Primera Conferencia Internacional sobre la Transición para Abandonar los Combustibles Fósiles
24-29 de abril de 2026
Santa Marta, Colombia
Organizada conjuntamente por los Gobiernos de Colombia y los Países Bajos
Propuesta de la organización Derechos de los Pueblos Indígenas Internacional
Derechos de los Pueblos Indígenas Internacional (IPRI) desea contribuir a la convocatoria de propuestas para la Primera Conferencia Internacional sobre la Transición para Abandonar los Combustibles Fósiles. Nuestra propuesta se basa en las experiencias vividas y en las aspiraciones de los Pueblos Indígenas, especialmente aquellos afectados por las industrias extractivas de combustibles fósiles y los proyectos de desarrollo de energías renovables, incluida la extracción de minerales de transición.
Obstáculos para lograr una transición justa hacia la eliminación de los combustibles fósiles
1. Desigualdades estructurales y modelos de desarrollo extractivistas
Un obstáculo importante para una transición justa es la persistencia de sistemas económicos extractivistas que históricamente han explotado las tierras, los recursos y los ecosistemas de los Pueblos Indígenas. La transición hacia las energías renovables corre el riesgo de reproducir los mismos patrones de explotación si sigue dando prioridad a la extracción de recursos, los beneficios empresariales y las infraestructuras centralizadas por encima de la equidad y un desarrollo basado en los derechos y liderado por las comunidades. Esto da lugar a lo que muchos líderes indígenas describen como «colonialismo verde», en el que la extracción de combustibles fósiles se sustituye por la energía renovable y la extracción de minerales de transición sin transformar las estructuras de poder subyacentes ni el sistema económico extractivo y explotador
2. Falta de gobernanza global y de marcos vinculantes para la eliminación gradual de los combustibles fósiles
A pesar de los compromisos globales para abordar el cambio climático, no existe un marco internacional vinculante que regule la producción y la eliminación gradual de los combustibles fósiles. La ausencia de gobernanza por el lado de la oferta permite la expansión continuada de la extracción de combustibles fósiles, al tiempo que socava la acción internacional coordinada. Sin normas globales claras ni mecanismos reguladores y de rendición de cuentas eficaces para las empresas y los gobiernos que desean dominar y ralentizar la transición, no solo se pone en riesgo, sino que también se agravan los impactos irreversibles del cambio climático, lo que hace que la transición sea insostenible e inequitativa, recayendo la carga de manera desproporcionada sobre los Pueblos Indígenas y los sectores vulnerables, incluidas las mujeres.
3. Marginación de los Pueblos Indígenas en el acceso a las energías renovables y en la toma de decisiones sobre clima y energía
Aunque en los territorios de los Pueblos Indígenas hay muchos proyectos de desarrollo de energías renovables, como presas hidroeléctricas, parques solares y eólicos, y centrales geotérmicas, a las comunidades indígenas de acogida a menudo no se les proporciona acceso a la energía generada por estos proyectos, ya que está destinada a las zonas urbanas, las industrias y las infraestructuras y servicios relacionados con el turismo. En cambio, las comunidades indígenas de acogida sufren el acaparamiento de tierras, los desalojos y la destrucción y degradación de las masas de agua, sus medios de vida y sus sistemas alimentarios. Esto pone de manifiesto la injusticia de la transición energética, que margina aún más a los Pueblos Indígenas.
Del mismo modo, los Pueblos Indígenas, incluidas las mujeres indígenas, siguen estando en gran medida excluidos de los procesos de gobernanza climática y energética a nivel mundial, nacional y regional, a pesar de su papel fundamental como guardianes de los ecosistemas. Su participación suele limitarse a la consulta, en lugar de ser una participación significativa. Nuestros derechos como Pueblos Indígenas, incluido nuestro derecho a participar en la toma de decisiones, tal y como reconocen instrumentos internacionales como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (UNDRIP), suelen pasarse por alto.
4. Reconocimiento débil de los derechos territoriales indígenas y falta de aplicación del consentimiento libre, previo e informado (CLPI)
Muchos Pueblos Indígenas carecen de un reconocimiento oficial de sus tierras, territorios y recursos, lo que da lugar a desplazamientos, a la pérdida de medios de subsistencia y de los sistemas alimentarios, entre otras consecuencias. Un factor clave del acaparamiento de tierras en los territorios indígenas es la expansión de los proyectos de combustibles fósiles, las infraestructuras de energías renovables y la minería de minerales de transición. Incluso cuando se llevan a cabo consultas, estas no cumplen los estándares del Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI), lo que da lugar a conflictos, despojo de tierras y violaciones de los derechos humanos, incluida la violencia contra las mujeres y niñas indígenas
5. Expansión del «extractivismo verde» para los minerales de transición
El rápido aumento de la demanda de minerales como el litio, el cobre, el cobalto y el níquel para las tecnologías renovables ha intensificado la presión sobre las tierras y territorios indígenas. Más de la mitad de los minerales necesarios para la transición energética mundial se encuentran en tierras de los Pueblos Indígenas o cerca de ellas. Sin la protección y la seguridad de los derechos de los Pueblos Indígenas a las tierras, los territorios y los recursos naturales, esta expansión da lugar a la degradación del medio ambiente, la escasez de agua, el aumento de la violencia contra las mujeres y niñas indígenas y la alteración de los medios de vida y los sistemas alimentarios indígenas.
6. Marginación económica y falta de acceso a la financiación climática
Aunque los territorios indígenas desempeñan un papel fundamental en la mitigación del cambio climático y la protección de la biodiversidad, los Pueblos Indígenas reciben directamente menos del 1 % de la financiación mundial para el clima. Esta exclusión financiera les impide fortalecer su resiliencia, desarrollar iniciativas de energía renovable impulsadas por la comunidad y participar de manera significativa en la planificación de la transición.
7. Criminalización y violencia contra las personas defensoras indígenas del medio ambiente
Los líderes indígenas, incluidas las mujeres indígenas y las comunidades que se oponen tanto a la extracción de combustibles fósiles como a los proyectos de transición energética perjudiciales, se enfrentan cada vez más a la criminalización, el acoso y la violencia. Estos ataques se ven agravados por la inconsistencia o la ausencia de leyes nacionales que protejan los derechos de los Pueblos Indígenas y por una gobernanza débil. Dicha represión afecta de manera desproporcionada a los Pueblos Indígenas, especialmente a las mujeres indígenas, violando sus derechos y socavando la participación democrática necesaria para una transición justa e inclusiva.
2. Soluciones clave para lograr una transición justa
1. 1. Transformar los sistemas económicos basándose en las necesidades, los derechos y el bienestar de las personas; y el uso y la gobernanza sostenibles y equitativos de los recursos como fundamento de una transición justa
El modelo económico actual es extractivo, insostenible y profundamente desigual. Deja a la mayoría de la población mundial en condiciones de pobreza y marginación, al tiempo que amplía la brecha entre los países desarrollados y en desarrollo. Esta desigualdad se ve reforzada por el dominio económico y el control sobre el comercio, las inversiones y el avance tecnológico.
Este sistema también genera una demanda energética excesiva y derrochadora, en gran medida para mantener el poder económico y los patrones de consumo de las empresas y los países poderosos. Como resultado, los sistemas energéticos siguen dando prioridad a los beneficios y al crecimiento por encima del bienestar humano, el equilibrio ecológico y la justicia social.
Por lo tanto, es necesaria una transformación fundamental del sistema económico mundial. Dicha transformación debe situar en el centro las necesidades de las personas, los derechos humanos —incluidos los derechos de los Pueblos Indígenas— y el uso y la gestión sostenibles y equitativos de los recursos. Solo a través de este cambio podrá la transición energética ser verdaderamente justa, sostenible y equitativa.
2. Establecer un marco global para regular la eliminación gradual de los combustibles fósiles
Se necesita un marco global jurídicamente vinculante —como un Tratado sobre los Combustibles Fósiles— para coordinar la eliminación gradual y controlada de la producción de combustibles fósiles, poner fin a nuevas exploraciones y garantizar una transición equitativa. Dicho marco debería incluir mecanismos financieros, cooperación tecnológica y estructuras de gobernanza que garanticen la participación de los Pueblos Indígenas y el respeto de los derechos humanos.Cualquier marco vinculante que regule la producción y la eliminación gradual de los combustibles fósiles deberá incluir, como medidas inmediatas, disposiciones claras que prohíban la extracción y el desarrollo de proyectos energéticos en los territorios de los Pueblos Indígenas en aislamiento voluntario, así como en áreas ricas en biodiversidad y en las tierras y territorios de los Pueblos Indígenas sin nuestro consentimiento libre, previo e informado. También deberá incluir disposiciones claras y la asignación de recursos para la rehabilitación y restauración de las zonas afectadas por la minería, así como una indemnización adecuada para las comunidades indígenas afectadas, incluidas disposiciones para garantizar sus medios de vida sostenibles. A los Pueblos Indígenas afectados se les devolverán sus tierras, territorios y derechos sobre el agua, con recursos asignados para la restauración ecológica y la rehabilitación, especialmente de las tierras, masas de agua y bosques contaminados y degradados; y se les proporcionará una indemnización adecuada por la pérdida de sus medios de vida y sistemas alimentarios.
3. Reconocer y garantizar los derechos de los Pueblos Indígenas a la tierra, los territorios y los recursos
El reconocimiento legal de los derechos indígenas a la tierra y al territorio es esencial para prevenir el acaparamiento de tierras con fines de desarrollo energético y permitir que las comunidades controlen las decisiones que afectan a sus territorios. Los gobiernos y el sector privado, como las empresas energéticas y de servicios públicos, deben institucionalizar el Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) como requisito obligatorio para los planes y proyectos que afecten a los Pueblos Indígenas, y deben integrarlo en todas las políticas climáticas, energéticas y mineras, así como en los planes de desarrollo y proyectos. Los territorios de los Pueblos Indígenas en aislamiento voluntario también deben ser reconocidos y demarcados para la protección plena y efectiva de las tierras y los recursos.
4. Garantizar la participación significativa de los Pueblos Indígenas como titulares de derechos
Los Pueblos Indígenas deben participar de manera plena y efectiva en la diplomacia climática, la planificación energética y la gobernanza de la transición a todos los niveles. La participación debe ir más allá de la consulta y abarcar la autoridad en la toma de decisiones, una representación adecuada —incluidas las mujeres indígenas, los jóvenes y las personas con discapacidad— y una gobernanza compartida, reconociendo a los Pueblos Indígenas como titulares de derechos sobre sus tierras, territorios y recursos, en lugar de meras partes interesadas.
5. Promover y apoyar las energías renovables impulsadas por las comunidades y la distribución equitativa de los beneficios
Los sistemas energéticos deben dar prioridad a la gestión comunitaria y al reparto equitativo de los beneficios, en lugar de a los beneficios empresariales. Las iniciativas de energía renovable impulsadas por los Pueblos Indígenas —como los proyectos de energía solar, microhidroeléctricos y de biogás— deben recibir financiación y apoyo técnico. Este tipo de proyectos demuestran que los sistemas energéticos descentralizados pueden, al mismo tiempo, mejorar los medios de vida —incluidos los de las mujeres indígenas—, fortalecer las economías locales, respaldar la soberanía energética y reducir las emisiones. Las alianzas basadas en el consentimiento deberán incluir acuerdos vinculantes y equitativos de distribución de beneficios para el uso de las tierras y los recursos de los Pueblos Indígenas, tal y como los definan y determinen dichos pueblos, así como medidas de protección del medio ambiente.
6. Apoyar la gobernanza sostenible de los recursos guiada por los conocimientos y valores indígenas
Los sistemas de conocimiento, los valores y las prácticas de gobernanza indígenas han sostenido los ecosistemas durante generaciones bajo el liderazgo de las mujeres indígenas. Estos valores positivos, como vivir en armonía con la naturaleza, el uso y la gestión sostenibles de los recursos para el bien común, deben guiar el diseño y la implementación de soluciones energéticas y climáticas con la participación significativa y el liderazgo de las mujeres indígenas. Las vías de transición deben dar prioridad a la integridad ecológica e , a la vida en armonía con la naturaleza, a la protección de la biodiversidad, a la gestión sostenible de los recursos, al liderazgo de las mujeres indígenas, a la cooperación y a la solidaridad, en lugar de a la competencia y al control.
7. Garantizar el acceso directo de los Pueblos Indígenas a la financiación climática
Los mecanismos internacionales de financiación climática deben proporcionar financiación directa y accesible a los Pueblos Indígenas y sus instituciones —incluidas las organizaciones y redes de mujeres indígenas, jóvenes y personas con discapacidad— para fortalecer la resiliencia, las soluciones inclusivas y lideradas por la comunidad, las iniciativas de energía renovable, la protección de los ecosistemas y los medios de vida sostenibles para todos.
8. Proporcionar reparaciones, restauración de los ecosistemas y devolución de tierras, territorios y derechos sobre el agua
Una transición justa debe abordar la injusticia histórica causada por la extracción de combustibles fósiles. Esto incluye la restauración de los ecosistemas dañados, la devolución de tierras y derechos sobre el agua a los Pueblos Indígenas, y la provisión de compensaciones tanto financieras como no financieras por la pérdida de medios de vida, patrimonio cultural y lugares sagrados.
9. Fortalecer la protección de las personas defensoras indígenas del medio ambiente
Los gobiernos y las instituciones internacionales deben establecer mecanismos de protección sólidos para salvaguardar a los defensores indígenas del medio ambiente y garantizar la rendición de cuentas por los ataques, el acoso, la criminalización y las violaciones de los derechos humanos. Esto incluye la adopción de políticas de tolerancia cero ante las violaciones de los derechos humanos relacionadas con la transición energética, así como reformas políticas contra la criminalización de los Pueblos Indígenas que ejercen, reivindican y defienden sus derechos. Los mecanismos de protección eficaces deben contar con recursos financieros y técnicos suficientes a nivel local, nacional, regional y mundial.
En conclusión, una transición justa no es simplemente un cambio tecnológico de los combustibles fósiles a las energías renovables. Requiere una transformación fundamental de la gobernanza, las relaciones de poder y los sistemas económicos, basada en la justicia social, la sostenibilidad ecológica, la soberanía energética y el respeto por los derechos, los conocimientos y la autodeterminación de los Pueblos Indígenas.
