La Internacional de los Derechos de los Pueblos Indígenas (IPRI) condena enérgicamente la brutal masacre perpetrada el 14 de enero de 2026 contra la comunidad indígena pastoral mbororo de Gidado, Ntumbaw, subdivisión de Ndu, división de Donga-Mantung, en la región noroeste de Camerún. Según la información recibida de organizaciones indígenas y fuentes comunitarias, grupos armados de Ambazonia llevaron a cabo un violento ataque que causó la muerte de 14 indígenas, en su mayoría mujeres y niños, entre ellos bebés, niñas y mujeres embarazadas. Varias víctimas fueron asesinadas durante las oraciones de la madrugada, incluso en el interior de una mezquita. Al menos siete personas permanecen hospitalizadas con heridas graves.
El IPRI pide urgentemente medidas inmediatas de protección para los Pueblos Indígenas que han sido atacados y desplazados por la fuerza, a fin de evitar más violencia, pérdida de vidas y daños irreversibles para la comunidad. Este ataque forma parte de un patrón sostenido y sistemático de violencia contra las comunidades pastorales mbororo de la región. Camerún vive desde hace más de dos décadas un conflicto armado entre el Estado y grupos separatistas. Las comunidades indígenas mbororo -ya afectadas por la discriminación sistémica, la marginación económica y el aislamiento social- se han convertido en objetivos recurrentes de los grupos armados que luchan contra el Estado camerunés, que las acusan de «alinearse» con las autoridades gubernamentales. Como consecuencia, estas comunidades se enfrentan a constantes robos de ganado, desplazamientos forzosos de sus tierras y ataques mortales, mientras que el Estado no ha garantizado su protección.
Con esta masacre, el número de pastores mbororo asesinados en Donga-Mantung -la mayoría de ellos en Ndu- ha aumentado al menos a 126 desde 2018. Familias enteras han sido objeto de ataques a lo largo de los años, reforzando un clima de terror, castigo colectivo y desplazamiento forzoso.
Las consecuencias humanitarias son devastadoras. Las comunidades han sido desplazadas por la fuerza, las casas destruidas y el ganado saqueado, despojando a las familias de su principal fuente de sustento. Las mujeres y los niños viven en condiciones extremadamente precarias, sin acceso adecuado a alimentos, agua, refugio, atención sanitaria o apoyo psicosocial. Muchos niños han huido tras perder a uno o ambos progenitores. La situación de seguridad sigue deteriorándose, con amenazas creíbles de nuevos ataques, mientras que el acceso humanitario sigue gravemente limitado.
El IPRI expresa su más sentido pésame y su inquebrantable solidaridad con las familias y comunidades afectadas. Estamos con el pueblo pastoral mbororo en su dolor y en su exigencia de justicia y protección.
El IPRI hace un llamamiento urgente al Estado de Camerún para que cumpla sus obligaciones en virtud de la legislación nacional e internacional sobre derechos humanos y adopte medidas inmediatas para:
- Llevar a cabo una investigación independiente, rápida e imparcial, con la debida diligencia, de esta masacre y de todos los ataques anteriores, y garantizar que todos los autores y responsables son llevados ante la justicia.
- Garantizar reparaciones plenas y efectivas a las familias y comunidades afectadas, que incluyan restitución, indemnización, rehabilitación y garantías de no repetición.
- Poner en marcha medidas de protección inmediatas y eficaces para los pastores mbororo y otras comunidades indígenas en situación de riesgo en la Región Noroeste.
- Reconocer legalmente los derechos colectivos a la tierra y los medios de vida sostenibles de los pastores mbororo y garantizar la protección de su territorio.
- Abordar sin demora el desplazamiento forzoso, garantizando que los Pueblos Indígenas puedan regresar voluntariamente y en condiciones de seguridad a sus tierras en condiciones de seguridad y dignidad, o acceder a soluciones alternativas acordadas con las comunidades.
- Garantizar la asistencia humanitaria urgente, incluida la atención médica a los heridos; alimentos, agua, refugio y servicios sanitarios básicos para mujeres y niños; y el restablecimiento de los medios de subsistencia, permitiendo el acceso seguro y sin obstáculos de los agentes humanitarios.
Es deber del Estado proteger el derecho a la vida, la integridad física, la seguridad y los derechos colectivos, la supervivencia y la dignidad de los Pueblos Indígenas. La inacción y la impunidad continuadas profundizarán el ciclo de violencia y desplazamiento.
El IPRI se une a los líderes y organizaciones indígenas de Camerún para pedir a las autoridades nacionales, los organismos regionales, las Naciones Unidas, las misiones diplomáticas y los donantes internacionales que tomen conciencia urgentemente de esta situación y movilicen protección coordinada y apoyo humanitario.
- Foto: © Jordi Zaragozà Anglès (2020)
- Foto: © Angels Ferrer (2022)
