INDIA – NORESTE || La militarización y los conflictos están provocando violaciones a los derechos humanos, despojo de tierras y ejecuciones extrajudiciales de pueblos indígenas

INDIA – NORESTE || La militarización y los conflictos están provocando violaciones a los derechos humanos, despojo de tierras y ejecuciones extrajudiciales de pueblos indígenas

Numerosos casos de ejecuciones extrajudiciales, detenciones, tortura y despojo de tierras contra los pueblos indígenas están ocurriendo con total impunidad. ¡Esto debe terminar ahora!

La organización Indigenous Peoples Rights International condena la militarización y las graves violaciones a los derechos humanos que de ella se derivan contra los pueblos indígenas en la región noreste de la India.
Hacemos un llamado a las autoridades para que lleven a cabo de inmediato una investigación imparcial; sancionen a las personas responsables; protejan a las víctimas —incluidas sus comunidades— y garanticen su acceso a la justicia y a la reparación. Estos crímenes no deben quedar en la impunidad.

En el contexto del conflicto entre el gobierno de la India y grupos armados, diversos territorios indígenas en todo el país, especialmente en la región noreste y en los estados afectados por el conflicto maoísta, han sido militarizados.
La militarización ha derivado en despojo de tierras, ejecuciones extrajudiciales, tortura y detenciones. Además, las fuerzas armadas cuentan con una impunidad prácticamente absoluta y facultades amplias para “disparar o utilizar la fuerza de cualquier otra manera, incluso causando la muerte”, así como para detener a cualquier persona sin orden judicial en virtud de la Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 vigente en la región noreste.

El 4 de diciembre de 2021, en el distrito de Mon, en Nagaland, el Ejército de la India mató a trece trabajadores indígenas inocentes. La causa alegada de la masacre fue una “confusión de identidad”.
Al día siguiente, otro integrante de la comunidad tribal fue asesinado por el ejército al disparar contra personas que protestaban.

Personas integrantes de comunidades tribales que se han opuesto a la militarización y al despojo de tierras han sido asesinadas, detenidas y acusadas con cargos fabricados. Las autoridades han etiquetado a las víctimas de estos hechos como “maoístas” con el fin de justificar sus acciones.

Estos no son casos aislados, sino acciones sistemáticas por parte del Estado y sus fuerzas militares. A lo largo de 2021 se han documentado diversos casos que siguen este patrón. Entre ellos se incluyen, entre otros, los siguientes:

El 18 de febrero de 2021, dos mujeres tribales identificadas como Pandey Kawasi (20 años) y Kumari Jogi Kawasi (35 años) presuntamente fueron detenidas por la policía en su comunidad de Gudse, en el distrito de Dantewada, en Chhattisgarh.
Al día siguiente, fueron fotografiadas junto con otras cuatro personas como “maoístas rendidas” en el marco del programa Lon Varratu. El 23 de febrero, Pandey falleció bajo custodia policial.

  • El 30 de mayo de 2021, Payke Veko (24 años) presuntamente fue privada de la libertad en su domicilio y asesinada bajo custodia policial en el distrito de Dantewada, en Chhattisgarh.
    La policía afirmó que murió en un enfrentamiento con maoístas el 31 de mayo y que se le incautaron armas y municiones.
  • El 12 de junio de 2021, Bramhadev Singh (24 años) presuntamente fue abatido por fuerzas de seguridad en la aldea de Piri, en el distrito de Latehar, en Jharkhand. Había acudido al bosque junto con otras personas de comunidades tribales para cazar con motivo del festival de Sarhul.
  • El 27 de junio de 2021, Santosh Markam (35 años) presuntamente fue torturado y asesinado a tiros por la policía frente a otros habitantes de su comunidad, y posteriormente señalado como un “naxalita peligroso” en la aldea de Neelavaya, en el distrito de Dantewada, en Chhattisgarh.

El Estado no ha presentado pruebas convincentes sobre estas acusaciones, ya que se trata de cargos fabricados o falsos. El contexto previo cuestiona de manera contundente la versión de las autoridades.
Antecedentes como el informe de la comisión de investigación del juez V. K. Agrawal concluyeron que el supuesto enfrentamiento entre fuerzas de seguridad y presuntos maoístas, en el que murieron 17 habitantes tribales (siete de ellos menores de edad) en la región de Bastar, en Chhattisgarh, en junio de 2012, fue falso y que las personas asesinadas no eran maoístas.
Las fuerzas de seguridad habían afirmado haber abatido a maoístas en un intenso tiroteo en las selvas de Bastar durante la noche del 28 al 29 de junio de 2012.

Además, los pueblos indígenas quedan atrapados en medio del conflicto entre el Estado y los maoístas, mientras que el gobierno no garantiza la protección de su vida ni de sus derechos.
Los maoístas han asesinado a varias personas indígenas durante 2021, entre ellas: Korra Pilku (35 años), en la aldea de Kothapalem, en el distrito de Visakhapatnam, en Andhra Pradesh, el 5 de marzo; el menor Madkam Arjun (15 años) y Taati Hadma (21 años), en la zona de Jagargunda, en el distrito de Sukma, en Chhattisgarh, el 19 de abril de 2021; Sitaram Ketan, en la aldea de Amjhar, en el distrito de Dhamtari, también en Chhattisgarh, el 16 de junio; y Madvi Raj Kumar, en la aldea de Cheruvugumpu, en el distrito de East Godavari, en Andhra Pradesh, el 17 de noviembre.

La organización Indigenous Peoples Rights International condena la violencia, la criminalización, el despojo de tierras y los asesinatos cometidos contra los pueblos indígenas.
La impunidad debe terminar y las personas responsables deben rendir cuentas, garantizando justicia para las víctimas, sus familias y sus comunidades.

Indigenous Peoples Rights International insta al Estado de la India a cumplir con sus obligaciones de respetar, reconocer y proteger los derechos de los pueblos indígenas, conforme a lo establecido en la legislación nacional, el derecho internacional y los instrumentos de derechos humanos, y a derogar de manera inmediata la Armed Forces (Special Powers) Act, 1958.
Asimismo, exhortamos al gobierno de India a adoptar medidas prontas y urgentes para investigar de manera objetiva estos casos, implementar acciones que prevengan su repetición y garantizar que las víctimas, sus familias y sus comunidades tengan acceso efectivo a la justicia y reciban una reparación adecuada por estos crímenes.
¡Estos actos de violencia e impunidad deben terminar ahora!

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