La organización Indigenous Peoples Rights International y Front Line Defenders expresan su profunda preocupación ante una nueva ola de ataques contra comunidades indígenas tzotziles y tzeltales en el estado de Chiapas, al sur de México.
Durante los primeros días de 2022, organizaciones locales reportaron ataques armados, desapariciones y violencia contra la población civil y personas defensoras de derechos humanos en los municipios de Aldama, Ocosingo, Chalchihuitán, Chenalhó, Chilón, Pantelhó y otros en el estado de Chiapas.
Las comunidades afectadas han denunciado que la impunidad que prevalece en relación con estos ataques ha generado un ambiente de inseguridad que ha derivado en desplazamientos forzados. Asimismo, las comunidades indígenas han señalado que los grupos armados, provenientes de fuerzas paramilitares, mantienen una fuerte presencia y buscan controlar el territorio de la región.
Indigenous Peoples Rights International ha documentado testimonios directos de integrantes de las comunidades que señalan que estos grupos presuntamente están conformados por hijos de aquellos paramilitares que fueron entrenados por el Ejército mexicano en la década de 1990. También refieren que reproducen prácticas de intimidación destinadas a inhibir el ejercicio de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y de las organizaciones comunitarias.
Front Line Defenders y Indigenous Peoples Rights International expresan su preocupación por el asesinato del defensor indígena de derechos humanos Simón Pedro Pérez López, ocurrido el 5 de julio de 2021 en la cabecera municipal de Simojovel, el cual permanece impune debido a la falta de avances en la investigación. Esta impunidad ha permitido la comisión de nuevos actos de violencia, que continúan afectando el tejido social y la seguridad de las comunidades organizadas. Simón Pedro Pérez López era integrante de la organización de la sociedad civil Las Abejas de Acteal.
Desde el 5 de enero de 2022, las organizaciones firmantes han recibido información sobre ataques constantes de grupos armados contra la población civil de las comunidades indígenas de Chivit, Stzelejpotobtik, Yeton, Xuxchen, Tabac, Juxton, Coco’, Stselej Potov y la cabecera municipal de Aldama, en el estado de Chiapas.
Ese mismo día, autoridades del gobierno de Chiapas fueron alertadas por habitantes del municipio de Aldama sobre explosiones en su territorio.
El 9 de enero de 2022 continuaron registrándose tiroteos en distintas partes del municipio de Aldama. En la comunidad de Xuxch, el tsotsil Javier Hernández de la Torre fue herido por disparos cuando él y su familia se dirigían a su plantación de café. Javier Hernández de la Torre es integrante de las bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Actualmente se encuentra recuperándose en el hospital tras recibir un disparo que atravesó su cabeza.
El 10 de enero de 2022, un joven indígena, Lorenzo Gómez Ruíz, falleció a causa de una herida de bala en la comunidad de Stzelejpotobtik mientras recibía atención médica en el hospital de San Cristóbal de Las Casas.
Ese mismo día, aproximadamente a la 1:00 a.m., un grupo de alrededor de 15 personas armadas y encapuchadas ingresó a la comunidad autónoma 16 de Febrero, ubicada en el municipio de Ocosingo. El grupo armado agredió físicamente a un menor de edad y obligó a la integrante de la comunidad, Hilaria Hernández Gómez, a abandonar su vivienda junto con su hijo de 3 años, Tomás López Hernández. Aunque posteriormente la señora Hernández y sus tres hijos fueron encontrados con vida, organizaciones locales informan que el grupo armado continúa posicionado dentro de las tierras de la comunidad.
Las comunidades indígenas del estado de Chiapas que fueron atacadas durante estos hechos han defendido de manera pacífica sus derechos colectivos al territorio, la autonomía y la libre determinación. Estos derechos se ejercen de forma colectiva, a través de las prácticas que construyen su autodeterminación.
Los ataques armados contra estas comunidades representan un intento de dañar el tejido comunitario y el compromiso colectivo de salvaguardar sus derechos.
Las organizaciones firmantes manifiestan su rechazo a los altos niveles de violencia contra personas defensoras de derechos indígenas en el estado de Chiapas, particularmente en los municipios de Aldama, Ocosingo, Chalchihuitán, Chenalhó, Chilón y Pantelhó, y reiteran su preocupación por el clima de impunidad y la falta de condiciones adecuadas de seguridad para estas formas comunitarias de defensa de los derechos humanos en el estado de Chiapas.
Hacemos un llamado a las autoridades federales y estatales para que esclarezcan los nuevos actos de violencia, lleven a cabo una investigación con la debida diligencia que permita llevar a los responsables ante la justicia de manera expedita, y garanticen que las comunidades defensoras puedan vivir en un entorno seguro para defender y ejercer sus derechos humanos, tanto colectivos como individuales.
