15 de abril de 2024. Con el fin de reflexionar y compartir cómo las directrices actualizadas de la OCDE sobre empresas y derechos humanos pueden servir a los pueblos indígenas, defensores y activistas indígenas organizaron un evento paralelo durante la 23ª sesión del UNPFII en Nueva York. Joan Carling, directora ejecutiva de IPRI, comenzó presentando el contexto de las directrices así como el proceso de revisión. Subrayó que estas directrices son importantes porque, aunque no son vinculantes, sí establecen normas de funcionamiento para las empresas. Se trata de empresas mineras, energéticas, agroindustriales y una amplia gama de otras compañías que impactan a los pueblos indígenas a través del despojo de tierras, la contaminación, así como los ataques y asesinatos de defensores de derechos humanos. Carling señaló que el proceso de revisión de las directrices implicó discusiones con representantes indígenas de distintas partes del mundo, con el objetivo de incluir explícitamente el reconocimiento, respeto y protección de los derechos de los pueblos indígenas, así como, al menos, la implementación del consentimiento libre, previo e informado (FPIC). La OCDE sí incluyó referencias explícitas, y ahora será necesario desarrollar el proceso de implementación. Para ello, indicó que serán necesarias normas claras y una guía. Christine Kaufmann, presidenta del grupo de trabajo de la OCDE sobre conducta empresarial responsable, señaló que las directrices abarcan numerosos ámbitos y centran sus esfuerzos donde las empresas tienen mayor impacto. Esta revisión, indicó, fue un proceso muy abierto, orientado a generar impacto frente a desafíos clave como el cambio climático y la biodiversidad, la transición digital y el elevado número de conflictos en el mundo. Eirik Larsen, jefe del departamento de derechos humanos del Consejo Sami, destacó la necesidad de conocer mejor las directrices, ya que pueden representar nuevas oportunidades, especialmente en lo relativo al FPIC. El pueblo sami, explicó, está acostumbrado a interactuar con los gobiernos y necesita interactuar más con las empresas. También señaló otra posibilidad de acción: el caso de las empresas nórdicas y sus actividades en el extranjero. En Filipinas, compartió Joan Carling, un proyecto minero fue impuesto sin consentimiento libre, previo e informado. Los pueblos indígenas acudieron a los inversionistas (con sede en Noruega) y presentaron pruebas de la falta de FPIC. Los fondos fueron retirados y la empresa tuvo que detener el proyecto. Hannah Greep, responsable de políticas e incidencia en OECD Watch, señaló que las directrices ahora contienen estándares más sólidos en áreas que antes no estaban incluidas, como el FPIC y la participación significativa, la detención de represalias y la protección de los defensores de derechos humanos, así como el cambio climático. Indicó que se debe presentar una queja contra la empresa que no cumpla con las directrices; en algunos casos, esto puede dar lugar a recomendaciones, compensaciones o cambios en las políticas. Recomendó utilizar las directrices en combinación con otros instrumentos para una interpretación más sólida. Por su parte, Prabindra Shakya, fundador y director de Community Empowerment and Social Justice Network (CEMSOJ), advirtió que espera un mayor apoyo para la presentación de denuncias. También señaló la necesidad de normas más vinculantes, mayor claridad sobre el FPIC, así como responsabilidad penal en caso de ataques contra defensores.
