El 28 de febrero de 2021, el capitán de barangay Julie Catamin, quien había cuestionado el “red tagging” infundado por parte de la Policía Nacional de Filipinas (PNP) y el ejército, fue asesinado a tiros. Catamin era miembro de la comunidad indígena Tumandok. Fue uno de los primeros en denunciar que las cuatro personas arrestadas en su aldea el 30 de diciembre eran inocentes y que el Grupo de Investigación y Detección Criminal (CIDG) efectivamente había sembrado las armas y municiones encontradas en los hogares de las víctimas.
Antes de su muerte, Catamin fue citado por el ejército el 25 de febrero para informarle que sabían que los miembros de su comunidad estaban buscando apoyo de organizaciones populares, incluidos abogados de Bayan Muna.[1] Señaló que el ejército los amenazó con el mismo destino que las víctimas del 30 de diciembre.
El 30 de diciembre de 2020, al amanecer, el Ejército de Filipinas, la Policía Nacional de Filipinas (PNP) y el Grupo de Investigación y Detección Criminal (CIDG) llevaron a cabo una operación conjunta en nueve aldeas de la comunidad indígena Tumandok en la isla de Panay, en Visayas Occidentales, al sur de Filipinas. Como resultado, nueve miembros de la comunidad Tumandok fueron asesinados y 16 fueron arrestados.
La policía alegó que las personas asesinadas eran miembros del Nuevo Ejército del Pueblo (NPA) y que se resistieron cuando los agentes ejecutaban órdenes de cateo por posesión ilegal de armas de fuego y explosivos. El NPA es el brazo armado del Partido Comunista de Filipinas (CPP). El CPP-NPA ha sido designado como “organización terrorista extranjera” por el gobierno de Estados Unidos y la Unión Europea.
En un comunicado emitido un día después de los asesinatos, la Oficina Regional de Policía de Visayas Occidentales señaló que la operación se llevó a cabo con base en información recopilada de residentes locales sobre la presencia de personas con armas de alto calibre. Indicó que el objetivo era “frenar la proliferación de armas de fuego y explosivos” en la isla de Panay.
En un comunicado separado, el presidente del Clúster de Cooperación Legal afirmó que las operaciones policiales están dirigidas contra el CPP-NPA, quienes, según se dijo, han infiltrado las provincias de la isla de Panay. También se mencionó que las muertes ocurridas durante la operación policial pusieron fin a lo que describió como el “reinado de terror del CPP-NPA” en la provincia.
Sin embargo, familiares de las víctimas afirmaron que quienes murieron no se resistieron al arresto y que las armas de fuego y explosivos encontrados en sus viviendas fueron sembrados,[2] lo cual es común en muchas operaciones similares de contrainsurgencia realizadas por la policía y el ejército. Esto se conoce localmente como “tanim bala”, que se traduce como “siembra de balas”.
Una de las víctimas, Eliseo Gayas Jr., fue amordazado con cinta adhesiva y recibió cuatro disparos dentro de su casa después de pedir a los miembros de su familia que salieran. Otros dos, Mario Aguirre y Roy Giganto, fueron abatidos a tiros mientras dormían.
Los nueve que fueron asesinados eran líderes reconocidos en sus respectivos barangays (aldeas). Eran civiles y no combatientes armados.
Algunas de las 16 personas detenidas fueron acusadas de violar la R.A. 10591, conocida como la “Ley Integral de Regulación de Armas de Fuego y Municiones”, o la R.A. 9516, una ley que modifica las disposiciones del P.D. 1866,[3] conocida como “Codificación de las leyes sobre la posesión, fabricación, comercio, adquisición o disposición ilegal o ilícita de armas de fuego, municiones o explosivos, o de instrumentos utilizados en la fabricación de armas de fuego, municiones o explosivos, e imposición de sanciones más severas para determinadas infracciones y otros fines relacionados”.[4] Otros fueron acusados de violar ambas.
Hasta el 25 de noviembre de 2021, solo una persona permanece encarcelada: Rodolfo Díaz, de Calinog, Iloilo. Seis de las 16 personas detenidas fueron absueltas, mientras que nueve fueron liberadas tras declararse culpables y obtener la libertad condicional.
El pueblo Tumandok, cuya población se estima en alrededor de 17,000 personas, se ha opuesto de manera constante a la militarización en su territorio. Durante mucho tiempo han abogado por la protección de sus derechos fundamentales y territoriales. También han estado activos en la resistencia abierta contra la construcción del Proyecto Multipropósito del Río Jalaur, un proyecto de 200 millones de dólares financiado por el Banco de Exportación e Importación de la República de Corea (EximBank).
Socios internacionales y otros grupos de apoyo han presentado un llamado para retirar el financiamiento de la Fase II del Proyecto Multipropósito del Río Jalaur (JRMP II). [5]
La mega represa del río Jalaur amenaza con inundar las tierras ancestrales del pueblo Tumandok, incluidos sus cementerios y sitios sagrados. La persistente oposición de los Tumandok, junto con sus aliados, contra la mega represa logró suspender su operación, pero también dio lugar a una de las masacres más atroces contra pueblos indígenas.[6] Su activismo y labor en defensa de sus derechos humanos fueron utilizados por la policía y el ejército para señalarlos como miembros y simpatizantes del CPP-NPA.
Earlier before the killings and arrest, in November 2020, some members of the Tumandok from two villages sought help from the Commission on Human Rights due to threats from the military and PNP. The military and PNP were forcing them to sign documents supposedly to « surrender » and « clear their names » as assurance that they are not members of the CPP-NPA. They refused to sign the documents since they are not members or supporters of the CPP-NPA. Threats against them mounted, with soldiers saying they could be charged under the Anti-Terrorism Act and warned them for more stringent operation.
The indigenous Tumandok are aware that their justice from the massacre and the protection of their fundamental and land rights will be difficult and ongoing. They remain hopeful but vigilant. On March 3, 2021, Atty. Angelo Karlo Guillen, Tumandok lawyer and petitioner against the Anti-Terrorism Act of 2020, was stabbed by unidentified persons. [7]
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[1] Panay Today. “LATEST UPDATE AS OF 10:55AM: Punong Barangay Julie Catamin of Brgy. Roosevelt, Tapaz, Capiz was shot dead by a riding-in-tandem in Brgy. Malitbog, Calinog, Iloilo earlier this morning”. Retrieved from: https://www.facebook.com/panaytoday/posts/3889603224431120
[2] The Communicator. “COMMUNITY | Groups demand justice for the killing of 9 red-tagged Tumandok IP’s in Panay Island”. Retrieved from: https://www.facebook.com/COCDakom/posts/10159177752226804?_rdc=1&_rdr
[3] https://lawphil.net/statutes/repacts/ra2008/ra_9516_2008.html
[4] https://lawphil.net/statutes/presdecs/pd1983/pd_1866_1983.html
[5] “COMMENTS TO THE RESPONSE OF THE EDCF-KOREA EXIMBANK TO THE LETTER OF MS. ANA ZBONA AND MS. CHRISTEN DOBSON OF BUSINESS & HUMAN RIGHTS RESOURCE CENTER” Retrieved from: https://docs.google.com/document/d/1EPZiohtMmoglPUqwQAP-yGn-eZjushQN/edit
[6] Asian NGO Coalition for Agrarian Reform and Rural Development. « Defund the Jalaur Dam Project ». Retrieved from: https://angoc.org/news/defund-the-jalaur-dam-project/
[7] Philstar Global. “Tumandok land defenders’ lawyer stabbed in Iloilo”. Retrieved from: https://www.philstar.com/headlines/2021/03/04/2081926/tumandok-land-defenders-lawyer-stabbed-ilolilo
