Con rabia, repudio y dolor, informamos y denunciamos ante las entidades del Estado colombiano, las organizaciones internacionales y el público en general que: hoy fue asesinada la líder indígena del pueblo Nasa, Sandra Liliana Peña Chocué, quien era gobernadora de Laguna Siberia, municipio de Caldono, Norte del Cauca. Según la información disponible hasta el momento, cuatro hombres armados llegaron a la casa de Sandra. La obligaron a salir y le dispararon sin decir una palabra. Sandra, como autoridad, había rechazado previamente el cultivo de cultivos ilícitos que estaba aumentando en su territorio. La Defensoría del Pueblo había advertido a través de la Alerta Temprana 040 de 2020 sobre los riesgos para las comunidades indígenas derivados de la presencia de actores armados ilegales. Sin embargo, las autoridades no adoptaron medidas para garantizar la protección colectiva de la comunidad. Los territorios indígenas, campesinos y afrodescendientes son disputados por casi una docena de grupos armados y otros actores con intereses económicos debido a la importancia geoestratégica de los territorios. Como resultado, las comunidades están sometidas a desplazamiento forzado, abandono y confinamiento. El asesinato de Sandra agrava la grave crisis de derechos humanos que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos y las comunidades indígenas que defienden incansablemente sus territorios y su supervivencia física y cultural en Colombia. Ya son 1,166 las personas defensoras de derechos humanos asesinadas desde la firma del Acuerdo de Paz en Colombia y 52 en lo que va de 2021. Estos asesinatos deben detenerse ya y la justicia para las familias de las víctimas debe ser atendida de inmediato. Hacemos un llamado al gobierno colombiano a: 1. Adoptar todas las medidas de protección individuales y colectivas para garantizar los derechos a la vida y la integridad personal de las comunidades indígenas y sus líderes, considerando el riesgo agravado por la pandemia de COVID-19 y los procesos socioeconómicos que se desarrollan en sus territorios; y 2. Investigar y sancionar con rapidez y diligencia los asesinatos y agresiones contra líderes indígenas y miembros de la comunidad.
