José Antonio Arreola recuerda aquella madrugada en la que tuvo que abandonar su hogar, a su esposa y a sus hijos pequeños, con solo un compañero activista a su lado para apoyarle. Las amenazas del crimen organizado le obligaron a huir de Nahuatzen, la comunidad de la meseta p’urhépecha donde nació y se crió, y por cuya protección luchó.
Dejó atrás los frondosos bosques, un pueblo arraigado en la cultura indígena y a su gente, pero sigue pensando en volver para continuar la lucha por el reconocimiento y la defensa de la autonomía y la seguridad de su comunidad.
La situación en Nahuatzen, Michoacán
La situación en Nahuatzen, Michoacán, al oeste de México, es extremadamente crítica. Las redes criminales se disputan el control de los territorios indígenas —ya sea por sus recursos madereros o por su ubicación estratégica para el tráfico de mercancías ilegales— y su influencia sobre las instituciones del gobierno municipal es cada vez más evidente.
En este contexto, los defensores indígenas de los derechos humanos se enfrentan a riesgos extremos y se convierten en blanco de amenazas, acoso y graves violaciones de sus derechos tanto individuales como colectivos, especialmente cuando ejercen su derecho a la autodeterminación.
José Antonio Arreola encarna la lucha
José Antonio Arreola es un ejemplo de lucha. En 2015, ocupó el cargo de representante del Consejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen (CCIN), un gobierno comunitario creado mediante una asamblea comunitaria como respuesta a la inseguridad, la corrupción y la negligencia del Estado.
Dos años más tarde, el CCIN fue reconocido oficialmente por el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán y por el Gobierno Federal como autoridad indígena.
Pero este reconocimiento también marcó el inicio de una nueva fase de represión.
Obstrucción de la gobernanza autónoma
Los funcionarios del gobierno estatal —especialmente bajo las órdenes de Silvano Aureoles (gobernador entre 2015 y 2021)— se negaron a reconocer al CCIN y siguieron apoyando al gobierno municipal, a pesar de la resolución del Tribunal Electoral que reconocía al CCIN como la autoridad legítima. Esta actuación obstaculizó el ejercicio de la autonomía de gobierno de Nahuatzen.
La persecución se intensificó con amenazas, campañas de desprestigio y acoso político.
Detención violenta y encarcelamiento arbitrario
El 14 de noviembre de 2018, José Antonio fue detenido de forma violenta en su propia casa. Durante la redada, los agentes de policía apuntaron con armas a sus hijos pequeños y los amenazaron [1].
Fue acusado sin fundamento de robo con violencia y sabotaje contra el Ayuntamiento de Nahuatzen, y posteriormente condenado a siete años de prisión en el centro penitenciario «Lic. Eduardo Ruiz» de Uruapan.
José Antonio fue puesto en libertad en 2022 gracias a una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de la Nación, que determinó que el presunto delito no había podido demostrarse durante el juicio.
Regreso, compromiso y nuevas amenazas
Tras su puesta en libertad, no renunció a su compromiso. Preocupado por el aumento del consumo de drogas en su comunidad, impulsó la creación de un centro de rehabilitación para jóvenes indígenas:
«Cuando volví, me sorprendió ver cuántas familias vendían drogas. Si la seguridad estuviera en manos de la comunidad, las cosas serían diferentes».
Su liderazgo volvió a convertirse en una amenaza. En 2025, volvió a ser objeto de amenazas por parte del crimen organizado. Por su seguridad, se vio obligado a huir.
Se marchó con miedo, pero también con esperanza: la esperanza de que algún día su comunidad pudiera vivir en paz y dignidad.
El crimen organizado en Nahuatzen
«Hay hombres armados y enmascarados que no pertenecen a la comunidad. Ahora no puedo estar allí, pero junto con otras organizaciones estamos trabajando para que se reconozca nuestra autonomía y podamos regresar en paz», explica.
Su familia está ahora separada, vive con miedo y se ve sometida a un sistema que combina la violencia armada con la impunidad.
En Nahuatzen, al igual que en otras comunidades indígenas de la región, el crimen organizado sigue un patrón bien definido. Primero queman los bosques, después compran o se apropian por la fuerza de las tierras. Aprovechan las situaciones de vulnerabilidad, miedo y desesperación para hacerse con el control del territorio.
La corrupción y la negligencia institucional permiten que esto ocurra. Los vecinos denuncian el silencio del gobierno estatal, mientras que el gobierno federal no hace nada al respecto.
Un tejido social debilitado
Mientras tanto, comunidades enteras pierden no solo el control sobre su territorio, sino también la confianza en las autoridades que deberían protegerlas. Esta doble pérdida debilita profundamente sus formas tradicionales de organización.
Las asambleas comunitarias ya no gozan de reconocimiento, los líderes tradicionales son criminalizados o cooptados, y el tejido social se ve desgarrado por el miedo y los desplazamientos forzados.
Los proyectos externos se imponen sin consulta ni respeto, lo que altera los planes de vida de las comunidades y socava la autonomía que los pueblos indígenas han defendido durante generaciones.
Defender los derechos colectivos asumiendo riesgos personales
«Si nos ven reuniéndonos en casa de un compañero, nos amenazan. Intentan desanimar a la gente. Pero ante tanta injusticia, no podemos rendirnos. Intentamos dejar a un lado el miedo y seguir organizándonos», afirma con firmeza José Antonio.
Hoy en día, defender los derechos colectivos supone poner en peligro la propia vida. En territorios donde quienes deberían proteger a los pueblos indígenas sirven a otros intereses, defender la tierra se convierte en un acto de valentía.
Preocupación de la ONU por la criminalización
La Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Mary Lawlor, ha expresado su preocupación por la detención arbitraria de defensores indígenas de los derechos humanos en México y por la imposición de penas severas.
Las penas acumuladas de nueve de los diez defensores a los que se refiere en su comunicación de noviembre de 2024 ascendían a un total de casi 300 años de prisión [2].
Apoyo y solidaridad colectiva
Por esto es fundamental que trabajemos juntos. Al igual que otros defensores indígenas, José Antonio ha recibido el apoyo de Serapaz, Voces del Territorio, Red Solidaria, Front Line Defenders e Indigenous Peoples Rights International, organizaciones que ofrecen acompañamiento en los procesos de defensa territorial y de consolidación de la paz.
Un llamado a adoptar medidas estructurales
Ante esta realidad, más allá de denunciar las violaciones de los derechos individuales y colectivos, los pueblos indígenas reclaman que se actúe sobre las causas estructurales de la crisis mediante medidas decisivas:
Reconocer los sistemas de seguridad comunitaria, como las patrullas vecinales; garantizar el derecho a la autodeterminación; y reforzar la autonomía indígena y los sistemas de gobernanza.
Solo entonces será posible recuperar la esperanza de regresar a sus territorios en paz.
Support from IPRI’s Legal Defense and Sanctuary Fund
El Fondo de Defensa Legal y Refugio (LDSF) del IPRI prestó apoyo a José Antonio Arreola para garantizar su seguridad, su sustento y su capacidad de comunicación durante su estancia temporal en el refugio, así como para preparar los recursos necesarios ante una posible evacuación de emergencia.
Este apoyo le permite seguir luchando por el derecho de su comunidad a la autonomía y la seguridad.
References
[1] National Network of Civil Society Organizations “All Rights for Everyone” (Red TDT). Final Report of the Civil Observation Mission: “Autonomy and Self-Determination in the P’urhépecha Plateau” (Michoacán, February 17–20, 2020). Red TDT, Michoacán, Mexico, 2021.
[2] OHCHR, “Mexico: UN expert concerned about criminalization, arbitrary detentions, and long sentences for indigenous defenders,” November 8, 2024. https://www.ohchr.org/es/press-releases/2024/11/mexico-un-expert-concerned-over-criminalisation-arbitrary-detention-and-long
