{"id":87738,"date":"2026-05-19T19:30:48","date_gmt":"2026-05-19T19:30:48","guid":{"rendered":"https:\/\/iprights.org\/2026\/05\/19\/el-desplazamiento-continuo-de-la-comunidad-marihangin-y-su-lucha-por-el-reconocimiento-de-sus-tierras-en-filipinas\/"},"modified":"2026-05-19T19:30:48","modified_gmt":"2026-05-19T19:30:48","slug":"el-desplazamiento-continuo-de-la-comunidad-marihangin-y-su-lucha-por-el-reconocimiento-de-sus-tierras-en-filipinas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/iprights.org\/es\/2026\/05\/19\/el-desplazamiento-continuo-de-la-comunidad-marihangin-y-su-lucha-por-el-reconocimiento-de-sus-tierras-en-filipinas\/","title":{"rendered":"El desplazamiento continuo de la comunidad Marihangin y su lucha por el reconocimiento de sus tierras en Filipinas"},"content":{"rendered":"
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Para la comunidad ind\u00edgena Marihangin de Filipinas, la protecci\u00f3n jur\u00eddica<\/b> de su territorio ten\u00eda por objeto salvaguardarlos contra el despojo. En la pr\u00e1ctica, la espera de m\u00e1s de dos d\u00e9cadas para el reconocimiento de sus tierras ancestrales ha coincidido con una escalada de la presi\u00f3n empresarial, la violencia y la criminalizaci\u00f3n<\/b> que ahora amenazan su propia existencia en la isla. <\/span><\/p>\n<\/div>\n

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Situada en el sur de las islas de Palawan, la comunidad Marihangin<\/b> se ha enfrentado a repetidos desplazamientos<\/b> debido a una combinaci\u00f3n de despojo de tierras respaldado por el Estado, intereses de desarrollo privado y acoso judicial. Lo que ocurre hoy forma parte de un patr\u00f3n m\u00e1s amplio de exclusi\u00f3n y desalojo forzoso en la regi\u00f3n. <\/p>\n<\/div>\n

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Ese patr\u00f3n se remonta a 1974, durante la \u00e9poca de la ley marcial bajo el mandato del presidente Ferdinand Marcos padre, cuando m\u00e1s de 10 800 hect\u00e1reas de tierras ancestrales en las vecinas islas de Bugsuk y Pandanan fueron adjudicadas a Eduardo Danding Cojuangco hijo, quien se convirti\u00f3 en director ejecutivo de San Miguel Corporation (SMC). SMC es uno de los mayores conglomerados de Filipinas en la actualidad y est\u00e1 desarrollando proyectos de ecoturismo en las islas de Palawan<\/b>. Los residentes ind\u00edgenas fueron desalojados por la fuerza por las fuerzas estatales, y muchas familias desplazadas buscaron refugio en Marihangin. A\u00f1os m\u00e1s tarde, la creaci\u00f3n de una granja de perlas en las aguas circundantes restringi\u00f3 a\u00fan m\u00e1s el acceso a los caladeros tradicionales y a las rutas de navegaci\u00f3n, socavando los medios de vida que hab\u00edan sustentado a generaciones. <\/p>\n<\/div>\n

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En 2005, la comunidad de Marihangin solicit\u00f3 un Certificado de T\u00edtulo de Dominio Ancestral (CADT) ante la Comisi\u00f3n Nacional de Pueblos Ind\u00edgenas (NCIP) para obtener el reconocimiento legal de su territorio. Veinti\u00fan a\u00f1os despu\u00e9s, esa solicitud sigue sin resolverse. <\/p>\n<\/div>\n

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Pero mientras el Estado ha retrasado el reconocimiento, la presi\u00f3n sobre la comunidad se ha intensificado.<\/p>\n<\/div>\n

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En los \u00faltimos a\u00f1os, la empresa ha adoptado una estrategia divisiva hacia la comunidad, lo que ha llevado a la retirada de las protecciones agrarias que cubr\u00edan Marihangin y al avance de planes de desarrollo vinculados a la expansi\u00f3n a gran escala del ecoturismo en la zona circundante. Los miembros de la comunidad informan de que se hicieron ofertas de reubicaci\u00f3n para inducir a los residentes a abandonar la isla, pero la mayor\u00eda de las familias se negaron. <\/p>\n<\/div>\n

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Las tensiones se agudizaron considerablemente en junio de 2024, cuando representantes vinculados a reclamantes de tierras privadas y funcionarios del Gobierno intentaron entrar en la isla para presentar documentaci\u00f3n que exclu\u00eda a Marihangin de la cobertura de la reforma agraria. Los residentes bloquearon su desembarque y exigieron que se marcharan. D\u00edas m\u00e1s tarde, el representante autorizado de los reclamantes, y un exdirector de la Oficina de Dominios Ancestrales de la Comisi\u00f3n Nacional de Pueblos Ind\u00edgenas (NCIP), presentaron denuncias penales<\/b> por coacci\u00f3n grave contra diez miembros de la comunidad, incluidas dos personas que ni siquiera estaban presentes durante el incidente. <\/p>\n<\/div>\n

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Dos d\u00edas despu\u00e9s de que se presentara esa denuncia, se despleg\u00f3 en la isla personal de seguridad privada armado. Seg\u00fan la comunidad, los guardias de seguridad dispararon contra los residentes, incluidos ni\u00f1os, tras ser confrontados por miembros de la comunidad que exig\u00edan su salida. Desde entonces, los guardias armados han permanecido en la isla a pesar de las objeciones de la comunidad, creando lo que los residentes describen como una atm\u00f3sfera constante de intimidaci\u00f3n. <\/p>\n<\/div>\n

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Hoy en d\u00eda, la comunidad de Marihangin se enfrenta a una red cada vez m\u00e1s amplia de acoso legal.<\/b><\/p>\n<\/div>\n

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Diez miembros de la comunidad se enfrentan actualmente a graves cargos de coacci\u00f3n relacionados con un incidente ocurrido en junio de 2024. Aunque quedaron en libertad bajo fianza de 360 000 pesos filipinos, el caso sigue en curso. Uno de los diez fue condenado por un caso anterior de \u00abpesca ilegal\u00bb. Otro l\u00edder de la comunidad se enfrenta a una denuncia por difamaci\u00f3n cibern\u00e9tica por denunciar p\u00fablicamente las amenazas contra la comunidad y la falta de protecci\u00f3n gubernamental. Adem\u00e1s, 282 residentes<\/b>, que representan a la mayor parte de la poblaci\u00f3n de la isla, han sido citados en causas civiles<\/b> que pretenden socavar sus reclamaciones de tierras, obtener \u00f3rdenes de alejamiento e imponer indemnizaciones por da\u00f1os y perjuicios. <\/p>\n<\/div>\n

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Una orden de alejamiento dictada por un tribunal impide ahora a los miembros de la comunidad realizar vigilancias nocturnas y construir nuevas viviendas en sus tierras sin correr el riesgo de ser multados. Mientras tanto, las propias denuncias de la comunidad relativas al despliegue de seguridad armada, incluidas las quejas por disparos dirigidos hacia ni\u00f1os y una petici\u00f3n de medidas cautelares contra el personal de seguridad y los actores asociados, han avanzado lentamente en los tribunales y se han enfrentado a repetidos retrasos. <\/p>\n<\/div>\n

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Para los marihangin, el desequilibrio de poder es evidente. Por un lado, una comunidad ind\u00edgena isle\u00f1a que depende de la pesca y de medios de subsistencia. Por otro, actores corporativos y demandantes privados con los recursos para sostener litigios prolongados y operaciones de seguridad. <\/p>\n<\/div>\n

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La carga legal<\/b> por s\u00ed sola es severa. Las audiencias judiciales se celebran en la isla principal de Palawan, lo que obliga a los miembros de la comunidad a viajar en barco y furgoneta varias veces al mes para asistir a las audiencias, testificar y tramitar documentos legales. El coste del viaje, los honorarios legales y el tiempo de trabajo perdido suponen una enorme carga para unas familias que ya se encuentran bajo presi\u00f3n. <\/p>\n<\/div>\n

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Estos casos no son disputas legales aisladas. En conjunto, forman parte de un patr\u00f3n m\u00e1s amplio de demandas estrat\u00e9gicas contra la participaci\u00f3n p\u00fablica (SLAPP)<\/b>: acciones legales utilizadas no principalmente para ganar en los tribunales, sino para agotar, intimidar y silenciar a las comunidades que defienden sus derechos. <\/p>\n<\/div>\n

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El Fondo de Defensa Legal y Santuario (LDSF) <\/b>apoya la defensa de los l\u00edderes comunitarios acusados injustamente para que la SLAPP no logre su objetivo de acabar con la defensa del territorio. De este modo, tras d\u00e9cadas de buscar el reconocimiento legal a trav\u00e9s de los canales oficiales, los Marihangin seguir\u00e1n luchando por el simple derecho a permanecer donde han vivido durante generaciones. <\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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