El 12 de julio de 2021, el Tribunal Regional de Primera Instancia en la ciudad de Tagum, capital de Davao del Norte —una provincia de la región de Davao en la isla de Mindanao, al sur de Filipinas— rechazó la acusación penal contra el defensor indígena de derechos humanos, Windel Bolinget.
Bolinget es el presidente de la organización indígena local Cordillera Peoples Alliance y convocante de Katribu, una alianza nacional de pueblos indígenas. Es un defensor de derechos humanos indígena de larga trayectoria y es conocido por oponerse a proyectos de minería a gran escala, megapresas y otros proyectos que representan una amenaza para los derechos territoriales de los pueblos indígenas en la Región Administrativa de la Cordillera (CAR), ubicada en el norte de la isla de Luzón, en Filipinas.
El 6 de agosto de 2020, se presentó una causa penal en su contra y contra otras diez personas, de las cuales tres son mujeres. Se les vincula con el asesinato de un individuo llamado Garito Malibato en 2018.
El 25 de septiembre de 2020, el Tribunal Regional de Primera Instancia en la ciudad de Tagum, capital de Davao del Norte, emitió una orden de arresto por asesinato contra Bolinget y otros. Ellos se enteraron de los cargos hasta diciembre de 2020.
Bolinget nunca ha puesto un pie en Kapalong, Davao del Norte, donde se reporta que ocurrió el asesinato de Malibato. Además, en un informe de noticias local de 2018, el hermano de Garito, Datu (jefe tribal) Delio Malibato, identificó al grupo paramilitar llamado Alamara como los responsables del asesinato de su hermano. Datu Malibato señaló que los líderes del grupo son conocidos como Ungging y Laris Masaloon.
Garito es hermano de Mintroso y Delio Malibato, datu (jefe tribal) del grupo indígena Ata Manobo y líderes de Karadyawan, una organización local de pueblos indígenas en Kapalong, Davao del Norte. Los líderes y miembros de Karadyawan han sido vilificados políticamente y etiquetados como “rojos” por el gobierno filipino y sus fuerzas de seguridad. [1]
Antes de que se vinculara a Bolinget con el asesinato de Garito, ya había sido vilificado y señalado como miembro del grupo comunista considerado terrorista, el Partido Comunista de Filipinas – Nuevo Ejército del Pueblo (CPP-NPA), incluso antes de la actual administración de Duterte. Con la emisión de la orden de arresto, observó un aumento en la vigilancia de su residencia. El 10 de diciembre de 2020, se colocaron panfletos en la zona que conduce a su hogar, en los que se le señalaba como miembro del CPP-NPA. En ese mismo mes, fuerzas de seguridad del Estado acosaron a su suegro y a su hijo mayor.
Los ataques contra Bolinget se intensificaron cuando, el 15 de enero de 2021, el Departamento de Policía de la Cordillera ofreció una recompensa de 100,000 PHP (aproximadamente 2,000 USD) por cualquier información que condujera a su arresto. Incluso se emitió una orden de “disparar a matar” el 20 de enero de 2021 por el jefe de la policía de la Cordillera, el general de brigada R’win Pagkalinawan, en caso de que Bolinget se resistiera al arresto. [2]
Antes del caso de Bolinget, otra defensora indígena de derechos humanos de la región de la Cordillera, Beatrice “Betty” Belen, fue acusada de posesión ilegal de explosivos. Estuvo encarcelada durante casi cuatro meses antes de que su caso fuera desestimado por falta de pruebas el 12 de febrero de 2020.
En la madrugada del 25 de octubre de 2020, una operación conjunta de la Policía Nacional de Filipinas (PNP), el Grupo de Investigación y Detección Criminal (CIDG) y la 503ª Brigada de Infantería de las Fuerzas Armadas de Filipinas (AFP) ejecutó órdenes de cateo contra Belen y otras diez personas en Lower y Western Uma, Lubuagan, Kalinga, en la Región Administrativa de la Cordillera de Filipinas. Todos ellos se oponen abiertamente al proyecto geotérmico de la empresa Chevron Energy, que se planea desarrollar en sus tierras ancestrales.
Antes de su arresto, había sido objeto de acoso e intimidación por parte de las fuerzas de seguridad del Estado desde 2015. Se le acusó de brindar refugio y alojar a miembros de la organización considerada terrorista CPP-NPA. Su organización, Innabuyog, también fue señalada por el ejército como una organización terrorista.
Los casos de Bolinget y Belen pueden haber concluido con su reivindicación, pero ponen de relieve la continua impunidad de la que gozan las fuerzas de seguridad del Estado y la criminalización del activismo en el país. Existen numerosos casos de cargos fabricados contra personas defensoras de derechos humanos que se prolongan durante años, lo que puede tener impactos significativos en las víctimas, sus familias y sus comunidades.
—–
[1] Leer más: http://davaotoday.com/main/human-rights/kin-of-lumad-slain-in-kapalong-call-to-disband-paramilitary-anew/
[2] Karapatan Monitor. “Judicial harassment against human rights defenders”. Retrieved from: https://www.karapatan.org/files/Karapatan_2021%20monitor_Jan-Mar2021%20(WEB).pdf
