Al público solidario. A los medios de comunicación. A las organizaciones internacionales de derechos humanos. A los pueblos indígenas de Chiapas, México y del mundo.
Hermanas y hermanos, en la región de los Altos de Chiapas, existe una comunidad indígena tsotsil que ha alzado valientemente la voz para decirle al pueblo de México que teme por su vida.
El domingo 8 de junio, mientras realizaban una reunión con niñas y niños en el atrio de la iglesia de Tsajalch’en, escucharon disparos que impactaron en el patio donde se encontraban y en el techo de la cancha de basquetbol. Las diez personas que estaban ahí lograron resguardarse y ninguna resultó herida; sin embargo, el miedo se hizo presente.
Tsajalch’en es una de las comunidades que, en 1994, tras el levantamiento zapatista, decidió instalar un campamento civil por la paz en su territorio, con el objetivo de recibir a personas desplazadas por la guerra. También es una comunidad fundadora de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal.
Es importante recordar que esta organización histórica de los pueblos indígenas de Chiapas se formó en 1992 en respuesta a un acto de represión, cuando cinco personas indígenas de la comunidad de Tsajalch’en fueron detenidas injustamente.
La justicia no ha llegado a Tsajalch’en, ni en la década de 1990 ni ahora; por el contrario, la situación que viven como pueblo indígena esta semana forma parte de un hilo de continuidad de violencia y omisión por parte del Estado mexicano.
Como Grupo Núcleo de Indigenous Peoples Rights International (IPRI en México), hemos documentado las palabras de quienes habitan esta comunidad y de quienes sobrevivieron a la masacre de 1997. Nos han contado cómo, desde 2021, cada vez que escuchan disparos, reviven lo ocurrido el 22 de diciembre de 1997, cuando 45 personas de la comunidad de Acteal fueron masacradas.
Hoy nos sumamos a las decenas de organizaciones que se han pronunciado en los últimos días para decir una vez más: ¡Ya basta!
Nos preocupa especialmente la integridad y seguridad de quienes actualmente ocupan cargos de autoridad dentro de la comunidad indígena, ya que entre los abusos documentados esta semana se encuentra un intento de criminalizar a una de las mismas cinco personas que fueron detenidas injustamente en 1992. En esta ocasión, la detención fue solo por unas horas y también se dirigió contra el agente municipal. El objetivo fue criminalizar el ejercicio de sus sistemas normativos internos para procesar, conforme a sus propias normas, a una persona acusada de venta de drogas.
La autonomía y el autogobierno son derechos constitucionales, reconocidos en el derecho internacional, pero el gobierno estatal buscó interpretarlos como actos delictivos a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal.
Es urgente que las autoridades de los tres niveles de gobierno tomen las medidas necesarias e inmediatas para garantizar la seguridad de la comunidad de Tsajalch’en y de la región. Desde este grupo núcleo de organizaciones que firman esta declaración, reiteramos las demandas que hicimos públicas cuando fue asesinado el sacerdote tsotsil Marcelo Pérez Pérez:
“Exigimos que el gobierno federal, en coordinación con los gobiernos estatales y municipales, y con una amplia participación de la sociedad civil—especialmente de los pueblos indígenas— diseñe una estrategia integral de seguridad no militarizada que contenga y atienda la operación de grupos del crimen organizado y grupos armados. Asimismo, que se promuevan espacios de reflexión, diálogo y formación para la construcción de paz en comunidades indígenas, con énfasis en la seguridad ciudadana, los derechos humanos y un enfoque de pertinencia cultural, respetando los derechos colectivos de los pueblos indígenas.”
Atentamente,
Grupo Núcleo de Indigenous Peoples Rights International – IPRI en México:
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Chiapas);
Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan (Guerrero);
Colectivo Emancipaciones (Michoacán);
Colectivo Masehual Siuamej Mosenyolchikauanij (Mujeres que se apoyan), CONAMI, ECMIA (Puebla);
Consultoría Técnica Comunitaria (Chihuahua);
Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Yucatán);
Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Jalisco);
Servicios para una Educación Alternativa A.C. – EDUCA (Oaxaca);
Voces del Territorio A.C.
Descarga el comunicado aquí.
