Aproximadamente el 20 % del territorio de la Tierra está constituido por tierras indígenas. Estas tierras son el hogar de cerca de 476 millones de personas indígenas en todo el mundo, en más de 90 países.
Las tierras y territorios indígenas son el núcleo de la cultura, la espiritualidad y la identidad de los pueblos indígenas. Para ellos, la tierra es la vida.
En todo el mundo, los pueblos indígenas arriesgan su vida y su libertad para proteger sus tierras y territorios. Como consecuencia, están expuestos de manera constante a una amplia gama de violencias y ataques, que van desde la criminalización, el acoso y la militarización, hasta el despojo de tierras, las detenciones arbitrarias y los asesinatos.
La criminalización de los pueblos indígenas está aumentando a un ritmo alarmante. Para definir claramente este término, la criminalización consiste en el uso indebido de las leyes penales, que implica la manipulación del poder punitivo del Estado y de actores no estatales. Esto se lleva a cabo para controlar, castigar o impedir el ejercicio del derecho a defender los derechos humanos.
Esto genera daños negativos, y a menudo irreparables, tanto para las personas indígenas como para los pueblos indígenas en su conjunto. Entre los casos de criminalización se encuentran la presentación de cargos falsos de terrorismo, asesinato, allanamiento, robo, tala ilegal y la estigmatización de defensores de derechos humanos. Al igual que en los casos de asesinatos, la criminalización suele estar precedida por amenazas y ataques dirigidos a infundir miedo o a deslegitimar los esfuerzos de defensa de derechos.
Varios casos de criminalización y asesinato de pueblos indígenas evidencian una relación con la defensa de sus tierras y recursos frente a la minería, el agronegocio, los proyectos energéticos y otras industrias extractivas.
Asimismo, los Estados utilizan a las fuerzas militares y a grupos paramilitares para “limpiar” las zonas de cualquier resistencia por parte de los pueblos indígenas y facilitar así las operaciones sin obstáculos de las empresas que cuentan con contratos gubernamentales.
Peor aún, los arrestos y las detenciones de pueblos indígenas se han multiplicado mientras el mundo continúa enfrentando los efectos persistentes de la pandemia de COVID-19. l informe anual de criminalización 2021 de Indigenous Peoples Rights International (IPRI) señaló que, en medio de la pandemia, actores estatales, en colaboración con empresas, intensificaron los asesinatos y la criminalización de los pueblos indígenas. Asimismo, el informe destacó que muchos Estados implementaron confinamientos y flexibilizaron sus salvaguardas ambientales y sociales como medidas de recuperación económica. Como resultado, estos Estados facilitaron que algunas empresas y redes se apropiaran de las tierras y los recursos de los pueblos indígenas para el agronegocio, la minería u otras actividades ilícitas, mientras encarcelaban a los pueblos indígenas por su resistencia.
De manera similar, Frontline Defenders informó que, a finales de 2020, el 69 % de los 330 defensores de derechos humanos asesinados en 25 países trabajaban en la defensa de la tierra, los derechos de los pueblos indígenas y el medio ambiente, mientras que el 26 % se enfocaba específicamente en los derechos de los pueblos indígenas. También señaló que, con frecuencia, estos defensores de los derechos indígenas y de la tierra eran asesinados por actores estatales o por sicarios contratados por grandes empresas.
En los casos de asesinatos y detenciones ilegales de pueblos indígenas, los actores estatales vulneran los derechos a la libertad y a la seguridad, así como el derecho a no ser objeto de detenciones arbitrarias, establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La protección de estos derechos fundamentales es esencial para garantizar los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras, territorios y recursos, así como su derecho a la libre determinación, tal como se establece en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Al conmemorar el Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo (9 de agosto), cuyo lema este año es “No dejar a nadie atrás: los pueblos indígenas y el llamado a un nuevo contrato social”, es fundamental exigir la rendición de cuentas de los Estados y las empresas por las violaciones de derechos humanos contra los pueblos indígenas en todo el mundo, así como garantizar su seguridad y protección.
Ante la creciente preocupación por la impunidad con la que se cometen muchos de estos delitos, los Estados deben abordar los efectos de la discriminación y la impunidad, particularmente en lo que respecta a los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras, territorios y recursos, así como su derecho a la libre determinación. Finalmente, los pueblos indígenas, las personas defensoras y otros sectores deben fortalecer la solidaridad y la cooperación para poner fin a la impunidad en los crímenes contra los pueblos indígenas, así como a la criminalización y la violencia contra los pueblos indígenas en todo el mundo.
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