En agosto de 2020, IPRI expresó su pleno apoyo a sus organizaciones aliadas de pueblos indígenas en Filipinas en su lucha contra la Ley Antiterrorista (ATA). http://bit.ly/2YxMKHL
Las organizaciones de pueblos indígenas presentaron la vigésima cuarta petición de certiorari y prohibición ante la Corte Suprema. Actualmente, existen 37 peticiones remitidas a la Corte Suprema que buscan anular la ATA.
La ATA sirve como un arma legal del Estado para justificar nuevos ataques contra defensores de derechos, de la tierra y del medio ambiente. De hecho, dos indígenas aeta —Jepoy Garung y Junior Ramos-Urbano, de Zambales— son las primeras personas conocidas en ser acusadas bajo esta ley.
