Para evitar una catástrofe climática, la capacidad de energía renovable debe triplicarse en los próximos seis años. El sector privado desempeña un papel fundamental en esta transición energética, al igual que los pueblos indígenas. Para que la oportunidad de una transición justa se haga realidad, es imprescindible que el sector privado y los Estados se comprometan con los derechos de los pueblos indígenas y con modelos de negocio transformadores diseñados para generar prosperidad compartida para y con los pueblos indígenas. Estos deben estar en consonancia con las prioridades que los propios pueblos indígenas hayan establecido de forma autónoma.
Este informe, elaborado conjuntamente por Indigenous Peoples’ Rights International (IPRI) y el Centro de Recursos sobre Empresas y Derechos Humanos, analiza los argumentos a favor de una transición hacia las energías renovables que se centre en los derechos, los intereses y la prosperidad de los pueblos indígenas, tal y como ellos mismos los definen, con el fin de lograr una transición global que sea rápida porque es justa y sostenible. Los proyectos liderados por los pueblos indígenas ejemplifican un modelo de prosperidad compartida en el que nuestras comunidades prosperan aprovechando nuestros conocimientos y recursos, garantizando que todos se beneficien de las energías renovables, fomentando la resiliencia, el empoderamiento y un futuro sostenible para las generaciones venideras.
Adrian Lasimbang, director ejecutivo de Right Energy Partnership with Indigenous Peoples: Al integrar el respeto por los derechos de los pueblos indígenas —incluido el derecho al consentimiento libre, previo e informado— en la planificación y ejecución de los proyectos, las empresas pueden forjar relaciones basadas en la confianza que conduzcan a proyectos más sostenibles, reduzcan los riesgos legales y operativos y generen valor a largo plazo. Cuando se basan en los conocimientos indígenas, estos modelos pueden abrir nuevas vías de colaboración e innovación. Pichamon Yeophantong, director de investigación y profesor asociado del Centro para la Defensa Futura y la Seguridad Nacional de la Universidad Deakin; miembro del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos Basado en más de 40 entrevistas con pueblos indígenas, inversores y empresas de energías renovables de todo el mundo, el informe destaca, a través de ejemplos prácticos de distribución de beneficios y copropiedad, así como de la experiencia vivida por los pueblos indígenas, las oportunidades que ofrecen estos modelos de negocio, y sus retos y riesgos.
Como revela este informe, no existe un modelo único de reparto de beneficios con los pueblos indígenas que garantice una transición justa. Sin embargo, es esencial que el sector privado y los Estados se comprometan con tres principios clave de la Transición Energética Justa: la prosperidad compartida, la diligencia debida de las empresas en materia de derechos humanos y las negociaciones justas. Esto requiere su compromiso con procesos y prácticas fundamentales que reconozcan a los pueblos indígenas como socios en igualdad de condiciones en la negociación, el diseño y la ejecución de proyectos, garanticen el respeto de sus derechos, incluido el derecho al consentimiento libre, previo e informado (CLPI), y valoren los conocimientos, la experiencia, la gobernanza y los procesos de toma de decisiones indígenas. Esto, a su vez, proporciona una base fundamental para el potencial que estos nuevos modelos pueden ofrecer.
