Indigenous Peoples Rights International (IPRI), una organización global que protege los derechos de los pueblos indígenas y amplifica las voces de las víctimas frente a la criminalización y la impunidad, y el Colectivo de Mayores Camino de los Ancestros expresamos nuestra profunda preocupación por el aumento significativo de los ataques contra los pueblos indígenas del Cauca. Solicitamos al Estado colombiano tomar acciones decisivas para garantizar su vida e integridad frente a ataques que también vulneran su autonomía y sus derechos colectivos. Según la información que nos ha sido proporcionada directamente, las comunidades indígenas del departamento del Cauca permanecen en estado de alerta debido a la escalada de la violencia y la intensificación de la emergencia humanitaria. A pesar de la emisión de alertas tempranas por parte de la Defensoría del Pueblo, en las últimas semanas se han presentado una serie de hechos que han impactado profundamente a la población indígena de la zona. Algunos de estos hechos violentos son el asesinato de la lideresa indígena nasa Carmelina Yule Pavi en Toribío el 17 de marzo; un ataque armado en la vía Panamericana entre Piendamó y Tunía el 5 de abril, que dejó un policía muerto y cuatro personas heridas; la detonación de un carro bomba en Miranda, que dejó cuatro personas heridas; la activación de un artefacto explosivo en la vía Panamericana entre Popayán y Cali el 13 de abril; el enfrentamiento armado en el área urbana de Jambaló el 16 de abril; y la retención de los comuneros Luis Ángel Liz y el menor Estiven Quinto del resguardo indígena de San Andrés de Pisimbalá el 21 de abril, quienes posteriormente fueron rescatados por la guardia indígena y la comunidad. Esta situación hace parte de la violencia armada que continúa afectando a los pueblos indígenas después de la firma de los Acuerdos de Paz. Según el informe anual de la ONIC, en 2023, más de 58.000 hombres y mujeres pertenecientes a diversos pueblos indígenas fueron víctimas de hostigamientos, confinamientos y desplazamientos forzados. Indepaz también estima que al menos 37 líderes indígenas han perdido la vida en Colombia durante ese periodo. El informe de IPRI de 2022 señala que los grupos armados continúan operando dentro de los territorios de los pueblos indígenas, asesinando a guardias y autoridades indígenas, reclutando forzosamente a niños, niñas y adolescentes indígenas, imponiendo confinamientos forzados y desplazando a las comunidades indígenas de sus territorios. Lamentablemente, la impunidad prevalece en más del 90 % de estos casos, lo que incentiva la continuidad de estos ataques contra la vida e integridad de las personas y los pueblos indígenas. Los hermanos y hermanas de los pueblos indígenas del Cauca —mayores, niños y niñas, y el territorio mismo— no son actores del conflicto, sino víctimas del mismo y, como tales, merecen una protección especial. Frente a estas amenazas a la existencia de los pueblos indígenas, tanto a nivel físico como en su condición de sujetos colectivos con formas de vida y derechos propios, exigimos una acción inmediata y decisiva por parte del Estado para que cesen las agresiones y los asesinatos contra los pueblos indígenas; que se respeten plenamente las normas del Derecho Internacional Humanitario por todos los actores presentes en los territorios indígenas; que se garantice el funcionamiento de los sistemas de gobierno de los pueblos indígenas; que se respete la autonomía de los pueblos del Cauca; y que se restablezcan diálogos que conduzcan al fin de la violencia armada contra los pueblos indígenas. IPRI y el Colectivo de Mayores Camino de los Ancestros permanecerán atentos a la grave situación de violencia que continúan viviendo nuestros hermanos y hermanas indígenas en el Cauca. La paz no es paz si no llega a los territorios de los pueblos indígenas.
