¿Cómo podemos sobrevivir con dignidad si somos expulsados de nuestras tierras?
17 de febrero de 2022 — En respuesta al plan injusto del Gobierno de Tanzania de desalojar al menos a 70,000 pastores indígenas masái de sus tierras consuetudinarias legalmente reconocidas en la zona de Loliondo, en Tanzania, Indigenous Peoples Rights International (IPRI) presenta esta Carta Abierta al Gobierno de Tanzania y a Otterlo Business Corporation, instándolos a detener este plan.
Un total de 480 organizaciones y 4,747 personas preocupadas de 133 países han firmado esta carta, demostrando un amplio apoyo solidario a los pastores indígenas masái afectados en todo el mundo.
Entre estas organizaciones se incluyen redes y defensores de los pueblos indígenas; organizaciones internacionales de derechos humanos y ONG como Amnesty International y Oxfam; organizaciones de conservación y medio ambiente como el Fondo Mundial para la Naturaleza y Greenpeace; así como estudiantes de diversas universidades, abogados, activistas y defensores de derechos humanos, entre otros.
Esta acción de la comunidad internacional debe ser reconocida por el Gobierno de Tanzania. El gobierno debe atender las demandas de los pastores masái afectados, garantizando el pleno respeto y la protección de sus derechos a sus tierras y a sus medios de vida, en consonancia con sus obligaciones y compromisos en materia de derechos humanos.
Un líder masái de las comunidades amenazadas expresó:
“Hemos vivido y conservado este lugar durante décadas, en armonía con nuestro ganado y la vida silvestre. Sin embargo, el gobierno ha estado apuntando constantemente a nuestras tierras ricas en biodiversidad para proyectos comerciales con extranjeros adinerados, lo que no solo nos desplazará, sino que también debilitará nuestro patrimonio cultural y nuestros medios de vida sostenibles como pastores indígenas. ¿Cómo podemos sobrevivir con dignidad si somos expulsados de nuestra tierra? Necesitamos apoyo global para exigir a nuestro gobierno que respete nuestro derecho a vivir en paz en nuestras tierras consuetudinarias.”
El plan de desalojo en la zona de Loliondo tiene como objetivo convertir el territorio en un área de caza de vida silvestre para las familias reales de Dubái, propietarias de Otterlo Business Corporation.
En el Parque Nacional de Ngorongoro, otros 70,000 pastores masái también enfrentan la amenaza de desalojo, basada en la recomendación de la Comisión del Patrimonio de la UNESCO de limitar la presencia y las actividades humanas en el parque bajo un enfoque de conservación de tipo fortaleza.
Esto ignora el hecho de que estos pastores indígenas han vivido en armonía con su entorno incluso antes de que su territorio fuera declarado parque nacional.
Estas amenazas de desalojo de los pastores indígenas masái, por un lado bajo un enfoque de conservación de tipo “fortaleza”, y por otro lado para la caza de animales silvestres destinada a las élites adineradas, constituyen desarrollos alarmantes en el contexto de la meta global de conservación del 30% de la biodiversidad para 2030, conocida como el objetivo 30×30.
Es evidente en estos casos que los derechos y el bienestar de los pueblos indígenas no solo son relegados, sino directamente vulnerados. Asimismo, sus roles y contribuciones fundamentales a la biodiversidad son completamente ignorados y menospreciados.
IPRI está profundamente preocupado de que la meta 30×30 pueda provocar desplazamientos masivos de pueblos indígenas; intensificar el hambre y la pobreza; aumentar los conflictos y la violencia contra las mujeres y niñas indígenas; y conducir al etnocidio de los pueblos indígenas, a medida que sus derechos son sistemáticamente vulnerados. Esto también puede dar lugar a una mayor criminalización de los pueblos indígenas cuando defienden sus tierras, territorios y recursos, y al ejercer sus derechos de practicar sistemas sostenibles de manejo de recursos y medios de vida como parte de sus medidas de conservación.
Por lo tanto, es necesario garantizar el respeto, la protección y el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas en los programas y medidas de conservación en el marco de la meta 30×30.
Debe garantizarse el reconocimiento y el fortalecimiento de las prácticas de conservación de los pueblos indígenas, junto con disposiciones que aseguren medios de vida sostenibles; asimismo, debe ponerse fin a la criminalización de los pueblos indígenas por el ejercicio de sus derechos.
Es urgente cambiar la forma en que los responsables de la toma de decisiones, tanto a nivel nacional como global, tratan a los pueblos indígenas como enemigos de la conservación y el desarrollo.
Por el contrario, los pueblos indígenas deben ser reconocidos como actores clave y socios fundamentales para el logro efectivo de la meta 30×30 y para alcanzar el desarrollo sostenible para todas las personas.
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Nota: Indigenous Peoples Rights International (IPRI) es una organización global de pueblos indígenas que trabaja para proteger los derechos de los pueblos indígenas, así como para unir y amplificar las demandas de justicia de las víctimas de criminalización e impunidad. Por favor visite el sitio web de IPRI para más información: https://iprights.org/ https://iprights.org/.
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Joan Carling
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