Durante la semana del 27 al 31 de marzo de 2023, Indigenous Peoples Rights International y Front Line Defenders realizaron una visita conjunta a Chiapas con el objetivo de documentar la situación de riesgo y violencia que enfrentan los defensores, organizaciones y comunidades indígenas en el estado. Nos reunimos con 30 defensores y autoridades indígenas de 12 casos de personas defensoras de derechos humanos o procesos comunitarios que enfrentan riesgos en relación con su labor, pertenecientes a los pueblos tseltal, tsotsil y ch’ol en los municipios de Palenque, Tila, Chilón, Chenalhó, Ocosingo, Simojovel, San Cristóbal, San Juan Cancuc, Aldama y Chicomuselo.
En estas reuniones recibimos información sobre una nueva ola de violencia contra defensores y comunidades indígenas ch’oles, tsotsiles y tseltales, así como diversas preocupaciones respecto a la impunidad que ha acompañado este contexto.
Además de reuniones y entrevistas con organizaciones de la sociedad civil locales, nacionales e internacionales con presencia en Chiapas, se llevaron a cabo dos reuniones con autoridades gubernamentales: una con la directora de Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno, Marisol Gómez Hernández, y otra con la Fiscalía General del Estado, representada por el Dr. Manuel de Jesús Corado de Paz, director de Atención a Víctimas, y el Dr. Pedro Sergio Becerra Toledo, director de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos.
Estos son los principales hallazgos de ambas organizaciones, como resultado del trabajo de documentación y la recopilación de testimonios durante esta visita:
- We identified a clear pattern of criminalisation against indigenous defenders who work on environmental rights, territory, autonomy and self-determination of their communities. This pattern is evidenced in the growing number of cases, in the fabrication of crimes and violations of due process with a strong impact on community organisation and the struggle for collective rights. We observed this in cases such as that of Cristóbal Santiz from Aldama and Father Marcelo Pérez Pérez from San Cristóbal.
- Destacamos que, en el contexto actual del uso del sistema penal contra personas defensoras y comunidades, existe un patrón de criminalización contra quienes se han opuesto a la militarización de sus comunidades como parte de su lucha en defensa de sus derechos colectivos. Esto puede observarse en los casos de Manuel Santiz Cruz, de la comunidad de San Juan Cancuc; César Hernández y José Luis Gutiérrez, del ejido de San Sebastián Bachajón en Chilón (quienes esperan su próxima audiencia el 24 de abril); Cristóbal Santiz, de Aldama; así como en las investigaciones recientes contra personas defensoras de la comunidad de Taniperla, en Ocosingo.
- Observamos la falta de soluciones duraderas a los conflictos agrarios y territoriales en las comunidades, lo que continúa representando un alto riesgo para las personas defensoras de derechos humanos y perpetúa la descomposición del tejido social comunitario. Esta situación se ha agravado por el contexto actual de despojo de tierras, la militarización de la región, la disputa por el control territorial y la imposición de actividades económicas por parte de grupos del crimen organizado.
- Existe una situación delicada derivada de la falta de intervenciones oportunas por parte de las autoridades del Estado frente a las amenazas y riesgos que enfrentan las personas defensoras de comunidades indígenas en Chiapas. A pesar de que las personas defensoras en riesgo han reportado y/o denunciado graves amenazas y ataques, las autoridades no han intervenido antes de que muchos de estos hechos deriven en violaciones graves a los derechos humanos.
Este ha sido el caso del asesinato del defensor Simón Pedro Pérez, ex presidente de la mesa directiva de Las Abejas de Acteal; la situación de las 5 familias desplazadas de Nueva Palestina, municipio de Ocosingo, como consecuencia de una cadena de graves violaciones a los derechos humanos que incluyen: desaparición, intento de homicidio, tortura sexual, lesiones, quema y destrucción de sus propiedades, lo que provocó el desplazamiento de 25 personas, entre ellas niñas, niños y adolescentes; así como la violencia física, el hostigamiento y las amenazas de muerte contra la defensora tsotsil Pascuala López López, del ejido Pinar Cuxtitalli, en San Cristóbal de Las Casas. - Reconocemos con preocupación que las personas defensoras de derechos humanos y sus comunidades realizan su labor en un contexto de proliferación y diversificación de grupos armados, lo que ha agravado una situación compleja heredada del contexto del paramilitarismo de la década de 1990 y de la impunidad persistente vinculada a este fenómeno.
- Recabamos testimonios importantes que evidencian la existencia de vínculos entre autoridades estatales y municipales y el crimen organizado, lo que genera condiciones favorables para que prevalezca la impunidad. A esta crisis se suma lo que identificamos como un patrón de retraso y aplazamiento de audiencias en casos relacionados con personas defensoras de derechos humanos, tanto en los procesos de búsqueda de justicia, como en el caso del asesinato del defensor Simón Pedro Pérez López, como en los procesos de criminalización de personas defensoras de derechos humanos, como en el caso de Manuel Santiz Cruz, de la comunidad de San Juan Cancuc.
- Finalmente, identificamos dentro de las instituciones del gobierno estatal una falta de reconocimiento del trabajo de las personas defensoras de derechos humanos y de las comunidades indígenas. Esto resulta particularmente evidente en la sentencia dictada el 31 de marzo respecto al asesinato del defensor de derechos humanos Simón Pedro, donde su labor en defensa de los derechos humanos nunca fue incorporada en la investigación ni en la resolución como parte del móvil del crimen.
La falta de reconocimiento del trabajo de las personas defensoras de derechos humanos y el riesgo que ello implica se suma a un contexto de estigmatización y campañas de desprestigio en su contra, como ha ocurrido en el caso del defensor padre Marcelo Pérez Pérez.
Front Line Defenders
Indigenous Peoples Rights- International-IPRI
Contact:
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