A la opinión pública solidaria, a los medios de comunicación, a las organizaciones internacionales de derechos humanos, a los pueblos indígenas de Chiapas, de México y del mundo, así como a los tres niveles de gobierno de México. Con inmenso dolor, profunda tristeza y gran indignación, nos enteramos del asesinato del padre Marcelo Pérez Pérez, de origen tzotzil, cuando salía de misa la mañana del domingo 20 de octubre en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, en el sureste de México.
El asesinato del padre Marcelo, sacerdote indígena reconocido y defensor de derechos humanos, es una grave señal del nivel de violencia e impunidad que prevalece en el estado, y debe marcar un punto de inflexión en la construcción de la paz, la reconstrucción del tejido social y la impartición de justicia. Desde los distintos lugares en los que nos encontramos, queremos enviar un abrazo solidario a su familia, a sus feligreses, a la sociedad civil y a los pueblos indígenas de Chiapas que aspiran a la paz, y decirles: NO ESTÁIS SOLOS. Al mismo tiempo, nos sumamos a las voces que exigen con urgencia que las autoridades de los tres niveles de gobierno garanticen la verdad, la justicia y la reparación por este asesinato, y tomen todas las medidas necesarias para poner fin a la escalada de violencia en Chiapas y dar respuesta a las reivindicaciones de los pueblos y comunidades indígenas con los que el padre Marcelo caminó para defender la esperanza y la justicia. Como lo hemos denunciado en nuestras declaraciones anteriores, el padre Marcelo había recibido múltiples amenazas y se encontraba en riesgo debido a su labor en favor de los derechos humanos y en contra de la violencia. Por ello, desde 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había ordenado al Estado mexicano implementar medidas de protección a su favor.
Frente a estas denuncias reiteradas por parte de organizaciones locales, nacionales e internacionales, el gobierno mexicano no ha sido capaz de responder a sus solicitudes ni de garantizar las condiciones de seguridad necesarias. Por el contrario, la fiscalía llegó incluso a criminalizarlo al emitir una orden de aprehensión en su contra, reforzando así la campaña de desprestigio en su contra. Ante estas estrategias de desinformación y criminalización, es importante honrar su memoria y dar testimonio de su incansable lucha por la paz, así como de su compromiso con los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas. Sabemos que este asesinato se produce en el contexto de la difícil situación de violencia que atraviesa actualmente Chiapas, incluso en los territorios de las comunidades zapatistas. Compartimos este dolor y esta angustia con otros territorios que también viven bajo el yugo del crimen organizado y sus grupos armados. Entendemos que la muerte de una persona tan valiente como el padre Marcelo tiene como objetivo imponer el silencio y el terror. Ante esto, saludamos su valentía y su determinación de no callarse ante los abusos de poder cometidos por los grupos armados y los gobiernos cómplices. Exigimos que el Gobierno federal, en coordinación con los gobiernos estatales y municipales, y con la amplia participación de la sociedad civil, en particular de los pueblos indígenas, elabore una estrategia de seguridad integral y no militarizada para contener y combatir las actividades de los grupos del crimen organizado y los grupos armados. Además, conviene promover, en las comunidades indígenas que lo deseen, espacios de reflexión, diálogo y formación para la consolidación de la paz, haciendo hincapié en la seguridad de los ciudadanos y los derechos humanos, en un marco adaptado a la cultura local y respetando los derechos colectivos de los pueblos indígenas, en particular su autonomía y su autodeterminación. Nos sumamos asimismo al llamamiento para que se adopten todas las medidas urgentes y necesarias con el fin de garantizar y proteger la vida, la integridad física y la seguridad personal de las comunidades indígenas, incluidas las familias de las Bases de Apoyo zapatistas, y evitar así la escalada de violencia y los riesgos denunciados en diversas regiones del estado de Chiapas. Asimismo, debe llevarse a cabo una investigación rápida y adecuada para identificar a los responsables de este asesinato, así como para desmantelar y desarmar a los grupos criminales que operan en las diferentes zonas y regiones donde trabajaba el padre Marcelo y que han sido denunciados en diversos comunicados públicos. Hoy nos despedimos del padre Marcelo cantando al unísono una de las frases que solíamos cantar con él: «¡No tenemos miedo! Queremos que nuestro país sea feliz, en el amor y la libertad». ¡Los pueblos indígenas de Chiapas no están solos! ¡Exigimos que se haga justicia con el padre Marcelo! ¡Justicia para los pueblos indígenas! Atentamente. Grupo Central de Derechos de los Pueblos Indígenas Internacional (IPRI) en México: Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Chiapas); Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan (Guerrero); Colectivo Emancipaciones (Michoacán); Colectivo Masehual Siuamej Mosenyolchikauanij (Mujeres que se apoyan), CONAMI, ECMIA (Puebla); Consultoría Técnica Comunitaria (Chihuahua); Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Yucatán); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, IMDEC (Jalisco); Servicios para una Educación Alternativa A.C.- EDUCA (Oaxaca). Voces del Territorio A.C. Descargar la publicación completa.
