15 de abril de 2024. Con el fin de reflexionar y compartir c\u00f3mo las directrices actualizadas de la OCDE sobre empresas y derechos humanos pueden servir a los pueblos ind\u00edgenas, defensores y activistas ind\u00edgenas organizaron un evento paralelo durante la 23\u00aa sesi\u00f3n del UNPFII en Nueva York. Joan Carling, directora ejecutiva de IPRI, comenz\u00f3 presentando el contexto de las directrices as\u00ed como el proceso de revisi\u00f3n. Subray\u00f3 que estas directrices son importantes porque, aunque no son vinculantes, s\u00ed establecen normas de funcionamiento para las empresas. Se trata de empresas mineras, energ\u00e9ticas, agroindustriales y una amplia gama de otras compa\u00f1\u00edas que impactan a los pueblos ind\u00edgenas a trav\u00e9s del despojo de tierras, la contaminaci\u00f3n, as\u00ed como los ataques y asesinatos de defensores de derechos humanos. Carling se\u00f1al\u00f3 que el proceso de revisi\u00f3n de las directrices implic\u00f3 discusiones con representantes ind\u00edgenas de distintas partes del mundo, con el objetivo de incluir expl\u00edcitamente el reconocimiento, respeto y protecci\u00f3n de los derechos de los pueblos ind\u00edgenas, as\u00ed como, al menos, la implementaci\u00f3n del consentimiento libre, previo e informado (FPIC). La OCDE s\u00ed incluy\u00f3 referencias expl\u00edcitas, y ahora ser\u00e1 necesario desarrollar el proceso de implementaci\u00f3n. Para ello, indic\u00f3 que ser\u00e1n necesarias normas claras y una gu\u00eda. Christine Kaufmann, presidenta del grupo de trabajo de la OCDE sobre conducta empresarial responsable, se\u00f1al\u00f3 que las directrices abarcan numerosos \u00e1mbitos y centran sus esfuerzos donde las empresas tienen mayor impacto. Esta revisi\u00f3n, indic\u00f3, fue un proceso muy abierto, orientado a generar impacto frente a desaf\u00edos clave como el cambio clim\u00e1tico y la biodiversidad, la transici\u00f3n digital y el elevado n\u00famero de conflictos en el mundo. Eirik Larsen, jefe del departamento de derechos humanos del Consejo Sami, destac\u00f3 la necesidad de conocer mejor las directrices, ya que pueden representar nuevas oportunidades, especialmente en lo relativo al FPIC. El pueblo sami, explic\u00f3, est\u00e1 acostumbrado a interactuar con los gobiernos y necesita interactuar m\u00e1s con las empresas. Tambi\u00e9n se\u00f1al\u00f3 otra posibilidad de acci\u00f3n: el caso de las empresas n\u00f3rdicas y sus actividades en el extranjero. En Filipinas, comparti\u00f3 Joan Carling, un proyecto minero fue impuesto sin consentimiento libre, previo e informado. Los pueblos ind\u00edgenas acudieron a los inversionistas (con sede en Noruega) y presentaron pruebas de la falta de FPIC. Los fondos fueron retirados y la empresa tuvo que detener el proyecto. Hannah Greep, responsable de pol\u00edticas e incidencia en OECD Watch, se\u00f1al\u00f3 que las directrices ahora contienen est\u00e1ndares m\u00e1s s\u00f3lidos en \u00e1reas que antes no estaban incluidas, como el FPIC y la participaci\u00f3n significativa, la detenci\u00f3n de represalias y la protecci\u00f3n de los defensores de derechos humanos, as\u00ed como el cambio clim\u00e1tico. Indic\u00f3 que se debe presentar una queja contra la empresa que no cumpla con las directrices; en algunos casos, esto puede dar lugar a recomendaciones, compensaciones o cambios en las pol\u00edticas. Recomend\u00f3 utilizar las directrices en combinaci\u00f3n con otros instrumentos para una interpretaci\u00f3n m\u00e1s s\u00f3lida. Por su parte, Prabindra Shakya, fundador y director de Community Empowerment and Social Justice Network (CEMSOJ), advirti\u00f3 que espera un mayor apoyo para la presentaci\u00f3n de denuncias. Tambi\u00e9n se\u00f1al\u00f3 la necesidad de normas m\u00e1s vinculantes, mayor claridad sobre el FPIC, as\u00ed como responsabilidad penal en caso de ataques contra defensores. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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