{"id":85684,"date":"2026-04-09T18:15:52","date_gmt":"2026-04-09T18:15:52","guid":{"rendered":"https:\/\/iprights.org\/2026\/04\/09\/paraguay-castigo-a-los-ayoreo-por-defender-sus-bosques-en-medio-de-la-crisis-climatica\/"},"modified":"2026-04-17T00:33:44","modified_gmt":"2026-04-17T00:33:44","slug":"paraguay-castigo-a-los-ayoreo-por-defender-sus-bosques-en-medio-de-la-crisis-climatica","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/iprights.org\/es\/2026\/04\/09\/paraguay-castigo-a-los-ayoreo-por-defender-sus-bosques-en-medio-de-la-crisis-climatica\/","title":{"rendered":"Paraguay: castigo a los ayoreo por defender sus bosques en medio de la crisis clim\u00e1tica"},"content":{"rendered":"<p style=\"font-weight: 400;\">En el norte del Chaco paraguayo, tres l\u00edderes ayoreo enfrentan cargos penales tras ser acusados por la Secretar\u00eda de Emergencia Nacional (SEN) en el contexto de la injusta e insuficiente respuesta estatal ante una sequ\u00eda e incendios forestales que afectaron gravemente a su comunidad. El caso ocurre en un territorio donde habitan grupos ayoreo en aislamiento voluntario; el bosque retrocede aceleradamente y las comunidades resisten la deforestaci\u00f3n. \u00bfC\u00f3mo termin\u00f3 un episodio de crisis ambiental en un expediente judicial contra ayoreo defensores de sus bosques?  <\/p>\n<p><strong>Derechos reconocidos, realidades negadas<\/strong><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">En Paraguay viven m\u00e1s de 140.000 ind\u00edgenas pertenecientes a diecinueve Pueblos Ind\u00edgenas. Aunque el Estado reconoce formalmente algunos de sus derechos territoriales y culturales, en los territorios se dan situaciones graves de falta de agua, alimentos y servicios b\u00e1sicos. Para muchas comunidades, la presencia estatal se manifiesta m\u00e1s a trav\u00e9s del control y la criminalizaci\u00f3n que mediante pol\u00edticas de protecci\u00f3n efectivas. Esta situaci\u00f3n se refleja con claridad en la Comunidad ayoreo 2 de Enero, ubicada en Filadelfia, en el norte del Chaco paraguayo.   <\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">El pueblo ayoreo hist\u00f3ricamente habit\u00f3 un territorio de m\u00e1s de 30 millones de hect\u00e1reas, ubicado entre Paraguay y Bolivia. Sin embargo, ese territorio ha sido en gran parte privatizado, cercado y deforestado. Actualmente, las comunidades cuentan con espacios cada vez m\u00e1s reducidos para su subsistencia, mientras el avance de la frontera extractiva contin\u00faa amenazando su territorio ancestral.  <\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Cabe destacar que en este territorio a\u00fan viven grupos ayoreo en aislamiento voluntario, cuya supervivencia depende directamente de la existencia y continuidad del bosque chaque\u00f1o. Al mismo tiempo, el Chaco paraguayo atraviesa uno de los procesos de deforestaci\u00f3n m\u00e1s acelerados del mundo, impulsado por la ganader\u00eda extensiva, los monocultivos, la miner\u00eda y grandes proyectos de infraestructura, como el Corredor Bioce\u00e1nico, para conectar el oc\u00e9ano Atl\u00e1ntico con el Pac\u00edfico que atraviesa el territorio del norte del Chaco paraguayo y otros pa\u00edses del sur, como Brasil, Argentina y Chile. <\/p>\n<p><strong>De la emergencia clim\u00e1tica al proceso penal<\/strong><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">En agosto de 2024, la comunidad ayoreo 2 de Enero sufri\u00f3 una <a href=\"https:\/\/www.abc.com.py\/tv\/abc-noticias\/2024\/08\/15\/sequia-en-el-chaco-vivir-o-sobrevivirindigenas-caminan-kilometros-para-conseguir-agua\/\">sequ\u00eda extrema<\/a> e <a href=\"https:\/\/www.iniciativa-amotocodie.org\/2024\/09\/19\/analisis-de-los-incendios-en-chovoreca-septiembre-2024\/\">incendios forestales<\/a>. La Secretar\u00eda de Emergencia Nacional (SEN), entidad estatal encargada de proveer ayuda humanitaria ante este tipo de emergencias clim\u00e1ticas, lleg\u00f3 a la comunidad con una ayuda alimentaria insuficiente, basada en un censo desactualizado que no reflejaba el n\u00famero real de familias afectadas. Ante esta situaci\u00f3n, los l\u00edderes comunitarios ind\u00edgenas ayoreos exigieron que los alimentos se distribuyeran de forma equitativa y suficiente.  <\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">La tensi\u00f3n aument\u00f3 cuando un funcionario tom\u00f3 fotograf\u00edas sin consentimiento y la comunidad pidi\u00f3 que los trabajadores estatales se retiraran del territorio. Poco despu\u00e9s, funcionarios de la SEN presentaron una denuncia penal por coacci\u00f3n grave, da\u00f1o y perturbaci\u00f3n de la paz p\u00fablica contra tres l\u00edderes ayoreo: Jorge Ajihi Chiqueno Pasoraja, Bernardo Chiqueno Pasoroja y Utocadi \u00c1ngel Chiqueno. <\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">La causa fue inicialmente archivada. Pero se reactiv\u00f3 en 2025 en el contexto de la defensa territorial de varias comunidades ayoreo que exig\u00edan que los terratenientes detuvieran la deforestaci\u00f3n que amenaza el bosque chaque\u00f1o y pone en riesgo tanto a las comunidades asentadas como a los grupos ayoreo en aislamiento voluntario. Los l\u00edderes hoy criminalizados han sido una parte destacada de la defensa del bosque, pues fueron firmantes de acciones legales contra la deforestaci\u00f3n en la zona de Faro Moro, proceso que actualmente se encuentra ante la Corte Suprema de Justicia.  <\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">El caso ha atravesado m\u00faltiples etapas marcadas por irregularidades. Adem\u00e1s de la falta de sentido de las acusaciones, hubo un intento de tomar declaraciones sin un int\u00e9rprete calificado. La audiencia preliminar prevista en febrero de 2026 fue suspendida, quedando pendiente una nueva audiencia para abril de 2026.  <\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Actualmente, los l\u00edderes ind\u00edgenas acusados se encuentran bajo medidas sustitutivas de prisi\u00f3n. Desde 2024, deben presentarse a firmar ante el juzgado cada dos meses. Todo el proceso los obliga a realizar largos y costosos recorridos desde sus comunidades para poder asistir a las audiencias.  <\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">En cuanto a las posibles penas, enfrentan cargos por coacci\u00f3n grave, con penas de hasta 3 a\u00f1os de prisi\u00f3n; por da\u00f1o a cosa de inter\u00e9s com\u00fan, tambi\u00e9n con penas de hasta 3 a\u00f1os; y por perturbaci\u00f3n de la paz p\u00fablica, que puede acarrear hasta 10 a\u00f1os de condena.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Este proceso ha tenido profundas consecuencias psicol\u00f3gicas, f\u00edsicas y econ\u00f3micas, a menudo invisibilizadas, tanto a nivel individual como en las familias de los l\u00edderes criminalizados y en la comunidad. No solo afecta a los l\u00edderes directamente criminalizados, sino que tambi\u00e9n env\u00eda un mensaje amenazante a otras comunidades ind\u00edgenas que est\u00e1n exigiendo sus derechos, incluido el derecho a la consulta previa, libre e informada frente a proyectos como el corredor bioce\u00e1nico, el puente internacional en la zona de Carmelo Peralta, y el avance de actividades extractivas en sus territorios. <\/p>\n<p><strong>El papel del Fondo de Defensa Legal y Refugio<\/strong><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">As\u00ed, la criminalizaci\u00f3n forma parte de una estrategia que busca debilitar los liderazgos y la organizaci\u00f3n comunitaria en territorios donde avanzan poderosos intereses extractivos vinculados a sectores ganaderos con fuerte influencia pol\u00edtica, agrupados en espacios como la Asociaci\u00f3n Rural del Paraguay y otros actores. En este caso, env\u00eda un mensaje claro a las comunidades ind\u00edgenas de que defender el bosque y la vida puede convertirse en un riesgo personal, lo que las deja m\u00e1s expuestas a represalias, amenazas o nuevas causas penales. Mientras tanto, quienes se benefician de la deforestaci\u00f3n y del despojo siguen actuando con impunidad.  <\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Este caso lleg\u00f3 al Fondo de Defensa Legal y Refugio de IPRI, un mecanismo que proporciona apoyo legal y de emergencia a defensores y comunidades ind\u00edgenas que enfrentan amenazas por criminalizaci\u00f3n, detenci\u00f3n ilegal, desalojo forzado o violencia en raz\u00f3n de sus labores de defensa y ejercicio de sus derechos humanos.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">En el caso de la Comunidad ayoreo 2 de Enero, el apoyo del Fondo se orienta a que los l\u00edderes criminalizados cuenten con defensa t\u00e9cnica especializada y con los recursos fundamentales para sostener el proceso penal con mayores garant\u00edas. Contribuye a cubrir costos legales y log\u00edsticos que, de otra manera, ser\u00edan una barrera para continuar la defensa del territorio y enfrentar el proceso judicial. <\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Con el acompa\u00f1amiento se busca tambi\u00e9n proteger los liderazgos comunitarios y, por ende, la organizaci\u00f3n comunitaria, evitando que la criminalizaci\u00f3n limite su capacidad para exigir justicia y defender sus derechos colectivos.<\/p>\n<p><strong>Lo que este caso revela sobre el Estado y el sistema de justicia<\/strong><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">La historia de la Comunidad ayoreo 2 de Enero revela una contradicci\u00f3n profunda: cuando se trata de garantizar agua, alimentos o protecci\u00f3n frente a la crisis clim\u00e1tica, el Estado aparece d\u00e9bil o ausente. Pero cuando las comunidades cuestionan la deforestaci\u00f3n, defienden la vida o exigen respuestas dignas, el aparato estatal responde con fuerza mediante el sistema penal. <\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Este caso muestra una justicia que act\u00faa con mayor severidad contra quienes defienden derechos que contra quienes destruyen el bosque. Y revela un Estado que, pese a reconocer derechos ind\u00edgenas en su marco legal, a\u00fan no logra garantizarlos plenamente en la pr\u00e1ctica. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>En el norte del Chaco paraguayo, tres l\u00edderes ayoreo enfrentan cargos penales tras ser acusados por la Secretar\u00eda de Emergencia Nacional (SEN) en el contexto de la injusta e insuficiente respuesta estatal ante una sequ\u00eda e incendios forestales..<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":85683,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[262,278],"tags":[290],"class_list":["post-85684","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-legal-and-sanctuary-fund","category-noticias-y-reportajes","tag-ldsf"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/iprights.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/85684","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/iprights.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/iprights.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/iprights.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/iprights.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=85684"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/iprights.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/85684\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":85851,"href":"https:\/\/iprights.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/85684\/revisions\/85851"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/iprights.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/85683"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/iprights.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=85684"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/iprights.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=85684"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/iprights.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=85684"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}