Los pueblos indígenas en Colombia representan el 4.4 % de la población total.1 En el departamento del Amazonas, constituyen el 57.7 % de la población y han experimentado las tasas más altas de infección y mortalidad por COVID-19 en el país.2
Debido a las condiciones existentes de los pueblos indígenas en Colombia, son particularmente vulnerables a la pandemia, así como a algunas de las medidas que el gobierno ha impuesto para enfrentar la crisis sanitaria.
Como en el caso de Omar y Ernesto Guasiruma, pertenecientes al pueblo indígena Emberá, quienes fueron asesinados en su hogar mientras cumplían con la orden de cuarentena.3
En 2020, se registraron un total de 310 asesinatos de defensores de derechos humanos y líderes sociales; 113 de ellos eran indígenas.4 Además, se documentaron 94 incidentes de desplazamiento masivo debido a la violencia, de los cuales el 76 % ocurrieron en Antioquia, Chocó y Nariño. Estos dos últimos departamentos albergan a numerosas comunidades indígenas, afectando a 25,366 personas.5
Aunque el Estado colombiano lo considera un modelo de desarrollo fallido, el modo de vida colectivo de los pueblos indígenas ha demostrado ser más eficaz para sostener su existencia y la persistencia de su cultura.6
Este modelo representa un desafío para el actual modelo de desarrollo del Estado, que es extractivo, insostenible y caracterizado por la privatización. Debido a ello, los pueblos indígenas son objeto de ataques y hostigamiento por parte del Estado, las corporaciones, los grupos armados y otros actores poderosos que buscan apropiarse de sus tierras, territorios y recursos naturales con fines de lucro.
Esto afecta directamente su capacidad para ejercer su autodeterminación, autonomía y autogobierno.
Asimismo, a pesar de que el Ministerio de Defensa emitió una política de tolerancia cero frente a la violencia sexual, durante ese año se documentaron tres casos que involucraban a miembros de la policía y las fuerzas militares. Dos de ellos involucraban a niñas indígenas.7
La violación de niñas indígenas en Colombia es más frecuente de lo que se reporta,8 y entre 2016 y julio de 2020, alrededor de 118 soldados fueron investigados por presuntos casos de abuso sexual contra menores.9
Las reformas institucionales en curso pueden agravar la impunidad contra los pueblos indígenas y aumentar su vulnerabilidad frente a ataques y violencia.10 Entre estas reformas se encuentran el debilitamiento de la Defensoría del Pueblo, la captura institucional de la Fiscalía General de la Nación, los intentos de debilitar el deber del Estado de realizar consultas,11 y el desconocimiento de la jurisprudencia nacional y de las obligaciones internacionales de Colombia.
Para muchos pueblos indígenas en todo el país, el Acuerdo de Paz firmado en 201612 no ha traído paz a sus vidas ni a sus territorios. Las violaciones de sus derechos persisten en un contexto de casi total impunidad.
La continuidad de formas históricas de violencia ahora se combina con un aumento de la estigmatización, el discurso de odio, los ataques contra las estructuras organizativas, la incitación a conflictos inter e intraétnicos y la criminalización. Aunque estas estrategias recientes no son letales, están demostrando ser eficaces para reducir la autonomía, el autogobierno y la capacidad colectiva de los pueblos indígenas para defender sus tierras y territorios.
LA MINA DE CARBÓN DE Cerrejón OPERA CON EL APOYO DEL GOBIERNO A PESAR DE LOS IMPACTOS MORTALES EN LOS TERRITORIOS WAYÚU Y DE LAS AMENAZAS DE VIOLACIÓN CONTRA LIDERESAS INDÍGENAS WAYÚU
Jakeline Romero es una lideresa wayúu de la Fuerza de Mujeres Wayúu (Sütsüin Jiyeyu Wayúu) en el resguardo indígena wayúu de Zahino, en La Guajira.
Ha soportado innumerables amenazas de muerte y actos de hostigamiento a lo largo de los años por protestar contra las operaciones de la mina de carbón de Cerrejón y exigir reparación por los daños causados. Al igual que otras mujeres activistas de comunidades indígenas y afrodescendientes, Romero ha recibido amenazas de violación y muerte dirigidas a miembros de su familia.13
Quizá lo más alarmante fue un mensaje escrito enviado a su hogar en 2016 que decía: “Tus hijas son muy bonitas, piensa en ellas y no te metas en problemas; haré desaparecer incluso a tu madre si sigues denunciando”.14 Fue la primera vez que recibió una amenaza dirigida directamente a sus seres queridos.
La mina de carbón de Cerrejón, que opera en La Guajira desde 1976, es un consorcio británico–suizo–australiano conformado por BHP, Glencore y Anglo American.15
Sus décadas de operación y expansión han devastado por completo, e incluso hecho desaparecer, a varias comunidades como Roche, Chancleta, Tamaquitos, Manantial, Tabaco, Palmarito, El Descanso, Caracolí, Zarahita y Patilla. La mina abarca 69,000 hectáreas en medio del territorio indígena wayúu y ha contaminado gravemente las fuentes de agua hasta provocar su desaparición.
El proyecto de la represa El Cerrado, que estaba destinado a atender la escasez de agua en los nueve municipios de La Guajira, terminó beneficiando a la mina de Cerrejón y a fincas propiedad de empresas privadas.16
El pueblo wayúu y otros pueblos indígenas pensaron que podrían recuperar de forma segura sus territorios tras la firma del Acuerdo de Paz en 2016, pero actores de desarrollo agresivo como la mina de carbón de Cerrejón siguen siendo una amenaza para su derecho sobre sus tierras y territorios.
En septiembre de 2020, expertos de la ONU emitieron una declaración en la que pedían que la mina de Cerrejón cesara sus operaciones. Señalaron que el Estado colombiano y los propietarios de El Cerrejón ignoraron la orden judicial emitida en diciembre de 2019.17
David Boyd, Relator Especial de la ONU sobre derechos humanos y medio ambiente, afirmó: “Colombia [debería] implementar las directrices de su propia Corte Constitucional y hacer más para proteger a la muy vulnerable comunidad wayúu en el resguardo indígena Provincial frente a la contaminación de la enorme mina El Cerrejón y de la COVID-19.”
Sin el apoyo del gobierno, el pueblo wayúu no tiene otra opción que vivir con el polvo de carbón y la sequía. Enfrentan una grave desnutrición debido a la falta de agua y al acceso limitado a servicios básicos de salud.18
Las muertes entre niños y personas mayores, causadas por la mala calidad del aire junto con el agua y la vegetación contaminadas, son frecuentes.
El gobierno colombiano y los propietarios de Cerrejón deben rendir cuentas por las violaciones a los derechos del pueblo wayúu sobre sus tierras y recursos, así como a su vida y dignidad en La Guajira.
LA VIOLENCIA Y LOS ATAQUES CONTINÚAN CONTRA EL PUEBLO EMBERÁ CHAMÍ EN EL RESGUARDO INDÍGENA DE CAÑAMOMO–LOMAPRIETA
El resguardo histórico de Cañamomo–Lomaprieta, ubicado dentro de la jurisdicción de los municipios de Riosucio y Supía, en el departamento de Caldas, es el hogar de 23,000 habitantes emberá chamí.
El resguardo cuenta con 4,836 hectáreas, lo cual resulta insuficiente para la población actual. Según estimaciones a nivel nacional que consideran la proporción mínima de tierra por persona, el pueblo emberá chamí en Cañamomo–Lomaprieta presenta un déficit de tierras del 80 %.
El pueblo emberá chamí en Cañamomo–Lomaprieta ha sufrido un despojo histórico y continuo de su territorio y sus recursos, y ha sido objeto de violencia y ataques debido a la defensa de sus derechos territoriales.
Entre 2000 y 2015, Cañamomo–Lomaprieta y los resguardos emberá chamí circundantes destacan particularmente las masacres de La Rueda en 2001 y La Herradura en 2003, así como los asesinatos de María Fabiola Largo Cano19 y Fernando Salazar Calvo20 en 2002 y 2015, respectivamente, como hechos con impactos imborrables en sus derechos individuales y colectivos.
Las víctimas de esta serie de graves violaciones a los derechos humanos eran autoridades tradicionales y líderes políticos que representaban un desafío significativo para las élites políticas locales, las cuales también tienen vínculos con el paramilitarismo.
Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como la Corte Constitucional de Colombia han reconocido la situación de alto riesgo del resguardo. La CIDH otorgó medidas cautelares en 2003, mientras que la Corte Constitucional incluyó al pueblo emberá chamí entre los pueblos indígenas en riesgo de “extinción física y cultural”.21
En 2016, la sentencia T-530/2016 de la Corte Constitucional ordenó a la Agencia Nacional de Tierras avanzar en el proceso de titulación y garantía de las tierras indígenas en el resguardo.22 Sin embargo, no ha habido avances en la implementación de esta decisión, mientras que tanto la minería ilegal como la privatización de tierras colectivas continúan.
Además, estas decisiones judiciales —coherentes con las disposiciones constitucionales colombianas, la legislación vigente y los estándares internacionales sobre los derechos de los pueblos indígenas— han derivado en una escalada de violencia contra el pueblo emberá chamí, ya que distintos actores interesados en sus tierras y recursos naturales han intensificado sus esfuerzos por controlar el resguardo.
Asimismo, en 2019, el senador Carlos Felipe Mejía presentó el Proyecto de Ley 354/2019, que pretendía establecer una comisión ad hoc para avanzar en la reestructuración del resguardo indígena Cañamomo–Lomaprieta, ignorando la decisión de la Corte Constitucional.
Esta acción estuvo acompañada de campañas mediáticas que estigmatizaban y acusaban a las autoridades indígenas de colusión con grupos armados ilegales, lo que derivó en una nueva ola de ataques.
El 20 de marzo de 2020, la Oficina del Defensor del Pueblo activó el Sistema de Alerta Temprana (SAT)23 ante la situación en el resguardo indígena Cañamomo–Lomaprieta. La activación del SAT desencadenó varios actos violentos contra bienes de la comunidad durante el mes de marzo.
Entre el 6 y el 17 de marzo, fincas e ingenios paneleros comunitarios —principal fuente de sustento para alrededor de 90 familias emberá chamí— fueron incendiados en cuatro ocasiones distintas. Los ataques pudieron haber provocado desplazamientos forzados y comprometer la seguridad de sus líderes, así como su forma de vida.
Después de los dos primeros ataques, el 8 de marzo se llevó a cabo una reunión del Consejo de Seguridad con el Ejército Nacional, la Policía Nacional, los carabineros, la Alcaldía, el Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía y las autoridades indígenas. Las autoridades estatales prometieron investigar los hechos, así como prevenir y brindar protección frente a futuros ataques.
Ese mismo día, hombres armados se acercaron a un líder indígena y le advirtieron que abandonara el territorio.* Esa misma noche ocurrió el tercer ataque. Miembros de la comunidad también recibieron amenazas de muerte enviadas a través de WhatsApp, supuestamente provenientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) o del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
El 28 de agosto de 2020, se distribuyeron panfletos en los que se indicaba que varios miembros del Consejo de Gobierno Indígena y de la Guardia Indígena estaban colaborando con guerrillas de las FARC, lo que los convertía en objetivos del Ejército Nacional.
El miedo y la inseguridad siguen siendo elevados en el resguardo.
Lee y descarga el informe completo de criminalización anual 2021 de IPRI aquí.
