctimas de sus excesos. Sin embargo, en la pr\u00e1ctica, las voces ind\u00edgenas siguen excluidas, sus derechos marginados y sus defensores en el punto de mira. <\/p>\n\n

Lo que est\u00e1 ocurriendo en toda Asia no es una transici\u00f3n justa. Es una transici\u00f3n injusta que sacrifica a los pueblos ind\u00edgenas en aras de megavatios y minerales. Es una transici\u00f3n que asegura beneficios a las empresas y a los gobiernos mientras socava la supervivencia de las comunidades que han salvaguardado los r\u00edos, los bosques y la biodiversidad durante generaciones. <\/p>\n\n

La denegaci\u00f3n del CLPI est\u00e1 en el centro de estas violaciones. En al menos quince de los casos documentados, los proyectos se impusieron sin el consentimiento genuino de las comunidades afectadas. El CLPI no es un obst\u00e1culo burocr\u00e1tico, sino un derecho fundamental consagrado en la Declaraci\u00f3n de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Ind\u00edgenas (<\/strong>DNUDPI<\/strong><\/a>)<\/strong>. Garantiza que el desarrollo no se imponga por la fuerza, sino que se decida mediante el di\u00e1logo, el respeto y la autodeterminaci\u00f3n. Cuando se deniega el CLPI, se producen violaciones: asesinatos, desplazamientos, destrucci\u00f3n cultural y p\u00e9rdida de medios de subsistencia. <\/p>\n\n

La transici\u00f3n justa no puede reducirse a un cambio tecnol\u00f3gico de los combustibles f\u00f3siles a las energ\u00edas renovables. Debe ser un cambio de poder: de la<\/strong>imposici\u00f3n de arriba abajo a la participaci\u00f3n de abajo arriba. Esto significa: <\/p>\n\n