El IPRI se cre\u00f3 para responder al aumento de la violencia y la criminalizaci\u00f3n infligidas a los pueblos ind\u00edgenas de todo el mundo. Estas violaciones de los derechos humanos afectan a los pueblos ind\u00edgenas, individual y colectivamente, ya que sus derechos colectivos como pueblos y comunidades tambi\u00e9n se ven a menudo (a veces simult\u00e1neamente) implicados o afectados negativamente. El aumento de la violencia y la criminalizaci\u00f3n suele ser una respuesta a las acciones leg\u00edtimas emprendidas por los pueblos ind\u00edgenas y sus comunidades para defender sus derechos, derechos universalmente reconocidos por la comunidad internacional, entre otros, en la Declaraci\u00f3n de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Ind\u00edgenas de 2007. <\/p>\n
Cuando las comunidades ind\u00edgenas se comprometen en la defensa de sus derechos humanos fundamentales, son sometidas regularmente a homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados y acusaciones infundadas que llevan a l\u00edderes ind\u00edgenas a la c\u00e1rcel. Estas violaciones se llevan a cabo en un entorno que concede plena impunidad a los autores, una situaci\u00f3n que se ve agravada por el limitado acceso de los pueblos ind\u00edgenas a los mecanismos de justicia. Para responder a esta situaci\u00f3n profundamente preocupante, el IPRI ha trabajado para aumentar la sensibilizaci\u00f3n y la defensa, los programas de capacitaci\u00f3n y las campa\u00f1as que ponen de relieve ante la comunidad internacional la necesidad de apoyar las iniciativas de los pueblos ind\u00edgenas para denunciar las injusticias y protegerse, individual y colectivamente. El IPRI tambi\u00e9n ha creado un fondo legal y de santuario que proporciona apoyo individual y colectivo a las v\u00edctimas ind\u00edgenas de la violencia y la criminalizaci\u00f3n. <\/p>\n
El IPRI trabaja actualmente en seis pa\u00edses piloto, todos ellos con altos \u00edndices de violencia y criminalizaci\u00f3n contra los pueblos ind\u00edgenas, todo ello en un contexto de impunidad generalizada. Se trata de Filipinas y la India, en Asia; la Rep\u00fablica Democr\u00e1tica del Congo, en \u00c1frica; y Brasil, Colombia y M\u00e9xico, en Am\u00e9rica Latina. El IPRI ha llevado a cabo investigaciones y ha establecido alianzas con organizaciones, l\u00edderes ind\u00edgenas y otros actores relevantes en cada pa\u00eds para comprender las condiciones locales y las tendencias de la impunidad, la violencia y la criminalizaci\u00f3n. En cada pa\u00eds, el IPRI tambi\u00e9n apoya las acciones e iniciativas locales para la prevenci\u00f3n y el aumento de la protecci\u00f3n. El IPRI se enorgullece de presentar este informe elaborado por el equipo del IPRI-Colombia. <\/p>\n
El informe analiza las relaciones entre los pueblos ind\u00edgenas y el Estado. Estas relaciones se caracterizan por la dominaci\u00f3n y el uso arbitrario del poder en tres formas diferentes: la asimilaci\u00f3n cultural a trav\u00e9s de normas en la legislaci\u00f3n estatal, la represi\u00f3n y la eliminaci\u00f3n f\u00edsica y cultural. En cada caso, el Estado se dirige a determinadas formas de vida en funci\u00f3n del modo de producci\u00f3n capitalista. En este caso, se considera que las comunidades ind\u00edgenas son un desaf\u00edo central para la acumulaci\u00f3n de beneficios en la medida en que participan en formas de vida organizadas colectivamente que demuestran que son posibles formas alternativas de habitar el planeta. Concretamente, el informe destaca las formas en que la criminalizaci\u00f3n responde a tres patrones distintivos de abuso de poder que implican el discurso, la regulaci\u00f3n y la fuerza bruta, respectivamente. De este modo, sit\u00faa la criminalizaci\u00f3n, la impunidad y otras formas de violencia dentro de una compleja red de actores, redes y relaciones que contribuyen a la empresa estatal de eliminar formas de vida organizadas colectivamente. <\/p>\n
Este informe es el resultado de un trabajo colectivo en Colombia, que refleja la misi\u00f3n y la visi\u00f3n del IPRI para Am\u00e9rica Latina. Fue elaborado con la participaci\u00f3n de defensores de los derechos humanos de las comunidades ind\u00edgenas y v\u00edctimas de la criminalizaci\u00f3n en los Departamentos de Cauca, Nari\u00f1o, Guajira, Cesar, Caldas y Choc\u00f3. El informe fue organizado por Leonor Zalabata Torres, Francisco Hernando Vanegas Toro, Mar\u00eda Elvira Guerra C\u00fajar, Edith Bastidas y Sonia Catalina Fracica. El informe fue traducido por Igor A. Rodr\u00edguez. <\/p>\n\n