La Internacional por los Derechos de los Pueblos Ind\u00edgenas (IPRI), organizaci\u00f3n ind\u00edgena internacional creada para hacer frente a la criminalizaci\u00f3n y fortalecer los derechos de los Pueblos Ind\u00edgenas, condena en\u00e9rgicamente el uso excesivo de la fuerza por parte del Estado ecuatoriano contra las manifestaciones convocadas por la Confederaci\u00f3n de Nacionalidades Ind\u00edgenas del Ecuador (CONAIE), que han causado al menos tres muertes, decenas de detenciones y un n\u00famero indeterminado de heridos. Tambi\u00e9n expresa su profunda preocupaci\u00f3n por las recientes iniciativas y pol\u00edticas estatales que menoscaban los derechos colectivos de los Pueblos y Nacionalidades Ind\u00edgenas. <\/p>\n\n
Las movilizaciones que comenzaron el 18 de septiembre y concluyeron el 22 de octubre se originaron en respuesta al aumento de casi el 60% del precio del gas\u00f3leo, medida que ha agravado el coste de la vida y afectado especialmente a las comunidades ind\u00edgenas dedicadas a la producci\u00f3n agr\u00edcola. Sin embargo, las protestas tambi\u00e9n expresan un rechazo m\u00e1s amplio a los proyectos petroleros y mineros en zonas lim\u00edtrofes con territorios ind\u00edgenas -incluidos los de los Pueblos Ind\u00edgenas en Aislamiento Voluntario (IPVI)- y a una serie de iniciativas legislativas y proyectos que amenazan los derechos territoriales y medioambientales, as\u00ed como la autodeterminaci\u00f3n de los Pueblos Ind\u00edgenas. Entre ellas destaca la Ley Org\u00e1nica para el Fortalecimiento de las \u00c1reas Protegidas, aprobada sin el consentimiento libre, previo e informado de los Pueblos y Nacionalidades. <\/p>\n\n
La aprobaci\u00f3n de esta ley viola especialmente los Art\u00edculos 19, 29 y 30 de la Declaraci\u00f3n de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Ind\u00edgenas (DNUDPI) y varios art\u00edculos de la Constituci\u00f3n ecuatoriana, al afectar al derecho a la propiedad y gesti\u00f3n colectiva de los territorios, a la autonom\u00eda y a la autodeterminaci\u00f3n, adem\u00e1s de permitir la militarizaci\u00f3n de la conservaci\u00f3n del medio ambiente. Por estos motivos, el 8 de octubre de 2025, ocho mandatos de la ONU enviaron una comunicaci\u00f3n formal al Estado ecuatoriano<\/a> expresando su preocupaci\u00f3n por las implicaciones de la ley y sus efectos sobre los derechos de los Pueblos Ind\u00edgenas. <\/p>\n\n La respuesta del Estado a las protestas ha sido desproporcionada y violatoria de los derechos fundamentales. Ha habido incursiones militares en comunidades ind\u00edgenas, uso de gases lacrim\u00f3genos contra personas y viviendas, uso de armas de fuego, detenciones arbitrarias, acciones judiciales por terrorismo, suspensi\u00f3n de medios de comunicaci\u00f3n ind\u00edgenas y campesinos, y persecuci\u00f3n judicial y financiera contra dirigentes de la CONAIE y organizaciones aliadas, como la Fundaci\u00f3n Pachamama y Yasunidos. Esta represi\u00f3n ha provocado la muerte de los comuneros Jos\u00e9 Guam\u00e1n, Efra\u00edn Fuerez y Rosa Paqui, adem\u00e1s de decenas de heridos y detenidos injustamente acusados de terrorismo. <\/p>\n\n