La sociedad civil condena las violaciones de derechos humanos contra los pueblos indígenas en Papúa Occidental

Un conflicto armado en curso en Papúa Occidental entre el ejército indonesio y el movimiento separatista deja a los pueblos indígenas atrapados en medio, lo que provoca muertes y violaciones de sus derechos.

202105asia indonesia papua© 2020 AP Photo/Achmad Ibrahim

Desde 1963, cuando el gobierno indonesio asumió formalmente el control administrativo de Papúa Occidental, las Fuerzas Armadas Nacionales de Indonesia (TNI) han llevado a cabo operaciones de seguridad criticadas por su violencia e intimidación contra los pueblos indígenas en la región.
Las TNI han intensificado sus operaciones militares en Papúa Occidental con el objetivo de poner fin al movimiento separatista (incluido, entre otros, el OPM). Recientemente, el gobierno indonesio creó una nueva categoría denominada “KKB” (Grupo Criminal Armado). Esta categoría incluye a personas o grupos que realizan cualquier actividad confrontativa en Papúa Occidental, sin definir claramente quiénes la integran. En consecuencia, cualquier persona o grupo puede ser etiquetado como terrorista.
El 29 de abril de 2021, el Estado indonesio declaró oficialmente a cualquier grupo criminal armado (KKB) como organización terrorista. Esta declaración se produjo tras el asesinato del jefe regional de inteligencia de Indonesia, el general I Gusti Putu Danny Karya Nugraha.

En respuesta, el presidente de Indonesia, Joko Widodo, ordenó a la policía y al ejército “perseguir y arrestar” a todas las personas involucradas en el llamado “KKB”, y se desplegaron 400 miembros del Batallón de Infantería de élite 315 en la región más oriental de Papúa Occidental. En los últimos tres años, el Estado indonesio ha enviado 21,369 efectivos a territorio papú.
El 24 de abril de 2021, el presidente de la Asamblea Consultiva del Pueblo (MPR), Bambang Soesatyo, reforzó estas órdenes contra el “KKB” al declarar que se debía “destruirlos primero. Los temas de derechos humanos se discutirán después”. Esta afirmación contradice el papel que Indonesia ha asumido como promotora de los derechos humanos y la democracia a nivel regional.
Entre otras iniciativas, Indonesia ha participado activamente en la creación y desarrollo de la Comisión Intergubernamental de Derechos Humanos de la ASEAN (AICHR) y fue elegida recientemente para representar a la región Asia-Pacífico en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDHNU) para el periodo 2020–2022.

Violaciones de derechos humanos en curso:

Ataques contra pueblos indígenas inocentes

Los pueblos indígenas se han visto obligados a huir de sus hogares a medida que el ejército y la policía de Indonesia han ingresado en sus aldeas, principalmente en las regiones montañosas de Nduga e Intan Jaya. Este patrón de desplazamiento no es nuevo.
Tras la masacre de Nduga en 2018, el gobierno indonesio declaró el estado de emergencia en esa regencia, lo que sirvió como justificación para que las TNI lanzaran la Operación Militar Nemangkawi. Esta operación intensificó el conflicto armado en curso y provocó el desplazamiento de aproximadamente 5,000 habitantes, incluidos 700 niños, hacia campamentos de refugiados.
Entre 2018 y 2020, se estima que alrededor de 400 personas desplazadas murieron en estos campamentos en Nduga.

El desplazamiento de los pueblos indígenas continúa con los recientes esfuerzos del ejército indonesio por frenar al “KKB”. Los habitantes han sido expulsados de sus territorios a medida que militares y policías ocupan sus escuelas y edificios para realizar operaciones de búsqueda, lo que pone en riesgo sus vidas y los despoja de sus medios de subsistencia.
De este modo, no solo se vulneran su seguridad y libertad, sino también sus derechos a la alimentación, la vivienda y la educación.

La policía y el ejército están ingresando en aldeas indígenas aisladas en busca de miembros del “KKB”, quienes, según afirman, se esconden y viven entre otros habitantes. Cuando no logran encontrar a miembros del “KKB”, las fuerzas de seguridad disparan contra civiles inocentes.
Aunque los principales objetivos suelen ser hombres, también se dispara contra mujeres y niños, e incluso bebés han perdido la vida como resultado del conflicto. Asimismo, destruyen propiedades y matan animales de granja, como cerdos, de los que dependen las comunidades para su sustento.

Si bien algunas de estas muertes han sido reportadas en los medios —incluyendo las de jóvenes, personas con discapacidad y pastores—, muchas otras son silenciadas o no se denuncian.
Desde inicios de mayo, el acceso a Internet ha sido interrumpido en Manokwari, capital de Papúa Occidental, lo que impide a periodistas locales informar sobre las violaciones de derechos humanos en curso. Aunque el proveedor de servicios ha reconocido la situación y ofrecido disculpas por las interrupciones, el gobierno ya había bloqueado el acceso a Internet en Papúa Occidental durante semanas de protestas y disturbios mortales en 2019.

El pueblo indígena Meepago de Intan Jaya y el pueblo indígena Lapago de Nduga afirman que temen por sus vidas en su propio territorio.
Una lideresa comunitaria de una localidad cercana a Puncak describió la situación: “Miles de personas están desplazadas en Puncak; cinco aldeas han huido hacia la selva. Los centros de salud y las escuelas han sido ocupados por el ejército. Hay soldados en todas partes. Estamos viviendo en una zona de guerra.”

Defensores de derechos humanos y libertad de expresión

El 10 de mayo, Victor Yeimo, portavoz internacional del Comité Nacional de Papúa Occidental, fue arrestado en la capital provincial, Jayapura. Yeimo figuraba en la lista de personas buscadas por la policía, acusado de traición por su presunto papel en las protestas masivas contra el racismo que tuvieron lugar en agosto y septiembre de 2019. Las autoridades sostienen que orquestó algunos de los disturbios civiles más graves en décadas durante estas manifestaciones. Estas protestas, que comenzaron de forma pacífica pero derivaron en disturbios, contaron con la participación de pueblos indígenas. Yeimo estuvo presente en la primera protesta pacífica, aunque afirma no haber participado en los disturbios.

Según el reconocido periodista de derechos humanos Victor Mambor, él también ha sido objeto de persecución por parte del ejército indonesio, que lo acusa de estar vinculado al movimiento separatista. Su automóvil fue recientemente vandalizado, un hecho que no resulta inusual para el periodista, quien, junto con su familia, ha sido hostigado desde 2007. La abogada de Mambor, Veronica Koman, describió este último incidente como “otro episodio de acoso contra periodistas papúes. Cuando informas de manera distinta a la versión del gobierno, eres atacado.” 33

Violaciones a la ley:

A pesar de las violaciones de derechos humanos en curso, en 2006 Indonesia ratificó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas. Asimismo, en 1998 se aprobó la Ley N.º 9 sobre la Libertad de Expresión en Público, aunque nunca se emitieron sus reglamentos de implementación.
En su lugar, según el abogado papú Yan Christian Warinussey, la policía ha establecido directrices internas que restringen la libertad de expresión. Estas prácticas han terminado por definir el marco legal en Papúa Occidental y se utilizan para reprimir el activismo, como lo demuestra el acoso constante contra defensores de derechos humanos.

Los conflictos políticos en curso están costando vidas inocentes y provocando el desplazamiento de pueblos indígenas en toda Papúa Occidental.

Las organizaciones firmantes hacen un llamado a:

  1. Que el gobierno indonesio defina quiénes integran el “KKB”. Sin una identificación clara de las organizaciones, cualquier persona o grupo puede ser señalado como “KKB”.
  1. Que el presidente Jokowi cumpla su compromiso (2017) de invitar al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a Papúa.
  1. Que el ejército y la policía de Indonesia dejen de matar y hostigar a civiles inocentes.
  1. Que el gobierno indonesio y el Movimiento Unido de Liberación para Papúa Occidental inicien diálogos de paz.
  1. Que el ejército y la policía de Indonesia desalojen todas las instalaciones públicas ocupadas —incluidas escuelas, centros de salud y oficinas gubernamentales— en las regencias de Nduga, Intan Jaya y Puncak, y garanticen el retorno seguro a la vida normal de las comunidades afectadas.
  1. Que la policía libere a Victor Yeimo y garantice el respeto de los derechos humanos para todas las personas.
  1. Dejar de estigmatizar a los periodistas indígenas papúes como parte del separatismo.
  1. Restablecer el acceso a Internet, garantizar la libertad de expresión para todas las personas, asegurar la seguridad de los periodistas que informan desde Papúa Occidental y permitir el acceso a periodistas internacionales.

Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA)

Alianza de los Pueblos Indígenas del Archipiélago (AMAN)

Indigenous Peoples Rights International (IPRI)

Pacto de los Pueblos Indígenas de Asia (AIPP)

Minority Rights Group International

Survival International

Referencias:

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  5. Perkasa, Vidhyandika Djati, and Alif Satria. “Conflict Resolution in Papua and the Label of Terrorism.” The Diplomat, May 7, 2021. Accessed June 7, 2021. https://thediplomat.com/2021/05/conflict-resolution-in-papua-and-the-label-of-terrorism/
  6. The Straits Times. “Papua intelligence chief killed in Indonesia rebel attack.” April 26, 2021. Accessed June 7, 2021. https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/papua-intelligence-chief-killed-in-indonesia-rebel-attack
  7. Ibid.
  8. Strangio, Sebastian. “Indonesia Deploys Forces to Troubled Papua Region.” The Diplomat, May 5, 2021. Accessed June 7, 2021. https://thediplomat.com/2021/05/indonesia-deploys-special-forces-to-troubled-papua-region/
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  12. Ibid.
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