16 de abril de 2024. Dado que la criminalización contra los pueblos indígenas es una amenaza global, representantes de diversos pueblos indígenas se reunieron durante la 23ª sesión del UNPFII para analizar esta problemática y proponer formas de abordarla. Joan Carling, directora ejecutiva de IPRI, señaló que la criminalización es el tema central de su organización. A partir de su experiencia, destacó que las políticas y leyes nacionales son una fuente importante de criminalización de las formas de vida y organización de los pueblos indígenas. Advirtió que “somos aún más criminalizados cuando defendemos nuestras tierras y nuestros derechos: somos encarcelados, somos asesinados. Es una lucha de vida o muerte para los pueblos indígenas en todo el mundo”. Para ella, es necesario impulsar reformas políticas, pero también apoyar a quienes enfrentan la criminalización. Ei Ei Min, una de las autoras del informe del UNPFII sobre criminalización, llamó la atención sobre las dos dimensiones de este problema: el uso de la ley para criminalizar la defensa de los territorios y derechos de los pueblos indígenas, así como el reconocimiento insuficiente de los derechos indígenas en las leyes nacionales. Advirtió que los efectos de la criminalización no recaen solo en los individuos, sino también en las comunidades y sus derechos. “Esto va a empeorar porque el desarrollo industrial amenazará más del 60% de nuestras tierras; hay 5,000 proyectos de minerales de transición en nuestros territorios”, afirmó. La experta consideró que los mecanismos de las Naciones Unidas han desarrollado jurisprudencia favorable a los pueblos indígenas, pero se necesita una acción más sistemática y mayor atención a temas como el desplazamiento forzado. Un representante indígena de Tanzania, cuyo nombre se mantiene en reserva por razones de seguridad, lamentó que el Banco Mundial apoye proyectos que criminalizan y desplazan a los pueblos indígenas, en contra del derecho internacional. En su opinión, el Banco Mundial debería reconocer y alinearse con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (UNDRIP). “Algo similar está ocurriendo con la UNESCO en Ngorongoro y Loliondo. Están prohibiendo a los masái sus medios de vida y ‘quieren desplazarnos para que turistas ricos vengan a nuestras tierras’”. Janene Yazzie señaló que la represión de las protestas indígenas pacíficas en Estados Unidos tiene como objetivo frenar las críticas a los proyectos de desarrollo. En este sentido, las demandas contra defensores del agua y de la tierra generan estrés y agotan los recursos de las organizaciones. “No hay ninguna movilización indígena que haya derivado en violencia; siempre son ceremonias, nacen del amor por la tierra, con nuestros hijos. Esto ocurre en una nación supuestamente desarrollada, pero sucede en todo el mundo. ¡Merecemos vivir en paz, organizarnos en paz!”, afirmó. También destacó que Estados Unidos tiene la sexta tasa más alta de encarcelamiento de personas indígenas y mencionó el caso de Leonard Peltier, un líder indígena con casi medio siglo en prisión, en violación de sus derechos humanos. Victoria Tauli-Corpuz, ex Relatora Especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas y cofundadora de IPRI, señaló que los responsables de la criminalización son los Estados y las corporaciones, así como agencias multilaterales, que buscan acceder a las tierras y recursos de los pueblos indígenas para expandir sus negocios, desde el extractivismo hasta las áreas protegidas. Indicó que se utilizan leyes discriminatorias, así como leyes para proteger infraestructuras, y acusaciones de terrorismo y lavado de dinero para atacarlos. Invitó al público en general a informarse y debatir casos como el desplazamiento forzado de 200,000 personas indígenas en Tanzania, el encarcelamiento masivo de maoríes y la prisión de Leonard Peltier.
