De los compromisos a la realidad: por qué sigue sin respetarse el consentimiento indígena en los proyectos de inversión a escala mundial
Washington, D.C., 14 de abril de 2026 — A pesar de años de compromisos políticos, la brecha entre el reconocimiento de los derechos de los Pueblos Indígenas y su respeto efectivo sobre el terreno sigue siendo amplia.
Ese fue el mensaje central de una sesión de alto nivel celebrada durante las Reuniones de Primavera del Grupo del Banco Mundial, en la que líderes indígenas, inversores y actores del desarrollo se enfrentaron a una pregunta persistente: ¿por qué el Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) sigue fallando en la práctica?
Al reunir las voces de organizaciones indígenas, del sector privado y de las instituciones financieras, el debate puso de manifiesto un patrón que atraviesa todos los sectores —desde las energías renovables hasta la minería y las infraestructuras—: los proyectos fracasan no porque el FPIC sea poco claro, sino porque se ignora, se diluye o se manipula.
«Las empresas siguen sin actuar como deberían», afirmó Freddie Huppé Campbell, directora del equipo de Energía y Clima de Indigenous Clean Energy, líder michif Two-Spirit que trabaja para promover la soberanía energética limpia impulsada por las comunidades y una acción climática equitativa.
Cuando eso ocurre, los proyectos se estancan, se enfrentan a conflictos o fracasan por completo.
Pero lo contrario también es cierto. Cuando el CLPI se respeta como un proceso, y no como un mero trámite, los proyectos tienen más probabilidades de éxito. Campbell señaló ejemplos de Canadá, donde los Pueblos Indígenas se están convirtiendo rápidamente en actores clave en la transición energética. Según datos de Indigenous Clean Energy y del Regulador de Energía de Canadá, los Pueblos Indígenas tienen participaciones en aproximadamente el 20 % de la infraestructura de generación de electricidad del país —una cifra que refleja un creciente giro hacia las asociaciones de capital y la propiedad compartida—.
Ejemplos como el proyecto Solar North en Haida Gwaii y el proyecto eólico Inuvik High Point en los Territorios del Noroeste ilustran cómo las iniciativas lideradas por indígenas o desarrolladas conjuntamente pueden aportar tanto energía como beneficios a largo plazo para la comunidad.
Sin embargo, incluso en países con marcos jurídicos sólidos, persisten las deficiencias en la aplicación.
Joan Carling, directora ejecutiva de Indigenous Peoples Rights International (IPRI) y líder indígena reconocida a nivel mundial con más de tres décadas de defensa de los derechos humanos, la justicia climática y la protección del medio ambiente, advirtió sobre lo que describió como «consentimiento manipulado», es decir, prácticas en las que las empresas o las autoridades locales eluden el liderazgo indígena legítimo para obtener la aprobación.
«No se trata de incidentes aislados», señaló, refiriéndose a casos en Filipinas, donde el CLPI está legalmente exigido en virtud de la Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas de 1997, pero se socava habitualmente en la práctica mediante la manipulación de las estructuras de liderazgo o el incumplimiento de los beneficios prometidos, como puestos de trabajo, becas e infraestructuras.
Está en juego algo más que el mero cumplimiento de los procedimientos. El CLPI, subrayó Carling, no es una aprobación puntual, sino un proceso continuo, basado en los sistemas de gobernanza indígena y definido por las propias comunidades.
Para los inversores, estos fallos no son solo cuestiones éticas, sino también riesgos financieros importantes.
Joseph Bastien, miembro de la comunidad anishinaabe del Territorio No Cedido de Wiikwemkoong y director asociado de Economía Inclusiva en SHARE Canada, destacó que unos procesos de consentimiento libre, previo e informado (CLPI) deficientes pueden dar lugar a disputas legales, daños a la reputación y costosos retrasos o cancelaciones de proyectos. «Confía, pero verifica», instó, y pidió una mayor transparencia en los acuerdos de impacto y beneficios, la estandarización de los informes sobre desempeño social y cautela con respecto a los acuerdos de confidencialidad que pueden ocultar riesgos.
Para abordar estas deficiencias, Bastien señaló las herramientas emergentes para inversores, entre ellas el «Respecting Indigenous Rights: An Actionable Due Diligence Toolkit for Institutional Investors», elaborado por líderes y expertos indígenas para orientar las prácticas de inversión basadas en los derechos.
The discussion also highlighted deeper structural challenges. Global standards remain inconsistent, particularly in how FPIC is defined and applied across frameworks such as the Consolidated Mining Standard, creating uneven expectations and enforcement. At the same time, companies are facing growing scrutiny for how they implement these standards both domestically and abroad — with direct implications for investor confidence.
Una cuestión fundamental planteada a lo largo de la sesión fue la necesidad de reconocer a los Pueblos Indígenas como titulares de derechos, y no meras partes interesadas, una distinción que reestructura de manera fundamental las dinámicas de poder en las negociaciones y el alcance de las obligaciones corporativas.
Para el Grupo del Banco Mundial, el reto que se avecina consiste en traducir las normas en constante evolución en una práctica coherente.
Justin Pooley, director de Política y Conocimiento Ambiental y Social del Grupo del Banco Mundial, subrayó la importancia de reforzar la colaboración con los Pueblos Indígenas e impulsar el desarrollo de políticas, la formación y las iniciativas de creación de capacidad en las operaciones de los sectores público y privado —incluida la labor en curso para revisar y actualizar el Marco de Sostenibilidad Ambiental y Social de la CFI y del MIGA—.
Desde todas las perspectivas, una conclusión destacó: políticas más sólidas por sí solas no bastarán para cerrar la brecha.
Respetar el consentimiento de los Pueblos Indígenas requiere un compromiso sostenido, una rendición de cuentas real y un cambio en la forma en que se comparte el poder en los procesos de desarrollo. Hasta entonces, el Consentimiento Libre, Previo e Informado corre el riesgo de seguir siendo una promesa sobre el papel, en lugar de una garantía en la práctica.
