El 13 de abril, más de 100 participantes de la conferencia “Pueblos Indígenas y Transición Justa” se centraron en discutir los modelos de prosperidad compartida en proyectos de energía limpia y los desafíos que enfrentan. Alancay Morales, líder de Empresas y Derechos Humanos de IPRI, inició señalando que los pilares de una transición justa son los derechos humanos, la protección social, las negociaciones justas y la prosperidad compartida. También destacó como indispensables el apoyo técnico y financiero, que la prosperidad compartida alcance a más del 50 % de los pueblos indígenas y que se lleve a cabo el proceso de consentimiento previo, libre e informado (CPLI).
Matshwenyego Josephine Ntshipe, lideresa indígena de Botswana, señaló que los proyectos de energía renovable han tenido impactos en su pueblo, entre ellos la pérdida cultural, la ausencia de beneficios compartidos y que muchas personas ni siquiera cuentan con servicio eléctrico. Desde su experiencia, recomendó como buenas prácticas contar con un grupo sólido de incidencia, capacitar a la comunidad y exigir leyes que protejan sus derechos. Asimismo, subrayó que ningún proyecto que no haya cumplido con el consentimiento previo, libre e informado debería avanzar y que se debe incrementar la propiedad indígena de los proyectos energéticos.
Isabel Cuxé Prir, mujer maya de Guatemala perteneciente a la organización Madreselva, presentó su experiencia con mini hidroeléctricas comunitarias. Con seis microcentrales construidas para beneficio colectivo y social, la activista señaló que este proyecto ha contribuido a dinamizar la economía, mejorar la educación y la salud, y empoderar a la comunidad, utilizando solo el 15 % del caudal de los ríos. También indicó que ha sido un reto lograr que las mujeres se conviertan en socias y capacitarlas. Entre las lecciones aprendidas destacó la importancia de priorizar proyectos con organización comunitaria y mayor número de usuarios, fortalecer los estudios previos y contar con acompañamiento legal y capacitación constante.
Monica Paradise, de Tribal Liaison Western Region – Alliance for Tribal Clean Energy, señaló que no existe una única definición de transición justa. Desde su experiencia, agregó que los proyectos de energía limpia propiedad de pueblos indígenas han permitido mantener ecosistemas saludables y apoyar otras iniciativas comunitarias, además de contribuir a sanar traumas históricos mediante la creación de empleo y la provisión de servicios esenciales. “Es una oportunidad para ser impulsores”, enfatizó.
James Jenkins, director ejecutivo de Indigenous Clean Energy Canada, destacó que los proyectos energéticos externos han provocado desplazamientos y pérdida de patrimonio para los pueblos indígenas. En el nuevo panorama, la participación indígena en proyectos de energía limpia —solar, eólica, hidroeléctrica, biomasa, viviendas eficientes y almacenamiento de energía— ha alcanzado el 20 % en Canadá. En este caso, el impulso de estos proyectos proviene de financiamiento federal y de legislación provincial favorable.
Pichamon Yeophantong, del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, presentó los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos.
Melina Laboucan-Massimo, fundadora y directora ejecutiva de Sacred Earth Solar, invitó a descargar los manuales de su organización para conocer más sobre las diferencias entre los modelos de proyectos de prosperidad compartida, como las cooperativas y los modelos liderados por la comunidad. Subrayó que en este tipo de proyectos las ganancias regresan a la comunidad y la benefician, por ejemplo, con la capacidad financiera para adquirir camiones de bomberos o establecer parques, escuelas y sistemas de agua. “El dinero se queda en la comunidad”, resume. Prabindra Shakya, fundador y director de Community Empowerment and Social Justice Network, advirtió que algunos gobiernos, como el de Nepal, utilizan acuerdos de reparto de beneficios con comunidades indígenas como sustituto del consentimiento previo, libre e informado (CPLI). También criticó que en algunos de estos modelos los beneficios no llegan a las personas más afectadas. Para que los proyectos sean justos, las comunidades exigen el respeto del CPLI a lo largo de todo el ciclo del proyecto y que se priorice a los pueblos indígenas en la distribución de beneficios. Además, los beneficios deben ser colectivos y no individuales. La idea, señaló, es impulsar modelos liderados por pueblos indígenas a pequeña y mediana escala, en asociación con empresas y el sector público.
Ruth Kissam, de Papua New Guinea Women Leaders Network, destacó que el 97 % de las tierras de su isla son propiedad indígena. Defendió el derecho de las tribus a realizar actividades extractivas, ya que son fundamentales para su economía. Wikitoria Hepi-Te Huia, presidenta del Tauhara North No. 2 Trust, explicó que las comunidades decidieron que se construyera una planta geotérmica en su territorio, la cual está obligada a cumplir con la debida diligencia y la Ley de Tierras Maoríes. Actualmente, los pueblos indígenas poseen el 35 % de la planta y las ganancias se destinan al desarrollo comunitario.
Los participantes en la conferencia continuaron con el trabajo en grupos de discusión, que se reflejará en la elaboración de una Declaración y una Hoja de Ruta de la Conferencia. La conferencia se celebra del 12 al 14 y el 17 de abril, y está organizada conjuntamente por Right Energy Partnership with Indigenous Peoples (REP), el Business and Human Rights Resource Centre (BHRRC) y Indigenous Peoples Rights International (IPRI), con el patrocinio del PNUD y el apoyo de Nia Tero, The Christensen Fund, Henry Luce Foundation, Waverley ST Foundation y el Columbia Center on Sustainable Investment. Haga clic aquí para más información sobre la conferencia.
