“La violencia contra los pueblos indígenas es una tendencia global”, resumió Victoria Tauli-Corpuz, ex Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y cofundadora de IPRI, durante la presentación de los informes anuales de IPRI sobre la criminalización de los pueblos indígenas.
Sandra Creamer, mujer indígena Waanyi/Kalkadoon de Australia, destacada activista y presidenta del Consejo Directivo Global de IPRI, señaló al presentar el evento el papel de los pueblos indígenas como guardianes de la Tierra, por lo cual son criminalizados.
El informe anual sobre criminalización reúne casos e información de seis países focales con las tasas más altas de criminalización y violencia contra pueblos indígenas en el mundo: Colombia, Brasil, México, India, Filipinas y la República Democrática del Congo.
Durante el proceso de investigación, IPRI enfrentó el desafío de la documentación, ya que los datos oficiales de los países son muy limitados, existe escasa desagregación por etnicidad en la información sobre defensores de derechos humanos, y muchos ataques no son reportados por los medios debido a la ubicación geográfica o a la falta de libertad de prensa.
Con la información recopilada, los investigadores encontraron que los asesinatos y la criminalización ocurren junto con otras violaciones de derechos humanos; que muchos casos se justifican bajo leyes de seguridad y antiterrorismo; que la militarización de los territorios indígenas incrementa las violaciones de derechos humanos; y que existe falta de voluntad política para abordar los problemas relacionados con grupos armados.
Joyce Godio, coordinadora global de investigación de IPRI, destacó que los discursos de odio, la estigmatización y las campañas de difamación están vinculados a las violaciones de derechos humanos; que la violencia y los ataques se extienden al ámbito colectivo (comunidades u organizaciones); y que los líderes indígenas son blanco de ataques como una forma de debilitar las estructuras de gobernanza de los pueblos indígenas.
El caso de Colombia ilustra muchas de estas tendencias. Allí, el incumplimiento de los Acuerdos de Paz ha incrementado la violencia contra los pueblos indígenas, debilitando sus estructuras organizativas y reduciendo su autonomía y capacidad colectiva para defender los derechos humanos.
“La violencia permanece en la impunidad”, afirmó Leonor Zalabata, coordinadora de IPRI en Colombia, quien consideró que existe un proyecto estatal orientado a debilitar a los pueblos indígenas.
Mary Lawlor, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de derechos humanos, coincidió en que en Colombia solo en muy pocos casos hay rendición de cuentas por las violaciones contra pueblos indígenas. “Los asesinatos son los ataques más graves, pero solo la punta del iceberg”, señaló. Insistió en que el nuevo gobierno tiene la obligación de revertir el ciclo de impunidad y violencia.
El Relator Especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, Francisco Cali-Tzay, informó sobre las comunicaciones enviadas al gobierno colombiano respecto a ataques contra pueblos indígenas y el uso excesivo de la fuerza. Tras los Acuerdos de Paz, indicó, decenas de líderes indígenas han sido asesinados. Subrayó la necesidad de que el Estado garantice un entorno seguro para los pueblos indígenas y aborde las causas estructurales de la violencia.
Leonor Zalabata señaló que, con el nuevo gobierno, Colombia cuenta ahora con cierto margen de esperanza: “Las políticas del nuevo presidente se basan en la paz, la justicia social y la justicia ambiental”. La Sra. Victoria Tauli-Corpuz recordó la obligación de los Estados de proteger a los pueblos indígenas y la debida diligencia que deben llevar a cabo los actores empresariales para abordar los posibles impactos en los derechos humanos en los territorios indígenas.
Asimismo, señaló que los donantes también deben asegurarse de contribuir a reducir la situación de criminalización.
“Debe haber tolerancia cero frente a la criminalización y los asesinatos de defensores de los derechos de los pueblos indígenas”, afirmó. “La sociedad civil debe visibilizar más los casos de criminalización y exigir a los Estados que cumplan con sus obligaciones en materia de derechos humanos”.
