Patricia es una líder indígena de la comunidad Kichwa de Sarayaku, en la Amazonía ecuatoriana, y ha sido portavoz nacional e internacional en la defensa de su territorio frente a concesiones petroleras.
Su oposición ha sido respondida con una creciente violencia contra la comunidad, a pesar de una sentencia favorable de la Inter-American Court of Human Rights en 2012, en la que participó activamente. A lo largo de estos años, Patricia ha enfrentado de forma constante amenazas, hostigamiento y criminalización.
El 5 de enero de 2018, su hogar en Puyo, Ecuador, fue atacado por agresores no identificados que lanzaron piedras y rompieron ventanas, causando daños significativos. Además, Patricia recibió amenazas de muerte verbales. A pesar de la gravedad de los hechos, las autoridades locales y nacionales en Ecuador no investigaron el caso ni sancionaron a los responsables.
