{"id":87109,"date":"2021-08-10T05:53:07","date_gmt":"2021-08-10T05:53:07","guid":{"rendered":"https:\/\/iprights.org\/2021\/08\/10\/informe-de-criminalizacion-de-ipri-2021-filipinas-2\/"},"modified":"2021-08-10T05:53:07","modified_gmt":"2021-08-10T05:53:07","slug":"informe-de-criminalizacion-de-ipri-2021-filipinas-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/iprights.org\/es\/2021\/08\/10\/informe-de-criminalizacion-de-ipri-2021-filipinas-2\/","title":{"rendered":"Informe de Criminalizaci\u00f3n de IPRI 2021: Filipinas"},"content":{"rendered":"\n

\"philippinesRepresentantes ind\u00edgenas y sus abogados presentan una petici\u00f3n ante la Corte Suprema para anular la Ley Antiterrorista de 2020. (Foto: Tony La Vi\u00f1a) <\/span><\/em><\/p>\n

Filipinas presenta la respuesta gubernamental m\u00e1s deficiente a la pandemia en la regi\u00f3n del Sudeste Asi\u00e1tico. 1<\/a> El enfoque militarista del presidente Rodrigo Duterte no ha hecho m\u00e1s que restringir a\u00fan m\u00e1s el ya limitado espacio democr\u00e1tico, en lugar de frenar la propagaci\u00f3n de la COVID-19. 2<\/a><\/p>\n

En junio de 2020, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) emiti\u00f3 una resoluci\u00f3n que destac\u00f3 el agravamiento de las violaciones a los derechos humanos en el pa\u00eds, \u201cmarcado por un enfoque general centrado en el orden p\u00fablico y la seguridad nacional, incluyendo la lucha contra el terrorismo y las drogas ilegales\u201d. 3 <\/a>El estricto confinamiento por la COVID-19, de abril a julio, result\u00f3 en un aumento del 50 % en los asesinatos relacionados con la \u201cguerra contra las drogas\u201d. 4<\/a> En consecuencia, las leyes existentes para abordar el terrorismo y las medidas implementadas por la COVID-19 provocaron mayores violaciones a los derechos humanos, falta de rendici\u00f3n de cuentas y desprecio por el Estado de derecho.<\/p>\n

La Ley de la Rep\u00fablica 11479, o Ley Antiterrorista de 2020, fue aprobada r\u00e1pidamente y entr\u00f3 en vigor en julio, a pesar de la fuerte oposici\u00f3n de los Defensores de Derechos Humanos de los Pueblos Ind\u00edgenas (IPHRDs) y de activistas de derechos humanos, incluida la Comisi\u00f3n de Derechos Humanos de Filipinas. 5<\/a> La vaguedad y la amplitud excesiva de la ley parecen enterrar sistem\u00e1ticamente la disidencia bajo el pretexto del terrorismo, lo que socava los derechos protegidos constitucionalmente. 6<\/a><\/p>\n

Un total de 37 peticiones fueron presentadas ante la Corte Suprema solicitando que la ley sea declarada inconstitucional y, por lo tanto, sin efecto. Los argumentos orales se encuentran actualmente en curso. 7<\/a> <\/p>\n

El \u201cred tagging\u201d ha sido una pr\u00e1ctica cl\u00e1sica y com\u00fan de las fuerzas militares y policiales para silenciar a activistas y a defensores de derechos humanos de los pueblos ind\u00edgenas (IPHRDs). Esta pr\u00e1ctica ya exist\u00eda antes de la administraci\u00f3n de Duterte, pero su llamado abierto a utilizar la violencia contra cualquier persona se\u00f1alada como simpatizante o miembro del Partido Comunista de Filipinas\u2013Nuevo Ej\u00e9rcito del Pueblo (CPP-NPA) increment\u00f3 la vulnerabilidad de las personas a ser asesinadas, arrestadas y\/o procesadas legalmente. <\/p>\n

El \u201cred tagging\u201d comienza con la difamaci\u00f3n y la estigmatizaci\u00f3n de activistas, deslegitimando su labor como defensores de derechos humanos. Muchas organizaciones progresistas de pueblos ind\u00edgenas tambi\u00e9n son se\u00f1aladas como miembros o simpatizantes del CPP-NPA. Incluso centros educativos ind\u00edgenas, particularmente las escuelas Lumad que atienden a cientos de j\u00f3venes ind\u00edgenas, son acusados de entrenar a sus estudiantes para ser terroristas. Estas acusaciones infundadas se difunden r\u00e1pidamente a trav\u00e9s de redes sociales, especialmente Facebook, aunque tambi\u00e9n se colocan pancartas y se distribuyen folletos con ataques agresivos contra individuos en espacios p\u00fablicos. En muchas ocasiones, generalmente sin una verificaci\u00f3n adecuada ni fundamento, el \u201cred tagging\u201d escala hasta la emisi\u00f3n de \u00f3rdenes de arresto. Con frecuencia, los arrestos terminan en asesinatos, con la narrativa de \u201cnanlaban\u201d \u2014afirmaciones de la Polic\u00eda Nacional de Filipinas (PNP) y otros agentes de seguridad del Estado de que los \u201ccriminales se resistieron al arresto\u201d\u2014 utilizada ampliamente para justificar la muerte de personas inocentes contra quienes se hab\u00edan emitido \u00f3rdenes de captura. 8<\/a> En algunos casos, el simple hecho de ser objeto de \u201cred tagging\u201d es suficiente para que se cometa una ejecuci\u00f3n extrajudicial. <\/p>\n

En 2020, se registraron 92 incidentes de \u201cred tagging\u201d contra defensores de derechos humanos de pueblos ind\u00edgenas (IPRHDs) y miembros de comunidades ind\u00edgenas, as\u00ed como contra 28 organizaciones ind\u00edgenas \u201460 en total, incluyendo organizaciones de apoyo\u2014 y siete escuelas Lumad. Estos 92 incidentes no incluyen a m\u00e1s de 200 personas no documentadas y sin identificar que tambi\u00e9n fueron reportadas como v\u00edctimas de \u201cred tagging\u201d. 9<\/a> Un total de 178 instalaciones de escuelas Lumad fueron cerradas. El \u201cred tagging\u201d ha derivado en 33 detenciones y 14 asesinatos. <\/p>\n

Otra estrategia estatal utilizada para hostigar y justificar el arresto de personas inocentes es la \u201crendici\u00f3n falsa\u201d, que se refiere a supuestos miembros del CPP-NPA que presuntamente se entregan a la polic\u00eda o al ej\u00e9rcito, a menudo en zonas remotas. Se inform\u00f3 que m\u00e1s de 200 integrantes de grupos ind\u00edgenas en el pa\u00eds fueron v\u00edctimas de este \u201cprograma de rendici\u00f3n falsa\u201d en 2020, aunque estos datos a\u00fan requieren mayor verificaci\u00f3n. 10<\/a> Este programa, junto con el \u201cred tagging\u201d, ha sido duramente criticado por sus posibles v\u00ednculos con la corrupci\u00f3n, ya que el gobierno ofrece una \u2018recompensa\u2019 que va de 65,000 a 140,000 pesos filipinos (PHP), es decir, aproximadamente entre 1,300 y 2,800 d\u00f3lares estadounidenses (USD), por cada excombatiente. 11<\/a> <\/p>\n

Estos ataques contra los pueblos ind\u00edgenas y la intensificaci\u00f3n de la militarizaci\u00f3n de sus comunidades est\u00e1n claramente vinculados a los proyectos de desarrollo agresivo en territorios ind\u00edgenas y al programa Build, Build, Build (BBB) de Duterte, enfocado en proyectos de infraestructura destinados a impulsar el crecimiento econ\u00f3mico del pa\u00eds. 12 <\/a>Entre los proyectos clave se encuentra New Clark City, que abarca 9,450 hect\u00e1reas y que podr\u00eda desplazar a alrededor de 18,000 personas ind\u00edgenas de los pueblos Aeta y Magantsi. 13 <\/a>Los l\u00edderes ind\u00edgenas que exigen detener la invasi\u00f3n de sus tierras ancestrales han estado recibiendo amenazas de hombres armados.<\/p>\n

\"philippinesJepoy Garung, uno de los aetas torturados que enfrenta cargos fabricados, es presentado en una conferencia de prensa organizada por NTF-ELCAC. (Foto: UMAHON-CL) <\/em><\/span><\/p>\n

DOS IND\u00cdGENAS AETA SON LAS PRIMERAS V\u00cdCTIMAS DE LA LEY ANTITERRORISTA DE 2020<\/strong><\/h3>\n

El 21 de agosto de 2020, la 703\u00aa Brigada y la 7\u00aa Divisi\u00f3n de Infanter\u00eda de las Fuerzas Armadas de Filipinas (AFP) se enfrentaron a una unidad del CPP-NPA en una operaci\u00f3n en el municipio de San Marcelino, provincia de Zambales, en Luz\u00f3n Central. El enfrentamiento provoc\u00f3 da\u00f1os en cultivos y la confiscaci\u00f3n de ganado perteneciente al pueblo ind\u00edgena aeta. Un total de 192 familias, que comprenden 695 personas, fueron desplazadas y cinco murieron; cuatro de ellas eran menores de edad. Su solicitud de apoyo al Departamento de Agricultura fue rechazada, ya que sus cultivos no fueron da\u00f1ados por desastres naturales. <\/p>\n

Los bombardeos militares y los tiroteos con el CPP-NPA en las tierras ancestrales de los aetas obligaron a Jepoy Garung, de 30 a\u00f1os, Rosalyn Serrano-Urbano, de 16, Junior Ramos-Urbano, de 19, Kiray Serrano-Urbano, de 17, y Manuel Ramos a evacuar sus hogares. En el camino, se encontraron con soldados de la 7\u00aa Divisi\u00f3n de Infanter\u00eda de las AFP, quienes los arrestaron bajo la sospecha de que eran miembros de la organizaci\u00f3n rebelde.
Las dos mujeres, Rosalyn y Kiray, fueron separadas de los tres hombres, quienes fueron vendados. Los hombres fueron llevados a un lugar donde fueron interrogados, golpeados y torturados de manera constante durante d\u00edas. No pudieron recordar con exactitud las fechas ni los detalles de las golpizas severas y la tortura cruel. Sin embargo, recuerdan que, antes de ser llevados a la comisar\u00eda de San Marcelino, los militares los obligaron, incluidos las dos j\u00f3venes, a ingerir excremento humano. Durante esos d\u00edas de interrogatorio, fueron forzados a confesar que eran miembros del CPP-NPA. <\/p>\n

Apodados como los \u201cLumibao 4\u201d, y con excepci\u00f3n de Manuel Ramos, todos fueron acusados del delito no excarcelable de posesi\u00f3n ilegal de armas de fuego y explosivos. Solo Jepoy Garung y Junior Ramos-Urbano fueron imputados bajo la Ley Antiterrorista de 2020 y acusados de haber disparado y causado la muerte de un soldado durante el enfrentamiento. Ambos se encuentran detenidos en la c\u00e1rcel de la ciudad de Olongapo, mientras que las j\u00f3venes, por ser menores de edad, est\u00e1n bajo la custodia del Departamento de Bienestar Social y Desarrollo. <\/p>\n

La Fuerza de Tarea Nacional para Poner Fin al Conflicto Armado Comunista Local (NTF-ELCAC) fue creada en 2018 bajo la Oficina del Presidente, con el presidente de la Comisi\u00f3n Nacional de Pueblos Ind\u00edgenas (NCIP) como director ejecutivo de la unidad. La agencia est\u00e1 utilizando el caso de los \u201cLumibao 4\u201d para deslegitimar a sus abogados, quienes son miembros de la Uni\u00f3n Nacional de Abogados del Pueblo (NUPL), una organizaci\u00f3n progresista que representa a v\u00edctimas de violaciones de derechos humanos. 14 <\/a>La NUPL tambi\u00e9n fue acusada de tener v\u00ednculos con el CPP-NPA. 15<\/a> <\/p>\n

En una conferencia de prensa organizada por el NTF-ELCAC el 10 de febrero de 2021, un Jepoy visiblemente angustiado y extremadamente confundido dijo, conteniendo las l\u00e1grimas: \u201cAs\u00ed es como nos trataron porque somos ind\u00edgenas analfabetas. Antes \u00e9ramos muy felices en la monta\u00f1a. Cultiv\u00e1bamos la tierra, y de repente nuestra familia fue destruida. Cuando no perturbaban nuestra comunidad, nuestra familia era feliz. Pero cuando todo se arruin\u00f3, se volvi\u00f3 muy triste.\u201d 16<\/a><\/p>\n

Despu\u00e9s de la conferencia de prensa, la NUPL retir\u00f3 su apoyo tras la decisi\u00f3n de los dos aetas de cambiar de abogado, incluyendo su intento de sumarse a las peticiones contra la Ley Antiterrorista. 17<\/a> Su nuevo representante legal es la Oficina del Defensor P\u00fablico del gobierno. Su caso contin\u00faa en curso. <\/p>\n

\"philippinesMyrna Duyan, una ind\u00edgena tuwali, es una de las l\u00edderes ind\u00edgenas que defienden sus tierras frente a Oceana Gold Philippines Inc. (Foto: LILAK – Purple Action for Indigenous Women\u2019s Rights)<\/em><\/span><\/p>\n

OCEANA GOLD INSISTE EN LA RENOVACI\u00d3N DEL CONTRATO PARA SAQUEAR Y DESTRUIR 18<\/a><\/strong><\/h3>\n

El 6 de abril de 2020, el enfrentamiento entre la poblaci\u00f3n de Didipio, Nueva Vizcaya, y la empresa minera australiana-canadiense OceanaGold Philippines Inc. (OGPI) se intensific\u00f3 con la violenta dispersi\u00f3n del bloqueo por parte de la polic\u00eda, lo que dej\u00f3 a varias personas ind\u00edgenas heridas, la mayor\u00eda de ellas mujeres. Quince personas fueron acusadas de violar las medidas de cuarentena y aislamiento, 19 <\/a>as\u00ed como de desobediencia civil, mientras que un activista de la Didipio Earth Savers Movement Association (DESAMA) fue arrestado. <\/p>\n

OGPI inici\u00f3 el proceso para renovar su Acuerdo de Asistencia Financiera o T\u00e9cnica (FTAA) con el fin de extender su \u201cpermiso de operaci\u00f3n\u201d por otros 25 a\u00f1os \u201cbajo los mismos t\u00e9rminos y condiciones\u201d. La solicitud de renovaci\u00f3n se present\u00f3 sin informar ni consultar a las comunidades afectadas ni a la unidad de gobierno local. Tanto esta \u00faltima como las comunidades afectadas han presentado posicionamientos y peticiones en contra de la renovaci\u00f3n del permiso minero debido a la falta de consentimiento libre, previo e informado (CLPI) y a la larga lista de violaciones ambientales y de derechos humanos cometidas contra los habitantes de la zona. 20<\/a> <\/p>\n

En 2008, la Comisi\u00f3n de Derechos Humanos (CHR) investig\u00f3 a OGPI con base en un informe sobre la presunta demolici\u00f3n violenta ilegal e innecesaria y la destrucci\u00f3n de alrededor de 187 viviendas. Los residentes que se resistieron fueron golpeados mientras sus casas eran empujadas por acantilados con maquinaria pesada y posteriormente incendiadas.<\/p>\n

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El FTAA de la empresa expir\u00f3 el 20 de junio de 2019, pero en enero de 2020 el presidente Rodrigo Duterte autoriz\u00f3 la entrada de 63,000 litros (16,600 galones) de combustible al sitio minero de Didipio. Alrededor de un centenar de polic\u00edas escoltaron tres camiones cisterna de di\u00e9sel de OGPI que avanzaron por la fuerza a trav\u00e9s del bloqueo de la poblaci\u00f3n. El gobierno provincial hab\u00eda expresado previamente su preocupaci\u00f3n por el volumen de combustible, que supuestamente solo deb\u00eda utilizarse para operar generadores destinados a actividades de desag\u00fce, incluyendo la extracci\u00f3n o bombeo de agua subterr\u00e1nea del sitio minero. Sin embargo, la cantidad de combustible autorizada por el presidente fue suficiente para que OGPI continuara sus operaciones. <\/p>\n

En junio de 2020, el gobierno provincial emiti\u00f3 una directiva para que OGPI \u201cse abstuviera de realizar cualquier operaci\u00f3n\u201d, la cual fue impugnada por la empresa ante el Tribunal de Apelaciones. Este fall\u00f3 a favor del gobierno local, pero esto no impidi\u00f3 que OGPI continuara con sus operaciones. <\/p>\n

En la Ley de Miner\u00eda de 1995, la autoridad reguladora de las operaciones mineras recae en el gobierno nacional y no en las unidades de gobierno local. Esta mantiene una mayor validez jur\u00eddica para imponerse sobre otras leyes relevantes, como el C\u00f3digo de Gobierno Local de Filipinas de 1991 y la Ley de Derechos de los Pueblos Ind\u00edgenas de 1997. <\/p>\n

Las minas de Didipio abarcan alrededor de 27,000 hect\u00e1reas, que se cree contienen 1.41 millones de onzas de oro y 169,400 toneladas de cobre. El gobierno provincial advierte que la continuidad de las operaciones mineras comprometer\u00e1 la cuenca hidrogr\u00e1fica y el centro agroforestal de la provincia. El FTAA de OGPI se ubica dentro de la cuenca del r\u00edo Magat, que alimenta al r\u00edo Magat, el mayor afluente del r\u00edo Cagay\u00e1n, el cual atraviesa uno de los pocos bosques primarios que quedan en Filipinas.
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Lee y descarga el informe completo de criminalizaci\u00f3n anual 2021 de IPRI aqu\u00ed.<\/a><\/em><\/p>\n

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1. Ranada, Pia. \u201cPH scores lowest among ASEAN countries in gov\u2019t pandemic response\u2013 survey.\u201d Rappler. February 11, 2021. https:\/\/www.rappler.com\/nation\/disapproval-government-response-covid-19-pandemic-strongest-philippines-asean<\/a><\/span><\/div>\n
2. Dizon, Nikko. \u201cDuterte and his generals: a shock and awe response to the pandemic.\u201d Rappler. July 31, 2020. https:\/\/www.rappler.com\/newsbreak\/in-depth\/duterte-shock-and-awe-coronavirus-pandemic-response-generals<\/a><\/span><\/div>\n
3. United Nations, Office of the High Commissioner for Human Rights. \u201cAnnual report of the United Nations High Commissioner for Human Rights and reports of the Office of the High Commissioner and the Secretary-General: Situation of human rights in the Philippines.\u201d Geneva: UN Headquarters. June 29, 2020. <\/span><\/div>\n
4. Robertson, Phil. \u201cAnother Spike in Philippines\u2019 \u2018Drug War\u2019 Deaths: Latest Data Shows Police Killings Rising amid Covid-19 Pandemic.\u201d Human Rights Watch. September 28, 2020.https:\/\/www.hrw.org\/news\/2020\/09\/28\/another-spike-philippines-drug-war-deaths<\/a> <\/span><\/div>\n
5. Commission on Human Rights of the Philippines. \u201cStatement of CHR Spokesperson, Atty. Jacqueline Ann de Guia, on the passage of the Anti-Terrorism Law.\u201d July 4, 2020. https:\/\/chr.gov.ph\/statement-of-chr-spokesperson-atty-jacqueline-ann-de-guia-on-the-passage-of-the-anti-terrorism-law\/<\/a><\/span><\/div>\n
6. Taqueban, Mai. \u201cImpacts of the R.A. 11479 on Indigenous Peoples\u201d (unpublished). Internal meeting of IPRI and Panaghiusa Network with OHCHR. February 3, 2021. <\/span><\/div>\n
7. Rappler. Live updates: Supreme court oral arguments on anti-terror law.\u201d Developing March 2, 2021. https:\/\/www.rappler.com\/nation\/updates-supreme-court-oral-arguments-anti-terrorism-law<\/a><\/span><\/div>\n
8. Commission on Human Rights of the Philippines. \u201cStatement of the Commission on Human Rights reiterating the call to investigate all \u201cnanlaban\u201d cases.\u201d March 2, 2018. https:\/\/chr.gov.ph\/statement-of-the-commission-on-human-rights-reiterating-the-call-to-investigate-all-nanlaban-cases\/<\/a><\/span><\/div>\n
9. Panaghiusa Network. Year End Report (unpublished). January 2021. <\/span><\/div>\n
10. Panaghiusa Network. Year End Report (unpublished). January 2021. <\/span><\/div>\n
11. See related news: Interaksyon. \u201c\u2019Fake\u2019 rebel surrender program used to harass farmers\u2013 activists.\u201d March 2, 2018. https:\/\/interaksyon.philstar.com\/breaking-news\/2018\/03\/02\/121559\/fake-rebel-surrender-program-used-to-harass-farmers-activists\/<\/a>; Also, Lalu, Gabriel Pabico. \u201cCongress urged to probe possible corruption in \u2018fake\u2019 rebel returnees.\u201d Inquirer. December 28, 2019. https:\/\/newsinfo.inquirer.net\/1206851\/groups-ask-congress- to-probe-possible-corruption-in-fake-rebel-returnees <\/span><\/div>\n
12. Mawis, Sara Mae. \u201cUnderstanding the \u2018Build, build, build\u2019 program.\u201d Inquirer. July 28, 2018. https:\/\/business.inquirer.net\/254682\/understanding-build-build-build-program<\/a> <\/span><\/div>\n
13. Beltran, Bernice. \u201cPhilippines\u2019 \u2018Smart City\u2019 threatens tribal displacement.\u201d The Diplomat. January 8, 2020.https:\/\/thediplomat.com\/2020\/01\/philippines-smart-city-threatens-tribal-displacement\/<\/a> <\/span><\/div>\n
14. Karapatan Negros Island. \u201cStatement of the NUPL lawyers of the two Aetas.\u201d Facebook. February 11, 2021. https:\/\/www.facebook.com\/KarapatanNegrosIsland\/posts\/2003849716421727?_rdc=2&_rdr<\/a><\/span><\/div>\n
15. Galvez, Daphne. \u201cNUPL files complaint vs NTF-ELCAC execs for red-tagging.\u201d Inquirer. December 9, 2020. https:\/\/newsinfo.inquirer.net\/1369834\/nupl-files-complaint-vs-3-ntf-elcac-officials-over-red-tagging<\/a> <\/span><\/div>\n
16. Buan, Lian. \u201cDistraught Aetas caught in war.\u201d Rappler. February 11, 2021. https:\/\/www.rappler.com\/newsbreak\/in-depth\/distraught-aetas-caught-war-anti-terrorism-law<\/a><\/span><\/div>\n
17. Navallo, Mike. \u201cNUPL formally withdraws from terrorism case of 2 Aetas.\u201d ABS-CBN. February 12, 2021. https:\/\/news.abs-cbn.com\/news\/02\/12\/21\/nupl-formally-withdraws- from-terrorism-case-of-2-aetas <\/span><\/div>\n
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19. Aliansa ng Novo Vizcano Para sa Kalikasan \u2013 ANVIK. \u201cStatement on the charges against the Didipio-5.\u201d Facebook.July 7, 2020. https:\/\/www.facebook.com\/ANVIKOfficial\/posts\/1241662662847039<\/a> <\/span><\/div>\n
20. Mining Watch Canada. \u201cOceana Gold in the Philippines: Ten violations that should prompt its removal.\u201d Washington, D.C.: Institute for Policy Studies. October 31, 2018. https:\/\/bit.ly\/3teb2nK<\/a><\/span><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Representantes ind\u00edgenas y sus abogados presentan una petici\u00f3n ante la Corte Suprema para anular la Ley Antiterrorista de 2020. (Foto: Tony La Vi\u00f1a) Filipinas presenta la respuesta gubernamental m\u00e1s deficiente a la pandemia en la regi\u00f3n del Sudeste..<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":86949,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[278],"tags":[211],"class_list":["post-87109","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias-y-reportajes","tag-philippines"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/iprights.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/87109","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/iprights.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/iprights.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/iprights.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/iprights.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=87109"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/iprights.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/87109\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/iprights.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/86949"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/iprights.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=87109"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/iprights.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=87109"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/iprights.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=87109"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}