Se espera que más de 3.500 delegados indígenas, de la Amazonia y de todo el mundo, se reúnan en Belém para afirmar que el liderazgo indígena es indispensable para la supervivencia del planeta.
Situada en la desembocadura del río Amazonas, Belém es a la vez una puerta de entrada a la mayor selva tropical del mundo y un testimonio vivo de siglos de administración indígena. La decisión de Brasil de acoger la COP30, que ha bautizado como la «COP indígena», tiene un profundo peso simbólico. Indica el reconocimiento de que la Amazonia, y el clima mundial que sustenta, no pueden sobrevivir sin proteger los territorios indígenas y defender sus derechos.
En esta intersección de ambición climática y realidad política, las decisiones que se tomen en Belém podrían determinar el futuro tanto de las tierras indígenas como del propio planeta. La Amazonia, llamada durante mucho tiempo el pulmón de la Tierra, es más que un escenario de negociaciones; es la primera línea de una crisis en la que las promesas de una «transición justa» siguen chocando con pautas de explotación perdurables.
Mientras los gobiernos negocian los objetivos de emisiones y la financiación para el clima, los Pueblos Indígenas aportan una clara advertencia: sin derechos seguros sobre la tierra, todos los objetivos climáticos permanecen en un terreno frágil.
Los números tras la narrativa
Los Pueblos Indígenas gestionan aproximadamente una cuarta parte de la superficie del planeta. Según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (2022), reconocer la tenencia de las tierras indígenas es una de las formas más eficaces y equitativas de mitigar el cambio climático y adaptarse a él. Los bosques gestionados por los indígenas en el Amazonas almacenan casi un tercio del carbono de la cuenca, lo que constituye una defensa fundamental contra el aumento de las temperaturas globales(Walker et al., PNAS, 2020).
A pesar de ello, más de la mitad de las tierras indígenas y comunitarias siguen sin estar legalmente reconocidas en todo el mundo (RRI, 2021). Esta falta de reconocimiento deja millones de hectáreas expuestas a la invasión por parte de las industrias extractivas, la agroindustria y los proyectos de energías renovables a gran escala llevados a cabo sin el Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI).
Esta realidad revela una sorprendente paradoja: quienes salvaguardan los ecosistemas de la Tierra son los más amenazados por las soluciones propuestas para abordar la crisis climática.
A medida que las naciones se apresuran a descarbonizarse, los territorios indígenas están emergiendo como las próximas fronteras de la extracción. La demanda de «minerales de transición» -como el litio, el níquel y el cobalto- está aumentando, y más de la mitad de las reservas conocidas coinciden con tierras indígenas (Banco Mundial, 2022). La Agencia Internacional de la Energía (2023) prevé que la demanda mundial de estos minerales se cuadruplique para 2040. En regiones como los Andes, Indonesia y Filipinas, los nuevos proyectos mineros están provocando conflictos por la tierra y profundizando las divisiones sociales.
Del mismo modo, los proyectos de energías renovables promovidos bajo la bandera del «crecimiento verde» están reproduciendo los mismos modelos extractivos de la era de los combustibles fósiles. La documentación de la Internacional de los Derechos de los Pueblos Indígenas (IPRI) sobre la criminalización y los ataques a los defensores indígenas documenta un creciente número de violaciones vinculadas a este tipo de proyectos, desde instalaciones geotérmicas en Indonesia hasta proyectos hidroeléctricos en Filipinas.
Si la transición energética mundial sigue dependiendo de la desposesión de los Pueblos Indígenas, no será justa. Simplemente reinventará el colonialismo en términos ecológicos.
Defender a los defensores
La crisis climática no es sólo medioambiental; es profundamente humana. En 2023, casi el 80% de los asesinatos de defensores del medio ambiente se produjeron en América Latina, la mayoría de ellos indígenas (Global Witness, 2024). La Amazonia sigue siendo la región más mortífera para quienes protegen los bosques y los ríos de la tala ilegal, la minería y la expansión del agronegocio.
En la COP30, el IPRI y los grupos aliados pretenden llevar las historias de estos defensores al primer plano de la conversación mundial sobre el clima. Mujeres indígenas, jóvenes y líderes comunitarios presionarán a los negociadores para que integren mecanismos de protección de los defensores de la tierra y el medio ambiente en las políticas climáticas y energéticas.
Los derechos sobre la tierra como política climática
Lo que está en juego en Belém va más allá del reconocimiento; es una prueba de si la política climática mundial puede pasar finalmente de la extracción a la equidad. Los marcos internacionales, desde el Marco Global de Biodiversidad de Kunming-Montreal hasta el Programa de Trabajo de Transición Justa de la CMNUCC, han reconocido el papel esencial de los pueblos indígenas. Sin embargo, estos compromisos seguirán vacíos mientras la tenencia de la tierra, base de la gobernanza indígena, siga siendo insegura.
Las pruebas son inequívocas: cuando los territorios indígenas están protegidos legalmente, disminuye la deforestación, florece la biodiversidad y las comunidades refuerzan su resistencia a las crisis climáticas. Reconocer los derechos sobre la tierra no es caridad ni una inclusión simbólica; es una estrategia climática basada en pruebas y enraizada en la justicia y la sostenibilidad.
Qué debe aportar la COP30
Mientras el mundo vuelve sus ojos hacia Belém, los Pueblos Indígenas y sus aliados reclaman:
- Reconocimiento legal y protección de los territorios indígenas, en consonancia con el Acuerdo de París y el Marco Global de Biodiversidad;
- Normas vinculantes de Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI ) en todas las inversiones climáticas y energéticas;
- Financiación directa y flexible para iniciativas indígenas de gobernanza, conservación y adaptación;
- Mecanismos institucionalizados de protección de los defensores indígenas dentro de los marcos climáticos nacionales y globales.
La prueba moral de Belém
Los territorios indígenas salvaguardan más de la mitad de la biodiversidad que queda en el mundo. Regulan los ciclos del carbono, sostienen los sistemas de agua dulce y conservan sistemas de conocimiento que ofrecen vías para la resiliencia climática. Sin embargo, las comunidades indígenas siguen sufriendo la criminalización y el desplazamiento bajo el pretexto del «desarrollo», la «conservación» y las «soluciones climáticas».
En la COP30, los Pueblos Indígenas y sus socios no sólo pretenden sacar a la luz estas injusticias, sino demostrar cómo son las soluciones auténticas: basadas en los derechos, el consentimiento y la interdependencia entre las personas y la naturaleza.
El resultado de Belém medirá si el mundo está preparado para enfrentarse a su pasado colonial y abrazar una transición verdaderamente justa, que valore la protección por encima del beneficio y la asociación por encima de la explotación.
Para los pueblos indígenas, lo que está en juego es el derecho a vivir, a gobernar sus tierras y a participar como iguales en la configuración de la respuesta mundial a la crisis climática.
Para el resto de la humanidad, lo que está en juego es el futuro de un planeta capaz de sustentar la vida.
Cuando caen las tierras indígenas, caen con ellas las últimas líneas de defensa contra el colapso climático.
Referencias:
- Sexto Informe de Evaluación del IPCC, 2022
- Iniciativa para los Derechos y Recursos (RRI), Derechos de tenencia en la crisis climática, 2021
- Global Witness, Defender a los Defensores, 2024
- Evaluación Global IPBES, 2019
- Walker, W. y otros, PNAS, 2020
- Agencia Internacional de la Energía (AIE), Critical Minerals Market Review, 2023
- Banco Mundial, Minerales para la Acción Climática, 2022
- IPRI (2025), Base de Datos sobre Criminalización y Ataques a Defensores Indígenas
