La Misión Civil de Observación documenta violaciones de derechos humanos en el contexto del megaproyecto del Corredor Interoceánico del Istmo
19 organizaciones de la sociedad civil, nacionales e internacionales, documentan diversas violaciones de derechos humanos relacionadas con el megaproyecto. La mayoría de las agresiones ocurren contra integrantes de pueblos y comunidades indígenas; las intervenciones violentas provienen en gran medida de la Marina y la Guardia Nacional.
El 27 de julio concluyó la Misión Civil de Observación que inició el 25 de julio en la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, México, con el objetivo de documentar violaciones a los derechos humanos y agresiones contra personas defensoras de derechos humanos y comunidades en el contexto del megaproyecto conocido como Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT).
En la misión participaron 19 organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales y 8 periodistas de medios nacionales e internacionales.
Durante el recorrido de tres días, visitaron a personas y comunidades afectadas en la región norte, en el campamento “Tierra y Libertad” en Mogoñé Viejo, Oaxaca, el Polo de Desarrollo en Santa María Mixtequilla, y a integrantes de comunidades agredidas en Santa Cruz Tagolaba y Puente Madera.
Las personas y organizaciones participantes concluyeron que en la ejecución del CIIT existen violaciones a los derechos humanos de los habitantes de estas zonas y de quienes defienden los derechos colectivos de las comunidades indígenas, específicamente: el derecho a la información, ya que las comunidades señalan que no han tenido acceso a toda la información relevante sobre la construcción del megaproyecto y sus efectos en sus territorios; el derecho a la participación, a la libre determinación, al territorio, a un medio ambiente sano y a la identidad cultural, debido a la falta de una consulta previa, libre e informada conforme a estándares nacionales e internacionales; y el derecho a la vida, a la integridad, a la libertad personal y a la libertad de expresión, entre otros, debido a las agresiones físicas, el hostigamiento y la criminalización que enfrentan, especialmente quienes lideran la defensa de la naturaleza, la tierra y el territorio.
En la conferencia de prensa realizada el jueves 27 de julio en Juchitán, Oaxaca, organizaciones nacionales e internacionales expresaron su preocupación por los actos de agresión registrados en el contexto de la construcción del megaproyecto del Corredor Interoceánico. Señalaron que ha habido un incremento en los ataques durante este año y que la integridad de las personas defensoras que se oponen a este megaproyecto está en riesgo.
Durante la misión, las y los participantes también presenciaron incidentes de seguridad, como la presencia constante y vigilante de fuerzas armadas. Las y los integrantes de la misión insistieron en que no se ha llevado a cabo la consulta destinada a obtener el consentimiento de las comunidades indígenas ayuuk afectadas por el CIIT.
Por otro lado, se documentaron intervenciones violentas por parte de la Marina y la Guardia Nacional, como desalojos violentos, detenciones arbitrarias y criminalización contra personas defensoras en Mogoñé Viejo, Estación Sarabia y Palomares, así como amenazas y tentativas de despojo de viviendas de habitantes en Boca del Monte, San Juan Guichicovi.
En Santa María Mixtequilla también se documentó la intimidación por parte de la Guardia Nacional hacia la Asamblea Comunitaria, así como varios casos de represión contra personas que han mostrado resistencia al “Polo de Desarrollo” que se pretende construir.
También se documentaron ataques en la zona de Santa Cruz Tagolaba, en Tehuantepec, donde se han registrado hechos de agresión física, despojo, ocupación ilegal de tierras y desplazamiento forzado contra integrantes de la comunidad, debido a la especulación generada por el Corredor Interoceánico, al tratarse de un punto estratégico.
La comunidad indígena binnizá de Puente Madera ha sufrido una campaña de criminalización y difamación, así como una serie de ataques como detenciones arbitrarias y fabricación de delitos contra 17 personas defensoras por su lucha contra la imposición del “Polo de Desarrollo” de San Blas Atempa, Oaxaca.
Las personas integrantes de la misión también advirtieron sobre la existencia de ataques y afectaciones diferenciadas contra mujeres indígenas defensoras, quienes enfrentan agresiones, calumnias y difamación basadas en estereotipos de género y su sexualidad. Esto impacta también en sus roles de liderazgo, comunitarios y familiares.
Entre las autoridades responsables de las violaciones a los derechos humanos reportadas durante la misión se encuentran la Guardia Nacional, la Marina, el Ejército, la Policía Estatal, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, autoridades municipales y la Procuraduría Agraria. También se identificó la participación de diversas empresas, grupos armados y caciques locales.
De acuerdo con el Informe sobre la situación de personas y comunidades defensoras de derechos humanos ambientales en México, presentado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A. C. (CEMDA), entre octubre de 2021 y julio de 2023[1], se han registrado 31 eventos de ataques colectivos e individuales contra comunidades y personas defensoras de la tierra, el territorio y los derechos humanos en el marco de la construcción del Corredor Interoceánico, principalmente en los estados de Oaxaca y Veracruz.
La mayoría de las agresiones fueron cometidas contra personas pertenecientes a pueblos o comunidades indígenas. Más allá del megaproyecto del CIIT, en general Oaxaca ocupó el primer lugar en número de eventos de agresión entre 2019 y 2022, según dicha publicación. En un recuento de 2012 a 2018, Oaxaca también se posiciona como la entidad con mayor número de ataques documentados.
Los registros vinculados al CIIT indican al menos 21 casos de intimidación, hostigamiento y amenazas contra personas defensoras, sus familias o colectivos; 11 casos de violencia física y psicológica, así como desalojos forzados; 3 homicidios de personas defensoras entre octubre de 2022 y julio de 2023; 2 casos de difamación a través de medios de amplia difusión; y 43 denuncias penales contra autoridades locales y personas defensoras comunitarias en las comunidades de San Juan Guichicovi, Mogoñé Viejo, Mogoñé Estación, Paso Real, Estación Sarabia, Tagolaba y Puente Madera.
Tras concluir su recorrido e investigación sobre el proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, la Misión de Observación expresó su profunda preocupación por el contexto de riesgo para quienes ejercen su derecho legítimo a defender su territorio y reafirmó que dará seguimiento a las violaciones documentadas. Asimismo, llamó a reconocer y respetar los derechos humanos y colectivos a la libre determinación, la autonomía, el territorio, la participación, el consentimiento libre, previo e informado, y la vida de los pueblos indígenas conforme al derecho internacional; a garantizar el acceso a la justicia y detener todas las formas de amenazas y ataques contra los pueblos indígenas y las personas defensoras de derechos humanos y de la naturaleza; y a adoptar las medidas necesarias para asegurar un entorno seguro, en el marco del artículo 9 del Acuerdo de Escazú, para que puedan llevar a cabo su labor. Proporcionar a los pueblos indígenas la información necesaria, suficiente, completa y culturalmente adecuada sobre el megaproyecto y todos sus componentes, como el gasoducto y los polos de desarrollo, para que puedan ejercer su derecho a la libre determinación.
Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, 27 de julio de 2023
La Misión de Observación está integrada por:
Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C.; Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI); Front Line Defenders; Brigadas Internacionales de Paz (PBI); Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT); Corriente del Pueblo Sol Rojo; Resistencia Civil Mixtequillense; Servicios para una Educación Alternativa A.C.; Tribunal Internacional de Conciencia de los Pueblos en Movimiento (TICPM); Prevención, Capacitación y Defensa del Migrante, A.C. (PRECADEM); Servicios y Asesoría para la Paz A.C. (SERAPAZ); Brigada Humanitaria de Paz Marabunta; Brigada Humanitaria de Paz Marabunta Oaxaca; Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, A.C.; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C.; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para todas y todos” (Red TDT); Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos; Artículo 19 México; Espacio OSC; Grupo de Trabajo “Fronteras, regionalización y globalización” del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO); Proceso de Articulación de la Sierra Santa Marta; Indigenous Peoples Rights International (IPRI-México); Congreso Nacional Indígena.
[1] Los datos de 2023 corresponden a información recopilada como parte del nuevo informe 2023.
