Informe anual sobre la criminalización, la violencia y la impunidad contra los pueblos indígenas
De 2016 a 2018, los Relatores Especiales sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos, sobre derechos humanos y medio ambiente, y sobre los derechos de los pueblos indígenas, dieron la alarma sobre una “crisis global” en desarrollo de ataques contra las personas defensoras de derechos humanos ambientales, que afectaba de manera desproporcionada a los pueblos indígenas. Con la esperanza de contar con una plataforma global para que los pueblos y movimientos indígenas aborden colectivamente esta crisis mundial, se creó la Iniciativa Global para Abordar y Prevenir la Criminalización, la Violencia y la Impunidad contra los Pueblos Indígenas (en adelante, la Iniciativa Global). La Indigenous Peoples Rights International fue establecida para supervisar la Iniciativa Global. IPRI es una organización global sin fines de lucro de pueblos indígenas que trabaja para proteger sus derechos y para unir y amplificar el llamado a la justicia de las víctimas de la criminalización y la impunidad. Los miembros del Consejo Global de IPRI son activistas y líderes indígenas de todo el mundo.
Un componente central de la Iniciativa Global es el monitoreo y la documentación de incidentes de criminalización, violencia e impunidad contra los pueblos indígenas. Parte de este componente es la creación de una base de datos para registrar estos incidentes y la publicación de un informe anual que refleje los datos recopilados. Sin embargo, dado que la base de datos se encuentra actualmente en fase de desarrollo, este informe anual se centra más en las distintas dimensiones de la criminalización y la impunidad, basándose en los contextos nacionales y los estudios de caso de los seis países prioritarios de la Indigenous Peoples Rights International: República Democrática del Congo (RDC), Brasil, Colombia, México, India y Filipinas.
Los contextos nacionales y los estudios de caso se desarrollaron en colaboración con los socios de la Indigenous Peoples Rights International, a saber: Programme Intégré Pour Le Développement du Peuple Pygmée au Kivu para la RDC, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil para Brasil, Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan para México y Panaghiusa Network para Filipinas. Para el texto sobre India, se contrató a un consultor de investigación indígena y, para Colombia, dos consultores —guiados por la miembro del consejo de IPRI, Leonor Zalabata— ayudaron a finalizar el contexto nacional y los estudios de caso.
Los estudios de caso son ilustraciones específicas de la situación general descrita brevemente en los contextos nacionales. Estos ofrecen una visión puntual de la situación de los pueblos indígenas y de las consecuencias que han enfrentado en relación con la defensa de sus derechos colectivos sobre sus tierras, territorios y recursos, así como de su derecho a la autodeterminación y al autogobierno, en el contexto de la pandemia de COVID-19 que comenzó a principios de 2020.
A partir de los contextos nacionales y los estudios de caso, este informe anual presenta los patrones de amenazas y hostigamientos que a menudo conducen a la criminalización y/o a los asesinatos. Asimismo, explora la criminalización más allá de la definición común de abuso de la ley.
La criminalización se define como el uso indebido de las leyes penales que implica la manipulación del poder punitivo del Estado y de actores no estatales con el fin de controlar, castigar y/o impedir el ejercicio del derecho a defender los derechos humanos.[4] Ocurre, por ejemplo, cuando las personas defensoras son acusadas injustamente de cometer delitos como resultado de sus actividades, privándolas así de su libertad en momentos cruciales para la defensa de sus causas, así como sometiéndolas a procesos sin las debidas garantías procesales. En consideración de los contextos nacionales y los estudios de caso analizados en este informe, la criminalización también puede ocurrir cuando actores estatales y no estatales utilizan y abusan de su posición de poder, incluso sin recurrir a leyes o políticas, para controlar, castigar y/o impedir el ejercicio del derecho de los pueblos indígenas a defender sus derechos individuales y colectiv
El informe también presenta la relación entre la discriminación arraigada y la impunidad de la que gozan quienes atacan a los pueblos indígenas y su labor en la defensa de sus derechos individuales y de sus derechos colectivos —incluidos los derechos sobre sus tierras, la autodeterminación y el autogobierno— mientras enfrentan el impacto de la crisis sanitaria.
Además de los contextos nacionales y los estudios de caso, el informe anual también basa sus hallazgos en informes y artículos de noticias sobre las violaciones de los derechos de los pueblos indígenas en el año 2020, incluido el uso indebido de leyes y políticas impuestas para abordar los impactos de la pandemia.
