19 de abril de 2024. El Peoples’ Forum reunió a activistas y abogados indígenas para debatir cómo enfrentar un modelo que privatiza las ganancias y socializa los costos. “Y los pueblos indígenas están en la primera línea de esa lucha”, resumieron los organizadores. La activista indígena Joan Carling advirtió que la criminalización y la destrucción ambiental no solo ocurren con los combustibles fósiles, sino también con los minerales de transición. Señaló que en el centro del problema está la falta de reconocimiento pleno de los derechos de los pueblos indígenas, así como la criminalización del ejercicio y la práctica de sus formas de vida tradicionales. “Entonces, cuando alzamos la voz contra estos proyectos destructivos, nos enfrentamos a cargos fabricados”, afirmó. Algunos de los desafíos radican en que las corporaciones y los inversionistas no cuentan con marcos regulatorios sólidos, lo que les permite destruir y contaminar con impunidad. Además, en muchas comunidades no se conocen los derechos ni las herramientas para defenderlos. La abogada indígena Natali Segovia relató la experiencia del Water Protector Legal Collective, que surgió en Standing Rock en 2016. De esa lucha surgieron más de 800 casos penales contra defensores del agua. Subrayó que hoy en día las redes sociales permiten conocer lo que ocurre en el terreno. Denunció que desde la década de 1970 se ha visto el crecimiento del término ecoterrorismo, promovido por las corporaciones, en el que se engloba todo. Ahora también existen litigios estratégicos contra la participación pública. “Esta es la situación que vivimos en Estados Unidos y que tenemos que enfrentar como defensores ambientales y como abogados de la defensa. Necesitamos más salvaguardas en la ley para proteger a las naciones originarias que son anteriores a estos Estados coloniales”, concluyó Segovia. Aaron Marr Page habló sobre los ataques a los defensores ambientales como una estrategia corporativa. Las empresas pueden presentar el mismo caso ante decenas de tribunales, pagar testigos para acusar a los defensores, demonizarlos, llevarlos a juicio y prolongar los procesos. Steven Donzinger, quien formó parte del equipo que litigó contra Chevron en Ecuador y fue procesado penalmente por ello, considera que fue atacado de manera feroz como una forma de eliminar la idea de que este tipo de litigios era posible. Y también por ser considerado un traidor a su clase y a sus privilegios.
