Artículo con motivo del Día Internacional de los Pueblos Indígenas
Por Joan Carling, Directora Ejecutiva de IPRI
El año pasado resultó ser un periodo crucial para los pueblos indígenas, marcado tanto por desafíos como por avances en nuestra lucha continua por el reconocimiento de nuestros derechos y la protección del medio ambiente. En medio de nuestra lucha por la supervivencia, los pueblos indígenas seguimos enfrentando la criminalización injusta, la destrucción de nuestras tierras y recursos, y el silenciamiento de nuestras voces.
La continua criminalización de los pueblos indígenas
A pesar de la adopción en 2007 por los Estados miembros de la ONU de la histórica Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el preocupante ciclo de criminalización persiste, impulsado por leyes y políticas discriminatorias que afectan de manera desproporcionada a los pueblos indígenas. Estas leyes se relacionan principalmente con los derechos sobre la tierra, los parques nacionales, las medidas de conservación, la gestión y explotación de recursos naturales, la protección ambiental, las actividades tradicionales y las restricciones a prácticas y creencias culturales.
Además, las protestas pacíficas para resistir proyectos destructivos y las industrias extractivas han sido respondidas con represión injustificada, violencia y persecución legal. Esto ha dado lugar a arrestos, detenciones e incluso ejecuciones extrajudiciales de líderes y activistas indígenas que buscan defender nuestros derechos y el medio ambiente.
Datos alarmantes de Global Witness y Indigenous Peoples Rights International (IPRI) revelan que los defensores indígenas de la tierra y el medio ambiente representaron la mayoría (60 %) de las personas asesinadas en los últimos tres años, a pesar de constituir solo el 6 % de la población mundial. Asimismo, IPRI ha documentado al menos 389 casos de graves violaciones de derechos humanos en 2021-2022, incluyendo asesinatos, detenciones, acoso judicial, desalojos, entre otros.
El preocupante aumento de solicitudes de asistencia urgente por parte de líderes y comunidades indígenas que enfrentan amenazas como defensores de los derechos humanos y del medio ambiente en América Latina, Asia y África evidencia la gravedad de su situación. Estos actos persistentes de criminalización y agresión contra los pueblos indígenas ponen de manifiesto la falta de compromiso de los Estados para cumplir con la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, perpetuando marcos jurídicos coloniales y regulaciones discriminatorias e injustas que socavan nuestra dignidad y bienestar.
La intersección entre justicia social y protección ambiental
La protección de los derechos de los pueblos indígenas, la justicia social y la conservación del medio ambiente están profundamente interrelacionadas. Los pueblos indígenas mantenemos una relación estrecha con la naturaleza, valorando nuestras tierras no como mercancías, sino como elementos vinculados a nuestra identidad, culturas, medios de vida sostenibles y formas de vida.
Sin embargo, nuestro derecho colectivo a nuestras tierras, territorios y recursos no está plenamente reconocido ni protegido por la mayoría de los Estados, lo que genera degradación ambiental, criminalización y violaciones de derechos humanos sin rendición de cuentas.
Mientras tanto, las actividades empresariales que implican la explotación a gran escala de nuestras tierras y recursos —que hemos protegido durante generaciones— gozan de protección legal e incluso son incentivadas por los Estados como actores económicos poderosos. La desigualdad es evidente cuando un agricultor indígena es encarcelado por utilizar árboles que él mismo plantó para construir su vivienda, mientras que una empresa maderera obtiene autorización legal para realizar explotación comercial en territorios indígenas.
Por lo tanto, la necesidad de reformar las políticas para contrarrestar la criminalización de los pueblos indígenas y avanzar en la justicia social sigue siendo fundamental para salvaguardar nuestros derechos y construir un mundo más sostenible. «El imperativo de reformar las políticas para contrarrestar la criminalización de los pueblos indígenas y avanzar en la justicia social sigue siendo fundamental para salvaguardar nuestros derechos y fomentar un mundo más sostenible».
Cambio climático y amenaza al medio ambiente
Los pueblos indígenas soportan una carga desproporcionada frente al cambio climático debido a nuestra presencia continua y nuestro papel como guardianes de ecosistemas vulnerables. El aumento del nivel del mar, los fenómenos climáticos extremos como sequías prolongadas e inundaciones devastadoras, así como la pérdida de biodiversidad, representan amenazas existenciales para nuestros modos de vida y la seguridad alimentaria.
Paradójicamente, aunque nuestra huella de carbono es mínima, se nos niegan recursos adecuados y apoyo técnico, dejándonos enfrentar por nuestra cuenta las consecuencias del cambio climático. Si bien el apoyo para pérdidas y daños ya forma parte de la acción climática global, es fundamental priorizar el apoyo y la asistencia directa a los pueblos indígenas para fortalecer nuestra resiliencia y restaurar nuestras tierras, territorios, recursos y medios de vida sostenibles. Esta iniciativa también contribuiría significativamente a la mitigación y adaptación al cambio climático, beneficiando a la sociedad en su conjunto.
Asimismo, las acciones climáticas orientadas al desarrollo de energías renovables —incluida la extracción de minerales de transición sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas— provocan graves violaciones de nuestros derechos colectivos y bienestar. Estas acciones injustas constituyen una forma de colonización verde que agrava la injusticia social contra los pueblos indígenas.
Durante décadas, hemos acogido proyectos energéticos en nuestros territorios, como grandes represas y plantas geotérmicas, y aun así nuestras comunidades carecen de acceso a electricidad y no reciben los beneficios prometidos, como empleo y servicios sociales. Estas imposiciones han provocado desalojos, la destrucción de medios de vida y un aumento de la violencia, especialmente contra las mujeres.
Lamentablemente, ahora se están imponiendo proyectos solares y eólicos, así como la explotación de minerales de transición como el litio, el níquel y el cobalto, en nombre de la acción climática. Peor aún, cuando defendemos nuestras tierras y derechos, somos etiquetados como criminales y como opositores al desarrollo y a la acción climática.
Un número creciente de Estados incluso está modificando sus regulaciones para facilitar la implementación de proyectos de energía renovable —especialmente la minería de estos minerales— reduciendo las consultas públicas, prohibiendo las protestas y acelerando la aprobación de proyectos sin evaluaciones completas de los impactos ambientales y sociales, incluyendo la debida diligencia en derechos humanos.
Estas acciones antidemocráticas probablemente desencadenarán más conflictos, violencia y criminalización de los pueblos indígenas, considerando que aproximadamente el 60 % de los minerales de transición se encuentran en territorios indígenas.
Si bien los pueblos indígenas apoyan la transición fuera de los combustibles fósiles, es necesario un enfoque integral y sostenible para abordar las causas del cambio climático. Se requieren acciones colectivas urgentes, basadas en la solidaridad global y la rendición de cuentas de quienes son responsables del cambio climático, más allá de interminables negociaciones internacionales.
Mantener el statu quo con un enfoque de “negocios como siempre” en la transición hacia energías verdes solo agravará el consumo insostenible de los recursos del planeta y ampliará las desigualdades. Además, reconocer y abordar nuestra vulnerabilidad frente al cambio climático, garantizar nuestra participación significativa en la formulación de acciones climáticas, salvaguardar nuestros derechos y apoyar nuestro papel fundamental como guardianes de la naturaleza son elementos indispensables para avanzar en la justicia climática y la sostenibilidad dentro de la agenda global de acción climática.
Sabiduría indígena: piedra angular de la acción climática
Los pueblos indígenas poseen una vasta riqueza de conocimientos tradicionales derivados de siglos de coexistencia armoniosa con la naturaleza. Esta sabiduría abarca el uso sostenible de la tierra, prácticas de conservación y estrategias de adaptación al cambio climático que fortalecen la resiliencia comunitaria, junto con medidas de mitigación como la regeneración del suelo, la reforestación y la restauración de turberas, que aumentan la captura de carbono.
Al integrar el conocimiento y las innovaciones indígenas en la acción climática —como parte de la protección de nuestros derechos— el mundo puede beneficiarse de enfoques resilientes e ingeniosos frente a los desafíos ambientales.
Empoderar las voces indígenas y fomentar la solidaridad y las alianzas
Para impulsar un cambio significativo, es esencial revertir la criminalización de los pueblos indígenas mediante la coherencia de políticas que garanticen el respeto de sus derechos a nivel nacional, regional y global; empoderar las voces indígenas; y asegurar nuestra participación efectiva en los procesos de cambio climático y desarrollo sostenible en todos los niveles.
Al respetar y proteger nuestro conocimiento, autonomía y experiencia, el mundo puede avanzar hacia un camino más equitativo y sostenible en la construcción de resiliencia climática. Esto también requiere fortalecer la solidaridad y las alianzas con los pueblos indígenas como actores indispensables, con dignidad y derechos.
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