Declaración de los participantes indígenas en la Conferencia sobre los Pueblos Indígenas y la Transición Justa 12-14 de abril de 2024 Nueva York Nosotros, los 87 representantes de pueblos indígenas participantes en la Conferencia sobre los Pueblos Indígenas y la Transición Justa, nos hemos reunido para abordar los problemas urgentes relacionados con la transición hacia energías renovables y sus impactos en las comunidades de los pueblos indígenas. Representando diversas naciones y pueblos indígenas de 35 países provenientes de las siete regiones socioculturales del mundo, nos reunimos con un propósito común: abogar por una transición energética que respete los derechos humanos, la equidad social, la integridad cultural, la inclusión y la participación plena y efectiva, así como la prosperidad compartida de los pueblos indígenas, basada en la sostenibilidad de nuestros recursos finitos. En nuestras discusiones e intercambios, hemos llegado a reconocer hallazgos críticos que subrayan la relevancia y urgencia de nuestra causa. Entre estos hallazgos se encuentran los siguientes: Nosotros, como pueblos indígenas, reafirmamos nuestra conexión intrínseca con todos los ecosistemas y nuestros derechos sobre nuestras tierras, territorios y recursos, incluidos nuestros bosques, aguas, aire/viento, océanos, mares y cielo — una conexión que trasciende la propiedad y subraya nuestro papel como guardianes de la Madre Tierra. Como pueblos indígenas, nos mantenemos unidos en solidaridad, basados en nuestros principios, valores, prácticas y conocimientos compartidos sobre la gestión sostenible de los recursos para las generaciones presentes y futuras. Reconocemos y apoyamos la necesidad de poner fin a la dependencia de los combustibles fósiles y transitar hacia energías renovables como un paso fundamental para enfrentar la crisis climática. Sin embargo, la trayectoria actual de la transición energética no cumple con los criterios de justicia, equidad social y sostenibilidad ambiental, particularmente desde la perspectiva de los derechos y el bienestar de los pueblos indígenas. Estamos experimentando una creciente tendencia de criminalización y ataques contra las y los defensores indígenas de derechos humanos (IPHRDs), quienes alzan la voz contra la imposición de proyectos mineros y energéticos que vulneran nuestros derechos. Esto ocurre en ambos extremos de la cadena de valor de las energías renovables, incluyendo la extracción de minerales de transición y los proyectos de energía renovable. La falta de reconocimiento legal y de respeto de los derechos de los pueblos indígenas, incluida la obligación de respetar nuestro consentimiento previo, libre e informado (CPLI), agrava el despojo de tierras y recursos, el desplazamiento, la destrucción de nuestros medios de vida, la desintegración de nuestras comunidades y el debilitamiento de las mujeres y juventudes indígenas en la transición energética. Somos conscientes de que más del 50 % de los minerales de transición del mundo se encuentran en nuestros territorios. Una gran parte del potencial de las energías renovables también se localiza en las tierras y territorios de los pueblos indígenas. Nos alarman las graves consecuencias de la minería y del despliegue de proyectos de energía renovable en nuestros territorios sin nuestro consentimiento previo, libre e informado (CPLI), lo que vulnera nuestro derecho a la libre determinación y a nuestras tierras, territorios y recursos. La demanda de minerales y metales de transición, impulsada por incentivos y otras acciones basadas en el mercado, tiene un enorme potencial de generar contaminación y agotamiento de las fuentes de agua a gran escala, conflictos, inseguridad alimentaria, así como impactos en nuestra salud física y mental y en la de otras comunidades. Ante estos riesgos, estamos profundamente preocupados por los intentos de las empresas mineras, las asociaciones industriales y los organismos intergubernamentales, incluido el Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM), de no comprometerse con el estándar mínimo para respetar los derechos de los pueblos indígenas mediante la correcta aplicación e implementación del consentimiento previo, libre e informado (CPLI), así como por la renuencia de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA) a comprometerse explícitamente con la implementación de la debida diligencia en derechos humanos y consultas significativas, incluyendo a los pueblos indígenas, en relación con la minería en los fondos marinos. Es imperativo que no se continúe con el enfoque de “negocios como siempre”, para evitar violaciones y abusos generalizados de los derechos de los pueblos indígenas y los conflictos resultantes.
La extracción excesiva de carbono y petróleo, así como de minerales de transición y tierras raras, representa una grave amenaza para nuestro planeta, lo que exige esfuerzos estratégicos para limitar su extracción y consumo. Aunque las comunidades de pueblos indígenas tienen la menor huella de carbono, enfrentamos impactos desproporcionadamente altos de la crisis climática. También nos vemos afectados por proyectos de transición energética impuestos como soluciones climáticas, que cuentan con financiamiento climático y mecanismos de compensación de carbono.
Las mujeres indígenas y otros grupos en situación de riesgo, incluidas las personas con discapacidad, enfrentan la supresión de sus voces y son sometidos a violencia y abusos cuando defienden y ejercen sus derechos, lo que evidencia la necesidad de equidad de género, acceso a la justicia, participación plena y efectiva en la toma de decisiones y empoderamiento.
Los pueblos indígenas deben ser reconocidos como sujetos de derechos y como socios iguales con dignidad. El desarrollo de energías renovables debe priorizar la sostenibilidad y la resiliencia, rechazando modelos que perpetúan la explotación, el desplazamiento y la marginación. Se debe dar prioridad a los pueblos indígenas en la elaboración de marcos legales, estrategias, políticas, procedimientos y proyectos de energías renovables, como elementos esenciales de una transición energética justa y de la mitigación del cambio climático.
Buscamos la transformación justa de los sistemas que histórica y continuamente han despojado de poder a los pueblos indígenas, causando graves daños, injusticias y desequilibrios a nuestros pueblos, nuestros ecosistemas y nuestra Madre Tierra. Respondemos a la práctica de los Estados y actores no estatales de centrarse en una transición energética que no refleja plenamente las prioridades de los pueblos indígenas, quienes impulsan soluciones basadas en sistemas alimentarios sostenibles, la restitución de tierras, la soberanía del agua y el desarrollo integral para el bienestar de nuestros pueblos.
Empoderar a los pueblos indígenas para liderar iniciativas de energías renovables es fundamental para un desarrollo sostenible autodeterminado. Los proyectos de los pueblos indígenas respetan y fortalecen nuestros conocimientos y valores, al tiempo que fomentan la apropiación y la resiliencia dentro de las comunidades. Al priorizar la inclusión y los mecanismos de toma de decisiones de los pueblos indígenas, estas iniciativas garantizan que el desarrollo de energías renovables responda a las necesidades y aspiraciones específicas de las comunidades.
A través de esfuerzos colaborativos, basados en acuerdos mutuos y el intercambio de recursos, las soluciones de energía renovable de los pueblos indígenas contribuyen a mitigar el cambio climático y a fortalecer el empoderamiento económico y la cohesión social, allanando el camino hacia un futuro más justo y sostenible para todos. Sobre la base de nuestros análisis y compromisos compartidos, hacemos el siguiente llamado: Para los Estados, reconocer legalmente, respetar, garantizar y proteger los derechos de los pueblos indígenas, tal como se establece en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y en otros instrumentos internacionales, incluso en el contexto de las energías renovables y la minería de minerales de transición. Emprender reformas de leyes, políticas y procedimientos para poner fin a la criminalización de los pueblos indígenas; detener los ataques, asesinatos, violencia y represión contra los defensores de los derechos de los pueblos indígenas; y garantizar un acceso efectivo a la justicia. Acelerar el abandono de los combustibles fósiles y redirigir el financiamiento y los subsidios para apoyar el desarrollo de energías renovables autodeterminado por los pueblos indígenas. Garantizar que las iniciativas de transición energética, como las Asociaciones para una Transición Energética Justa, prioricen los derechos humanos, los derechos de los pueblos indígenas, la equidad social, la integridad cultural y la protección ambiental. Exigir que las empresas respeten los derechos de los pueblos indígenas, incluyendo la realización obligatoria del consentimiento previo, libre e informado (CPLI), la adopción e implementación de salvaguardas sociales y ambientales, y el establecimiento de mecanismos de queja eficaces y accesibles. Adoptar leyes, políticas y procedimientos que aborden los patrones de consumo insostenibles y promuevan la protección ambiental entre la población mundial. Proveer financiamiento directo, adecuado y flexible, incluyendo el acceso a mecanismos de financiamiento climático, así como apoyo para el fortalecimiento de capacidades técnicas y legales que permita a los pueblos indígenas definir su propio presente y futuro en el desarrollo de energías renovables. Declarar una prohibición de la expansión de la minería en zonas restringidas, incluidas áreas culturalmente significativas como sitios sagrados, zonas de subsistencia y otras áreas críticas, según lo determinen los pueblos indígenas ejerciendo su consentimiento previo, libre e informado (CPLI); esto debe incluir la prohibición de la explotación del fondo marino para minerales de aguas profundas. Adoptar una regulación obligatoria de debida diligencia en materia de derechos humanos y medio ambiente que exija la incorporación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas a lo largo de todo el proceso, en consonancia con los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos (UNGPs). Garantizar la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas en la elaboración de orientaciones para la implementación de las Directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para Empresas Multinacionales sobre Conducta Empresarial Responsable. Para los inversionistas y las empresas, las empresas deben reconocer y respetar el derecho al consentimiento previo, libre e informado (CPLI), lo que también implica el derecho a decir no, en sus políticas, procedimientos y prácticas en todos los proyectos, reconociendo y enfatizando el desarrollo autodeterminado de los pueblos indígenas. La política de la Iniciativa para el Aseguramiento de la Minería Responsable (IRMA) sobre el CPLI debe ser el estándar mínimo para las empresas mineras. Las inversiones, el financiamiento directo e indirecto, así como la provisión de otros servicios financieros, deben estar condicionados a la evidencia del CPLI. Las empresas e inversionistas deben reconocer a los pueblos indígenas como titulares de derechos y propietarios de sus tierras, océanos, mares y recursos, y por lo tanto como socios y titulares de derechos, y no como simples partes interesadas en el desarrollo de proyectos. Las empresas deben negociar de manera justa e implementar mecanismos equitativos de distribución de beneficios, incluyendo modelos de copropiedad y participación conjunta, que respeten los derechos y las contribuciones de los pueblos indígenas y garanticen el respeto de su CPLI. Los inversionistas deben exigir la implementación de estos modelos por parte de las empresas en las que invierten, para alinearse con los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos (UNGPs), la debida diligencia en derechos humanos y mecanismos de queja efectivos. Las empresas y los inversionistas deben adoptar e implementar políticas de tolerancia cero frente a la violencia, los asesinatos, los homicidios y los ataques contra las y los defensores de derechos humanos de los pueblos indígenas, y comunicar esta misma expectativa a sus socios comerciales. Las empresas no deben causar daños en el acceso ni en la calidad del agua limpia de los pueblos indígenas, ni generar otros impactos ambientales negativos. Los pueblos indígenas deben tener roles de toma de decisiones, en línea con su derecho al consentimiento previo, libre e informado (CPLI), en los mecanismos de certificación multiactor de minerales de transición y proyectos de energías renovables. Los inversionistas y las empresas indígenas deben ser reconocidos y habilitados como socios iguales y viables cuando y donde decidan participar en los proyectos.
Para las empresas de servicios energéticos y los reguladores, respetar las normas, leyes consuetudinarias y sistemas jurídicos de los pueblos indígenas. Asignar financiamiento gubernamental y de inversionistas para apoyar la implementación del proceso de CPLI en todas las etapas de todas las inversiones en territorios de pueblos indígenas, incluyendo mecanismos establecidos por los propios pueblos indígenas para una participación efectiva. Los pueblos indígenas deben tener roles de toma de decisiones, en línea con su derecho al CPLI, en los mecanismos de certificación multiactor de proyectos de energías renovables. Establecer mecanismos efectivos para la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas, incluyendo mujeres y jóvenes, en la planificación, implementación, generación de ingresos y monitoreo de proyectos de desarrollo energético, así como en la elaboración de normas y políticas relacionadas con la energía. Garantizar el acceso a energía renovable asequible para los pueblos indígenas. Asegurar una compensación justa y adecuada, así como beneficios equitativos para los pueblos indígenas por el uso de sus tierras, territorios y recursos, basados en su CPLI.
Nosotros, los participantes de la Conferencia sobre la Transición Justa y los Pueblos Indígenas, permanecemos unidos en nuestro compromiso de avanzar en la justicia, la equidad y la sostenibilidad en la transición hacia las energías renovables. A través de nuestros esfuerzos colectivos y una defensa firme, aspiramos a construir un futuro en el que se respeten los derechos y la dignidad de los pueblos indígenas, se preserve la integridad ambiental, se fortalezca la solidaridad global y todos los pueblos puedan prosperar en armonía con el mundo natural.
