Naciones Unidas, GINEBRA (28 de enero de 2021) – Expertos en derechos humanos de la ONU pidieron hoy a las autoridades filipinas que retiren una acusación de asesinato aparentemente infundada contra un defensor de los derechos de los pueblos indígenas, quien se entregó a la policía después de que se emitiera una orden de “disparar a matar” en caso de que se resistiera a su arresto, y que garanticen su seguridad y bienestar durante su detención.
“Según la información que hemos recibido, el Sr. Windel Bolinget ha sido acusado falsamente de estar implicado en el asesinato de un líder indígena en una provincia a la que ni siquiera ha viajado”, declaró Mary Lawlor, Relatora Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de derechos humanos. “Se considera que esta es una acusación fabricada destinada a silenciarlo, así como a otros defensores de los derechos de los pueblos indígenas, y esta acusación debería ser retirada”.
Los expertos señalaron que estaban seriamente preocupados por el bienestar de Bolinget. “We implore the authorities to ensure he is afforded his right to a fair trial and due process and is not subjected to any harm while in custody,” the experts said, adding that all human rights defenders in the country must be allowed to safely carry out legitimate human rights work without fear of retaliation.
“La práctica de presentar cargos y acusaciones infundadas contra defensores de derechos humanos por su trabajo pacífico y legítimo no solo es increíblemente perjudicial para estas personas y sus familias, sino también para otros defensores de derechos humanos y actores de la sociedad civil en Filipinas”, señalaron los expertos.
Bolinget, bajo custodia de la Oficina Nacional de Investigación (NBI) desde el 21 de enero, es un defensor de los derechos indígenas y presidente de la Cordillera People’s Alliance (CPA), una alianza de organizaciones de pueblos indígenas que trabaja en la región de la Cordillera.
Un caso presentado en agosto de 2020 contra él y otras nueve personas por su presunta participación en el asesinato de un líder indígena en 2018, en la provincia de Davao del Norte, fue seguido por una orden de arresto contra Bolinget a finales de diciembre. Temiendo por su seguridad, se ocultó y, el 19 de enero, la policía de la Cordillera emitió una orden de “disparar a matar” si se consideraba que se resistía al arresto. Dos días después, Bolinget se entregó a la NBI para garantizar su seguridad y buscar asistencia legal para impugnar los cargos.
Los expertos señalaron que fuentes cercanas a la víctima no creen que Bolinget ni los otros acusados sean responsables del asesinato, sino más bien un grupo paramilitar que había amenazado a la víctima antes de su muerte.
“El ataque contra el Sr. Bolinget por su labor como defensor de los derechos indígenas ocurre apenas semanas después de que nueve líderes indígenas tumandok fueran asesinados y 16 miembros de la comunidad arrestados en Panay, presuntamente en respuesta a su oposición a la construcción de dos megarepresas y a la defensa de sus tierras, territorios y recursos tradicionales”, declaró José Francisco Calí Tzay, Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas.
Los Relatores Especiales también expresaron preocupación por el reciente “red-tagging” contra defensores de derechos humanos y miembros del personal de organizaciones de la sociedad civil por parte de funcionarios estatales, incluida la comisionada de la Comisión de Derechos Humanos de Filipinas (CHRP), Karen Gomez Dumpit, así como integrantes de los grupos de defensa ambiental Kalikasan PNE y el Center for Environmental Concerns (CEC). Los expertos señalaron que existe un patrón preocupante en el que los actos de “red-tagging” preceden al asesinato de defensores de derechos humanos.
“Los defensores de derechos humanos en Filipinas continúan siendo objeto de ‘red-tagging’, etiquetados como ‘terroristas’ y, finalmente, asesinados en intentos de silenciarlos y deslegitimar su labor en defensa de los derechos humanos. Esto debe terminar.”
Los expertos están en contacto con las autoridades sobre este asunto.
*Los expertos: Sra. Mary Lawlor, Special Rapporteur on the situation of human rights defenders; Ms. Fionnuala Ní Aoláin, Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism, Mr. José Francisco Calí Tzay, Special Rapporteur on the rights of indigenous peoples, Ms. Agnès Callamard, Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions and Leigh Toomey (Chair-Rapporteur), Elina Steinerte (Vice-Chair), Miriam Estrada-Castillo, Mumba Malila, Seong-Phil Hong, Working Group on Arbitrary Detention.
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