Este informe se elabora en el marco de la investigaci\u00f3n impulsada por Indigenous Peoples Rights International (IPRI) sobre detenci\u00f3n y encarcelamiento de personas ind\u00edgenas por ejercer y defender sus derechos, especialmente los vinculados con la libre determinaci\u00f3n y el territorio. A partir de tres estudios de caso en M\u00e9xico, el documento muestra c\u00f3mo el sistema penal se usa como herramienta de control, castigo e inhibici\u00f3n de la defensa del territorio contra comunidades que resisten al despojo y la violencia estructural.
El primer caso es el de Juana In\u00e9s Ram\u00edrez Villegas, mujer ayuujk (mixe) del Istmo de Tehuantepec e integrante de UCIZONI, criminalizada junto a otra decena de personas por el delito de ataques a las v\u00edas generales de comunicaci\u00f3n tras las protestas del campamento \u201cTierra y Libertad\u201d contra el Corredor Interoce\u00e1nico. En su proceso penal destaca la presi\u00f3n para aceptar un acuerdo reparatorio condicionado a no volver a bloquear las v\u00edas, es decir, protestar contra el megaproyecto que violenta sus derechos colectivos y el medio ambiente.
El segundo caso, de Miguel \u00c1ngel Peralta Betanzos, muestra la persecuci\u00f3n de un defensor mazateco que denunci\u00f3 el cacicazgo local y la explotaci\u00f3n ilegal del r\u00edo Xang\u00e1 Nd\u00e1 Ge, y que hoy enfrenta una sentencia de 50 a\u00f1os y una d\u00e9cada de criminalizaci\u00f3n contra su comunidad. Su historia revela c\u00f3mo se combinan la detenci\u00f3n arbitraria, la tortura y la fabricaci\u00f3n de testimonios con el acoso judicial. Muestra, adem\u00e1s, el racismo judicial que existe al no considerar el contexto comunitario como un aspecto relevante de la persecuci\u00f3n penal.
En el tercer caso, Joel S\u00e1nchez Cruz, rar\u00e1muri de Uruachi, Chihuahua, sobreviviente de desplazamiento y reclutamiento forzado, es hoy presentado como secuestrador por el mismo Estado que no lo protegi\u00f3, in a \u00e9l ni a su comunidad, frente al crimen organizado y se ha visto sometido a tortura, prisi\u00f3n preventiva prolongada y dos sentencias de 50 a\u00f1os.
En conjunto, los casos evidencian patrones compartidos: detenci\u00f3n arbitraria, tortura, fabricaci\u00f3n de pruebas, ausencia de debida diligencia, racismo estructural y la negaci\u00f3n sistem\u00e1tica de los derechos colectivos de los pueblos ind\u00edgenas en el marco del sistema de justicia penal.<\/p>\n\n