En respuesta a los actos de violencia ocurridos en Colombia, en el contexto de la movilización de ciudadanos que ejercían su derecho a protestar contra la reforma tributaria durante la pandemia, Indigenous Peoples Rights International (IPRI) declara lo siguiente:
Estamos profundamente preocupados y rechazamos categóricamente los actos de represión desproporcionada por parte de la policía y las fuerzas militares, quienes, haciendo uso de su monopolio de la fuerza, están disparando contra la población civil movilizada en las calles, que ejerce su derecho fundamental a la protesta pacífica. Dadas las acciones y omisiones del Estado colombiano, se observan graves incumplimientos de las obligaciones internacionales en materia de prevención, protección y garantía de los derechos humanos, particularmente en lo que respecta a los derechos de los pueblos indígenas.
Se han documentado numerosos casos en los que la policía dispara contra la población civil movilizada en las calles. Existen imágenes del uso de tanques en contravención de los estándares internacionales sobre los límites del uso de la fuerza por parte del ejército. Según el informe de la ONG colombiana Temblores, se registran 1181 casos de abuso policial, 761 detenciones arbitrarias, 26 homicidios, 9 víctimas de violencia sexual y decenas de personas desaparecidas. Asimismo, el 3 de mayo, la misión de derechos humanos de las Naciones Unidas, que realizaba labores de verificación en Cali, fue objeto de amenazas y disparos, presuntamente por parte de miembros de las fuerzas de seguridad.
En el contexto de la criminalización y los asesinatos de líderes indígenas en Colombia, advertimos sobre nuevas violaciones a los derechos de los pueblos indígenas. Las comunidades indígenas movilizadas en todo el país han sufrido violaciones de derechos humanos perpetradas por miembros de las fuerzas de seguridad (Policía Nacional, Escuadrón Móvil Antidisturbios – ESMAD y Grupo de Operaciones Especiales – GOES). Durante las movilizaciones del 4 de mayo, la Unidad Indígena del Pueblo Awá (UNIPA) denunció intimidaciones por parte de miembros del batallón Gualtal en Nariño, quienes se niegan a mantener distancia de la población civil, generando ansiedad y limitando el ejercicio del derecho a la protesta pacífica.
Reiteramos la obligación del Estado colombiano de ajustar las acciones de la fuerza pública a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. El uso de armas de fuego es un recurso que solo puede emplearse como último recurso. El discurso de odio, la estigmatización, la criminalización y todas las acciones orientadas a justificar la violencia contra los manifestantes deben cesar.
Instamos al gobierno nacional, al Comandante de las Fuerzas Armadas y al Director de la Policía Nacional a cumplir con sus obligaciones internacionales de proteger los derechos de los pueblos indígenas y de la población en general. Asimismo, exhortamos a permitir que los defensores de derechos humanos documenten y acompañen los traslados de miembros de comunidades indígenas y otras personas a centros de detención. También debe garantizarse la presencia de la Fiscalía durante las manifestaciones y en los centros de detención para verificar la situación de los miembros de comunidades indígenas y otras personas detenidas por las fuerzas de seguridad.
Finalmente, expresamos nuestra solidaridad con los pueblos indígenas en Colombia y, en general, con el pueblo colombiano.
Sobre Indigenous Peoples Rights International (IPRI)
IPRI es una organización global de pueblos indígenas, legalmente registrada y sin fines de lucro, que trabaja para proteger los derechos de los pueblos indígenas y para unificar y amplificar los esfuerzos de organizaciones en la búsqueda de justicia para las víctimas de la criminalización y la impunidad. Descargar archivo
