En julio de 2022, llegaron buenas noticias para cuatro niños tribales en India, víctimas de graves violaciones de derechos humanos. El Estado informó que ya había autorizado y comenzado a pagar una compensación por los abusos sexuales sufridos por los menores en un hogar de acogida administrado por el gobierno en el distrito de Jashpur, en Chhattisgarh.
Además, dos funcionarios públicos del centro fueron arrestados y encarcelados.
En octubre de 2021, tras investigar los hechos, el Indigenous Rights Advocacy Centre (IRAC) —organización socia de IPRI en India— presentó una denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (NHRC) contra la violación de una niña tribal con discapacidad y el abuso sexual y tortura de otras cinco menores.
Tras admitir la denuncia y registrarla como el Caso No. 576/33/7/2021, la Comisión emitió una notificación al Magistrado del Distrito de Jashpur y al Superintendente Superior de Policía de Jashpur para que presentaran un informe de acciones en un plazo de cuatro semanas.
Al no recibirse respuesta, la NHRC, el 7 de febrero de 2022, expresó su “seria preocupación por la actitud no colaborativa de las autoridades competentes” y emitió un recordatorio.
En cumplimiento de estas instrucciones, el Superintendente de Policía de Jashpur presentó el 28 de febrero de 2022 un informe sobre el avance del caso.
El 4 de abril de 2022, la NHRC volvió a ordenar al Magistrado del Distrito y al Superintendente de Policía de Jashpur que presentaran un informe adicional sobre las acciones tomadas respecto al pago de compensación monetaria a las víctimas.
Al no cumplirse con lo solicitado, el 6 de junio de 2022 la NHRC emitió citaciones para que ambos funcionarios comparecieran personalmente el 25 de julio con los informes requeridos.
Esto llevó al Superintendente de Policía a presentar, el 1 de julio de 2022, un informe detallado sobre las acciones tomadas en la denuncia presentada por IRAC.
El gobierno estatal autorizó un total de 1.62 millones de rupias (20,285 USD) como compensación para cuatro víctimas. Además, dos funcionarios del centro —el cuidador y un guardia— fueron arrestados y puestos bajo custodia judicial. Se presentaron cargos formales contra ellos ante el tribunal especial de Jashpur bajo el Código Penal Indio (IPC), la Ley de Protección de Niños contra Delitos Sexuales (POCSO) y la Ley de Prevención de Atrocidades contra Castas y Tribus Registradas.
Este avance en materia de justicia es una señal positiva en un país donde han aumentado las atrocidades contra los pueblos Adivasi/tribales.
En India hay aproximadamente 104.3 millones de pueblos indígenas o Tribus Registradas, también llamados tribales o Adivasi. Representan el 8.6% de la población total del país, y el 90% vive en zonas rurales.
A pesar de contar con protección constitucional especial, los Adivasis enfrentan criminalización, violencia e impunidad tanto por parte del Estado como de actores no estatales.
Según el informe más reciente de IPRI sobre criminalización, en 2020 la tasa de condena por delitos contra los Adivasis fue del 28.5%, a pesar de la existencia de tribunales especiales para juicios rápidos. En el caso de mujeres y niños, entre 2017 y 2019, la tasa de condena bajo la Ley de Prevención de Atrocidades fue de apenas 26.86%, mientras que el 84.09% de los casos permanecían pendientes.
