En el Día de los Derechos Humanos, los pueblos indígenas en América Latina enfrentan una situación profundamente grave. Se encuentran en desventaja frente a la brecha existente entre el desarrollo de normas nacionales e internacionales para la protección de sus derechos y su falta de implementación en la práctica.
No solo enfrentan la fuerza del Estado, que impone proyectos de “desarrollo” y los despoja de sus tierras, sino también a grupos armados ilegales que disputan sus territorios con violencia letal.
En este contexto, los pueblos indígenas son a menudo blanco de violencia con total impunidad, con el objetivo de debilitar su resistencia colectiva y apropiarse de sus tierras y recursos.
Algunas de estas acciones incluyen: ejecuciones extrajudiciales, criminalización de líderes y comunidades, tortura, abusos contra las mujeres y desplazamientos forzados.
En América Latina, tres países encabezan el número de defensores de derechos humanos asesinados: México, Colombia y Brasil. A continuación, se presentan algunos de los principales hallazgos de los equipos nacionales de Indigenous Peoples Rights International:
Brasil
Durante los últimos cinco años, la violencia contra los pueblos indígenas se ha agravado profundamente. La retórica y las acciones de la administración de Bolsonaro son contrarias a los derechos de los pueblos indígenas reconocidos internacionalmente. Además, trata a los pueblos indígenas como enemigos.
La continua desinformación pública y el discurso antiindígena son ampliamente reproducidos en los medios de comunicación y en las distintas instancias del Estado. Los ataques y amenazas de Bolsonaro orientan las acciones de grupos paramilitares y milicias armadas que impulsan la deforestación ilegal y las actividades extractivas, el acaparamiento de tierras y la invasión de territorios indígenas, entre otras acciones violentas.
Además, las comunidades sufren cuando sus miembros son víctimas de violencia. Asimismo, los pueblos indígenas enfrentan un sistema de justicia que los criminaliza y que aún los reconoce bajo la tutela de la institución estatal encargada de asuntos indígenas. No cuentan con acceso a una representación legal adecuada. Las instituciones públicas —que deberían garantizar los derechos de los pueblos indígenas— han sido objeto de acoso constante, y las políticas públicas en materia intercultural y ambiental han retrocedido, lo que tiene un impacto negativo directo en la calidad de vida de los pueblos indígenas. Esta situación se ha agravado en el contexto de la pandemia. Bajo el pretexto de la recuperación económica, las autoridades han encubierto acciones legales destinadas a despojar a los pueblos indígenas de sus tierras.
A pesar de ello, los pueblos indígenas han desafiado este discurso y las acciones que vulneran sus derechos. No obstante, su lucha ha derivado en la fabricación de cargos contra sus líderes, la estigmatización, la criminalización de las luchas colectivas e incluso en acciones judiciales, como ocurre con el caso del “Marco Temporal” actualmente en discusión en el Supremo Tribunal Federal de Brasil.
Colombia
En Colombia, los pueblos indígenas enfrentan ataques constantes en múltiples frentes. Fuerzas externas acechan sus territorios, especialmente en los departamentos de Chocó, Nariño y Cauca.
Se han registrado numerosos casos de asesinatos, personas heridas, desplazamientos, enfrentamientos armados, despojo de sus territorios, uso de minas antipersonales y confinamiento de la población.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos recibió 180 denuncias de homicidios contra defensores de derechos humanos entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2021.
Además, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ) registró, hasta el 9 de noviembre, el asesinato de 152 defensores de derechos humanos y líderes sociales. Muchos de ellos eran indígenas.
Durante la movilización nacional de 2021, los pueblos indígenas se unieron en la “Minga”. Actores gubernamentales y privados respondieron con ataques físicos y discursivos contra las manifestaciones y quienes las apoyaban.
México
México es un Estado caracterizado por una grave crisis de derechos humanos. Está profundamente afectado por la colusión entre autoridades estatales (en todos los niveles) y los cárteles de la droga. Esta situación se agrava por un clima de casi total impunidad.
Los pueblos indígenas sufren ataques crecientes por parte de grupos criminales violentos que disputan sus territorios mediante desapariciones forzadas, tortura y ejecuciones.
Además, las acciones del Estado han incrementado los conflictos entre comunidades: algunas son desplazadas internamente por el crimen organizado o desalojadas por empresas. Asimismo, el Estado continúa negando el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, particularmente a través de acciones políticas y legales para evitar el cumplimiento del derecho al Consentimiento Libre, Previo e Informado.
IPRI documentó que, hasta junio de 2021, catorce defensores indígenas de derechos humanos habían sido asesinados. Estos crímenes permanecen en la impunidad, agravados por el hecho de que no existe una perspectiva favorable de justicia ni de reparación por parte del Estado.
Estos tres países evidencian los altos costos que los pueblos indígenas pagan por la defensa de sus tierras, recursos y del medio ambiente. Sin embargo, también se pueden encontrar procesos de resistencia, incidencia y creación de alternativas desde las bases comunitarias.
Los pueblos indígenas y sus procesos necesitan aliados y solidaridad. Por ello, se han dado a la tarea de construir puentes de solidaridad a través de una serie de documentales y videos cortos.
Si deseas conocer más sobre estas historias, visita: www.iprights.org
