La organización Indigenous Peoples Rights International (IPRI) vuelve a hacer un llamado urgente al Estado de Tanzania para que cese de inmediato la criminalización de los líderes y defensores de los pastores indígenas masái mediante cargos falsos. En lugar de sembrar miedo y silenciarlos, el Estado debe respetar los derechos colectivos e individuales de los masái y liberar de inmediato a las personas detenidas, en cumplimiento del derecho internacional.
En junio de este año, 27 masái fueron falsamente acusados de matar a un agente de policía. Hasta la fecha, solo tres (3) han sido liberados, mientras que 24 permanecen en prisión. Además, más de 90 masái han sido acusados como inmigrantes ilegales con el propósito de impedir su retorno a sus tierras y disuadirlos de defenderlas. Aunque los abogados han podido brindar representación legal, 45 masái continúan detenidos como inmigrantes ilegales en su propio país.
Para agravar aún más la situación, las personas detenidas y sus familias están sufriendo hambre, ya que deben subsistir por sí mismas debido a estas acciones injustas del Estado.
Este ataque sistemático contra los masái está impulsado por el interés de establecer, en sus tierras tradicionales, un área de caza de 1,500 km² para personas adineradas denominada “Área de Control de Caza de Pololet”. Esta supuesta área de “conservación” sería gestionada por la empresa de caza Otterlo Business Corporation, con sede en los Emiratos Árabes Unidos.
Todo esto está ocurriendo sin respetar los derechos consuetudinarios sobre la tierra y vulnerando el derecho al Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) del pueblo masái. De hecho, el Estado está ignorando acuerdos previos que garantizaban que los masái no volverían a ser despojados de sus tierras.
El gobierno de Tanzania ha desplegado múltiples ataques contra los masái. Desde julio, las autoridades han confiscado cientos de cabezas de ganado, cuyos propietarios han tenido que pagar más de 86,000 dólares estadounidenses (200,000,000 TZS) para recuperarlas.
Además, bajo el pretexto de proteger las “áreas de conservación”, el gobierno ha afirmado que no puede proporcionar servicios sociales y ha dejado de suministrarlos. También se ha restringido el acceso a alimentos: los camiones que transportan productos regulados deben pagar para ingresar a la zona.
Asimismo, el Estado ha desplegado cientos de policías y militares en el área, generando miedo y terror. Las autoridades han destruido teléfonos móviles, motocicletas, entre otros bienes, para limitar la comunicación y la movilidad de los pastores masái en Loliondo.
Todas estas acciones constituyen intentos claros del gobierno por forzar a los pastores indígenas masái a abandonar sus tierras consuetudinarias, con el fin de justificar la narrativa de que se han reubicado voluntariamente.
El gobierno también ha llevado a cabo una agresiva campaña de desinformación y estigmatización contra los pastores masái para justificar los ataques y avanzar en su plan de apropiarse de sus tierras y convertirlas en un área de caza para personas adineradas.
Uno de los líderes masái expresó: “el gobierno nos está tratando como obstáculos para su plan de obtener beneficios de nuestras tierras consuetudinarias y, por ello, pretende desalojarnos por todos los medios, en lugar de tratarnos como ciudadanos con derechos y dignidad”.
Estas acciones injustas del gobierno han tenido un impacto desproporcionado en las mujeres indígenas, los niños y las personas mayores, especialmente en quienes han sido forzados a desplazarse. Dos (2) mujeres se encuentran entre las personas acusadas del asesinato del agente de policía. Más de treinta (30) han sido detenidas como inmigrantes ilegales. Al menos 40 mujeres han resultado heridas y se les ha negado atención médica; debido a la falta de suministros en los centros de salud, las mujeres que están a punto de dar a luz deben trasladarse a Karatu y pagar por la atención.
También se han registrado dos casos de abortos espontáneos como consecuencia del estrés extremo provocado por las acciones violentas y su desalojo de sus hogares y tierras tradicionales.
Los niños han sido privados de su educación y sufren traumas a causa de los ataques; además, no están recibiendo alimentos suficientes ni adecuados. Las mujeres masái han sido privadas del acceso a plantas medicinales tradicionales necesarias para tratar estas afecciones.
Indigenous Peoples Rights International hace un llamado a la comunidad internacional para que alce nuevamente la voz frente a estas graves violaciones de derechos humanos y exija al Estado de Tanzania que retire los cargos falsos contra los masái encarcelados y los libere de inmediato; que respete los derechos de los masái sobre sus tierras, territorios y recursos consuetudinarios; y que garantice el acceso a servicios sociales básicos, permitiendo que los masái en Loliondo vivan en paz en su territorio.
Se insta a los visitantes conscientes a dejar de viajar a las zonas de Serengeti y Ngorongoro, ya que el despojo busca abrir espacio para un mayor turismo.
Se necesita solidaridad y acciones globales para presionar al Estado de Tanzania a cumplir con sus obligaciones y compromisos en materia de derechos humanos.
También hacemos un llamado a la Otterlo Business Corporation para que deje de utilizar las tierras consuetudinarias de los masái para la caza de animales silvestres o cualquier otro propósito. La empresa debe respetar plenamente los derechos de los masái sobre sus tierras, recursos y territorios.
Para más información:
Joan Carling – [email protected]
Indigenous Peoples Rights International
