A: Secretaría de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) · Cc: Danielle Magalhaes, Líder del Equipo Global de Acción Climática, ONU Cambio Climático
Un llamado a la CMNUCC y a los Estados parte en la COP27
La crisis climática es uno de los problemas más críticos y complejos que enfrentan nuestro planeta y sus habitantes. Los derechos humanos y la acción climática son cada vez más indivisibles y la necesidad de transitar hacia energías más limpias nunca ha sido tan urgente. Sin embargo, esta transición está destinada al fracaso si se centra únicamente en ser rápida y no también justa.
Representamos una amplia gama de movimientos y organizaciones que trabajan por la justicia climática, los derechos humanos, los derechos laborales y la rendición de cuentas corporativa. El modelo extractivo impulsado por el lucro que ha sustentado el modelo energético global no ha proporcionado los beneficios económicos ni el desarrollo prometido a muchos países, y ha afianzado las desigualdades existentes, incluidas las relacionadas con el acceso y la propiedad de la energía, así como la desigualdad de género. Este modelo debe transformarse.
La COP27 ofrece un momento decisivo para acelerar la transición lejos de los combustibles fósiles y orientar firmemente el rumbo hacia la transición energética. Afrontar este enorme desafío requiere una acción global rápida y coordinada, así como la reorientación de inversiones públicas y privadas hacia proyectos de energía renovable.
Ignorar los derechos de las comunidades locales y de las poblaciones indígenas en la carrera hacia una economía descarbonizada para 2050, en particular de aquellas afectadas por el auge de la extracción de los minerales necesarios para la transición y por proyectos de energías renovables intensivos en tierra, es una visión a corto plazo. Esto dará lugar a numerosas violaciones de derechos humanos y al incumplimiento de la responsabilidad de los gobiernos de protegerlos, tal como lo establecen los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos.
Esto ya está provocando abusos generalizados sobre la tierra, el agua y los derechos de los pueblos indígenas: hasta ahora se han documentado 495 denuncias de abusos de derechos humanos relacionadas con la minería de minerales de transición desde 2010. Pero también seguirá alimentando la oposición, los conflictos y provocará retrasos tanto en los proyectos como en el cumplimiento de nuestros objetivos climáticos globales y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Estos conflictos ya han dado lugar a al menos 369 ataques contra defensores de derechos humanos, laborales y ambientales en todo el mundo desde 2015, incluidos 98 asesinatos relacionados con proyectos de energía renovable, y 148 ataques, entre ellos 13 asesinatos, relacionados con la minería de minerales de transición.
Los límites de los enfoques no legislativos, basados en el mercado, para mejorar el respeto empresarial por los derechos humanos también son evidentes: el 78% de las 1000 empresas más influyentes, en 68 países y 26 industrias, obtuvo una puntuación de cero en todos los indicadores que miden sus esfuerzos voluntarios en materia de debida diligencia en derechos humanos. La debida diligencia obligatoria en derechos humanos es necesaria para cerrar la brecha de rendición de cuentas.
Para lograr avances reales en la COP27, los líderes mundiales deben promover activamente una energía renovable responsable mediante: reconocer que los derechos humanos son centrales en la respuesta climática. El modelo extractivo impulsado por el lucro ha afianzado y agravado las desigualdades, ha contribuido a generar conflictos, daños ambientales y ataques contra comunidades y defensores, al tiempo que ha desempeñado un papel significativo en las emisiones. Una transición energética basada en este modelo fracasará. Los gobiernos deben situar los derechos humanos en el centro de sus planes climáticos para que sean exitosos y sostenibles a largo plazo. Esto significa que, junto con los compromisos para ampliar la generación de energía renovable, las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) deben incluir disposiciones específicas para garantizar que se protejan los derechos a la tierra, especialmente los derechos de las mujeres a la tierra, que se respeten los derechos de los pueblos indígenas, basados en su derecho a la autodeterminación, y que los beneficios de los proyectos se compartan de manera equitativa con las comunidades marginadas y directamente afectadas;
Adoptar nuevos marcos políticos y regulatorios verdes ambiciosos que protejan a los trabajadores, las comunidades locales y los pueblos indígenas, al tiempo que orienten los flujos de inversión extranjera y nacional hacia infraestructuras de energía renovable responsables: se debe prestar especial atención al respeto del derecho de los pueblos indígenas al consentimiento libre, previo e informado (CLPI), así como a los derechos individuales y colectivos de los titulares de derechos consuetudinarios sobre la tierra; y a la seguridad de los defensores de derechos humanos, laborales y ambientales;
Legislar para poner fin a los abusos corporativos más graves mediante la introducción de una debida diligencia obligatoria en materia de derechos humanos, medio ambiente y clima con enfoque de género;
Apoyar una transición energética equitativa garantizando que el desarrollo de energías renovables resulte en un acceso igualitario a energía limpia, confiable y asequible para sus poblaciones, incluidos los hogares encabezados por mujeres;
Adoptar políticas para priorizar la reducción de la demanda de energía y materiales en los países más ricos, así como una mayor eficiencia, un diseño responsable de productos y el reciclaje de minerales para minimizar los impactos ambientales y humanos de las actividades mineras y alejarse del modelo de producción basado en la extracción hasta el agotamiento.
Además, apoyamos las demandas de la Declaración de 2021 sobre Minería y Transición Energética, incluyendo poner en el centro los derechos humanos de los pueblos indígenas, las comunidades de primera línea y los trabajadores a lo largo de toda la cadena de valor de las energías renovables.
Es momento de repensar cómo la transición energética puede utilizarse para avanzar nuestra agenda de derechos humanos. Una agenda climática derivada de reformas neoliberales que mantienen los modelos industriales existentes está abriendo la puerta a inversiones insostenibles y sigue considerando a la naturaleza únicamente como un objeto de consumo o como un recurso económico a explotar. Espera que las comunidades que menos contribuyeron a la crisis climática carguen con el peso de la transición, sin beneficiarse de ella y sin poder influir en ella. Como tal, no puede enfrentar el desafío de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) para cumplir con los compromisos climáticos de París—seguirá siendo resistida, retrasada y podría incluso resultar contraproducente. Firmado: Business & Human Rights Resource Centre & Indigenous Peoples’ Rights International (IPRI) 11.11.11 350.org ACCA ACCION CONTRA EL HAMBRE AIPNEE AJI ALTSEAN-Burma AMDV ANAFAE ASONOG Above Ground Accountability Counsel African Resources Watch (AFREWATCH) Akad Cultural Institute Amazon Watch Amnesty International Andrew Lees Trust (ALT UK) Anti-Slavery International AsM Law Office Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA) Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas Iberoameicanos Association pour l’Integration et le Developpement Durable au Burundi, AIDB (Indigenous Forum in consultative ststatus with the UN ECOSOC) Associação indígena de Artistas e artesãos de Alter do Chão – Kuximawara Bangladesh Indigenous Youth Forum BankTrack Batani Foundation Both ENDS Broederlijk Delen CIVICUS: World Alliance for Citizen Participation COMPPART Foundation for Justice and Peacebuilding Canadian Health Assoc for Sustainability & Equity (CHASE) Canadian Network on Corporate Accountability Catholic Agency for Overseas Development (CAFOD) Center for Development Programs in the Cordillera Centre for Research on Multinational Corporations (SOMO) Centre for Social Innovation (ZSI) Centro Hondureño de Promocion Para el Desarrollo Comunitario (Cehprodec) Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP/PPP) Centro de Promoción para el Desarrollo Comunal INTI Chandpur Shwapna Chua Foundation Cidse Coalition for Wetlands and Forests Comision Jurídica para Los Autodesarrollos de Los Primeros Andinos Originarios (CAPAJ) Community Care for the Environment in Timika Papua Community Empowerment and Social Justice Network (CEMSOJ) Congrès Mondial Amazigh Cordillera Peoples Alliance Corporación de Apoyo a Comunidades Populares Codacop Council of Shor People Olders Crane Institute for Sustainability Cultural Survival DKA Austria Derechos Humanos y Medio Ambiente – DHUMA Puno Development Alternatives Development Education Community Project Diaguita Cacicazgotacquia Indigenous community Diálogo y Movimiento, A.C. 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