¿Transición justa o colonialismo verde? El impacto de la transición energética de Indonesia en los Pueblos Indígenas
A menudo se presenta a Indonesia como líder mundial en la transición hacia la energía verde. El país posee alrededor del 40 % del potencial geotérmico mundial, es el mayor productor mundial de níquel y sigue ampliando la energía hidroeléctrica para respaldar los sistemas de energía limpia y la producción de vehículos eléctricos. Estos recursos se promocionan como soluciones clave para la crisis climática. Sin embargo, para muchos Pueblos Indígenas, esta transición dista mucho de ser justa.
Una de las principales razones de esta injusticia es la ausencia de una ley nacional sólida que reconozca y proteja plenamente los derechos de los Pueblos Indígenas. El proyecto de Ley Sobre Los Pueblos Indígenas (RUU Masyarakat Adat), que lleva mucho tiempo retrasado, aún no ha sido aprobado.
Sin esta ley, los Pueblos Indígenas siguen siendo jurídicamente vulnerables, con una protección débil de sus territorios y de sus sistemas de gobernanza. Sus bosques y territorios pueden asignarse fácilmente a proyectos mineros, geotérmicos, de plantaciones y de energía hidroeléctrica en virtud de permisos estatales. En muchos casos, los Pueblos Indígenas son tratados como ocupantes ilegales en sus propios territorios, mientras que las empresas reciben reconocimiento legal y protección estatal. Este vacío legal suele conllevar el despojo de tierras, la violencia, la criminalización y la destrucción de territorios ancestrales.
En febrero de 2026, representantes de los Pueblos Indígenas afectados por proyectos de transición energética de toda Indonesia se reunieron en Yakarta para un taller sobre transición justa con el fin de reflexionar colectivamente sobre los crecientes impactos de estos proyectos en sus comunidades. Estos proyectos son la minería de níquel, las presas hidroeléctricas y las centrales geotérmicas. El taller puso de relieve que muchos de los llamados proyectos «verdes» están reproduciendo viejos patrones de extractivismo y exclusión bajo el lenguaje de la sostenibilidad.
Los líderes indígenas hicieron hincapié en que una transición justa debe garantizar la protección de los territorios indígenas, los derechos colectivos, la seguridad de las mujeres y la autodeterminación de las comunidades. Para los Pueblos Indígenas, lo que está en juego va mucho más allá de la propiedad de la tierra. Como explica el líder indígena Romba Sombolinggi:
«Para nosotros, como Pueblos Indígenas, la tierra es nuestra identidad y fuente de vida. En ella se asientan nuestras costumbres y tradiciones, nuestros rituales y nuestros lugares sagrados, todos profundamente arraigados en la historia de nuestros antepasados… Perder nuestra tierra ancestral significa perder las raíces de nuestra historia y el futuro que se ha transmitido de generación en generación».
La reunión de Yakarta reforzó un llamamiento nacional compartido para rechazar el colonialismo verde y exigir que la transición energética de Indonesia se base en la justicia, los derechos y el liderazgo de los Pueblos Indígenas.
Poco Leok: expansión geotérmica sin el consentimiento libre, previo e informado
Poco Leok, en Flores, Nusa Tenggara Oriental, es uno de los ejemplos más claros. El proyecto de expansión geotérmica de Ulumbu ha entrado en el territorio de los Pueblos Indígenas de 10 gendang, o territorios de clanes indígenas, en Poco Leok. Las comunidades han rechazado el proyecto desde 2011 porque no ha habido un auténtico Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI). Los permisos se expidieron sin CLPI, y los procesos se llevaron a cabo mediante intimidación en lugar de consentimiento.
En 2023, varios indígenas fueron citados por la policía tras protestar contra el proyecto, lo que las comunidades consideraron una forma de criminalización e intimidación. En 2025, miles de indígenas de toda Flores se movilizaron de nuevo para rechazar la expansión geotérmica y exigieron la anulación del decreto del regente que aprobaba la ubicación del proyecto, alegando que este se había emitido sin transparencia ni consentimiento de la comunidad.
Las mujeres indígenas han estado en el centro de esta resistencia porque sus tierras están directamente vinculadas a la alimentación, el agua, la medicina y la supervivencia cultural. Cuando se les arrebata la tierra, las mujeres pierden tanto la seguridad de sus medios de vida como la protección cultural, al tiempo que se enfrentan a la violencia de las fuerzas de seguridad y las estructuras patriarcales. Al situarse en primera línea para defender sus territorios ancestrales, estas mujeres se han enfrentado a una severa represión, que incluye violencia, criminalización e intimidación por parte de las fuerzas de seguridad conjuntas
La minería del níquel y la supervivencia de los O’Hongana Manyawa
En Maluku del Norte, los Pueblos Indígenas O’Hongana Manyawa se enfrentan a graves amenazas por la minería del níquel. La industria del níquel de Indonesia es fundamental para la cadena de suministro mundial de vehículos eléctricos, pero esta economía del «mineral verde» está destruyendo bosques y ríos en territorios indígenas. Solo en Halmahera Oriental hay al menos 29 permisos de explotación minera que abarcan más de 186 000 hectáreas, muchos de los cuales se solapan con los territorios de los Pueblos Indígenas. La destrucción de los bosques y la contaminación de los ríos han reducido el espacio vital de los O’Hongana Manyawa, incluidos aquellos que viven en aislamiento voluntario y que son muy vulnerables a las enfermedades, al contacto forzado y al desplazamiento.
La resistencia también ha traído consigo la criminalización. Seis líderes de la comunidad O’Hongana Manyawa fueron procesados por defender sus bosques ancestrales frente a la expansión minera. Cuatro de ellos fueron condenados a cadena perpetua, mientras que otros dos recibieron penas de 20 años de prisión. La criminalización de los Pueblos Indígenas refleja una realidad más amplia en la que la protección de los bosques se considera un delito, mientras que las empresas mineras operan con el respaldo del Estado.
Para la comunidad O’Hongana Manyawa de Halmahera, el auge de la minería del níquel no es desarrollo, sino una amenaza para su supervivencia. La destrucción de sus bosques conlleva la criminalización y la pérdida de sus sistemas alimentarios, ríos, plantas medicinales y de toda su identidad cultural.
Las comunidades de Toraja se enfrentan al desarrollo geotérmico
En Toraja, en el sur de Sulawesi, el desarrollo geotérmico ya suscita serias preocupaciones. El proyecto geotérmico previsto, de 12 979 hectáreas, amenaza con afectar a un subdistrito y a cuatro territorios de Pueblos Indígenas. Estas zonas incluyen bosques sagrados, cementerios, tierras agrícolas y fuentes de agua que son fundamentales tanto para la práctica espiritual como para la vida cotidiana.
Para las comunidades de Toraja, la cuestión no es solo el daño medioambiental, sino también la protección de la identidad ancestral y la gobernanza consuetudinaria. Toraja demuestra que una transición justa debe comenzar antes de que se inicie la extracción, no solo después de que las comunidades hayan sido desplazadas.
El proyecto geotérmico de Hululais y sus impactos ambientales
En Hululais, Bengkulu, el desarrollo geotérmico llevado a cabo por PT Pertamina Geothermal Energy (PT PGE) ha tenido graves repercusiones para los Pueblos Indígenas. El proyecto se encuentra dentro del bosque protegido de Bukit Daun, cerca de asentamientos comunitarios, tierras de cultivo y zonas consuetudinarias de las que depende la subsistencia de la población.
Durante la exploración en 2018, las actividades de perforación provocaron deslizamientos de tierra que causaron muertes y dañaron estanques piscícolas, arrozales y plantaciones. Las cuencas hidrográficas también resultaron dañadas, lo que redujo el caudal de los ríos y contaminó las fuentes de agua potable de las aldeas cercanas. Las comunidades informaron de movimientos de tierra y de vapor caliente que salía del suelo, lo que secó y quemó los cultivos de sus huertos. Al menos seis aldeas con más de 5.500 personas se han visto afectadas, lo que demuestra que los proyectos geotérmicos pueden causar graves daños ambientales y sociales cuando se ignoran los derechos de los Pueblos Indígenas.
La presa de Lambo y la criminalización de la resistencia indígena
Los proyectos hidroeléctricos en Rendu reflejan el mismo patrón de injusticia. La presa de Lambo, actualmente en proyecto, amenaza los territorios tradicionales de los Pueblos Indígenas rendu, ndora y lambo, donde los ríos son fundamentales para los sistemas agrícolas, la seguridad alimentaria y la vida espiritual. Las comunidades temen perder tierras agrícolas, fuentes de agua, lugares sagrados y territorio ancestral que sustentan tanto sus medios de vida como su identidad cultural.
La criminalización y la violencia han acompañado a la resistencia al proyecto. En 2021, mujeres indígenas denunciaron violencia, intimidación, acoso sexual y allanamiento de tierras ancestrales por parte de la policía, la Brimob, el TNI y las autoridades locales que escoltaban a los equipos de prospección del proyecto de la presa. En 2022, la policía detuvo por la fuerza a 24 indígenas de Rendu, 23 hombres y una mujer, después de que bloquearan actividades relacionadas con el proyecto de la presa, y miembros de la comunidad denunciaron haber sido golpeados durante las detenciones. Estas acciones muestran cómo los proyectos hidroeléctricos suelen imponerse mediante la represión en lugar del diálogo.
Cómo es una transición justa basada en los derechos
Estos casos revelan que el problema fundamental no radica en la energía renovable en sí misma, sino en las formas coercitivas y excluyentes con las que se planifican y ejecutan estos proyectos. Una transición verdaderamente justa debe centrarse en los derechos humanos y dar prioridad a las personas por encima de los objetivos de sostenibilidad no regulados.
Los Pueblos Indígenas deben poder ejercer libremente, sin amenazas, intimidación ni acoso, su derecho a decidir sobre las actividades que afectan a sus tierras ancestrales. En este contexto, el CLPI debe defenderse como un derecho humano sustantivo y no como una mera formalidad procesal que ignora las opiniones, preocupaciones y decisiones colectivas de las comunidades indígenas afectadas. Además, debe ponerse fin al uso de leyes discriminatorias para criminalizar a los Pueblos Indígenas. Pedimos mecanismos de protección específicos para las mujeres indígenas frente a la violencia, el acoso y la marginación sistémica.
Y lo que es más importante, Indonesia debe aprobar una Ley de Pueblos Indígenas sólida que reconozca explícitamente los territorios de los Pueblos Indígenas, los derechos colectivos y los sistemas de gobernanza tradicionales. Sin un reconocimiento y una protección jurídicos sólidos y una aplicación adecuada, la transición verde corre el riesgo de convertirse en otra forma de explotación bajo una nueva etiqueta.
La riqueza geotérmica, de níquel e hidroeléctrica de Indonesia no debe utilizarse para impulsar el «colonialismo verde». Para evitarlo, una transición verdaderamente justa debe basarse firmemente en:
- Derechos territoriales de los Pueblos Indígenas y Consentimiento Libre, Previo e Informado: Garantizar el reconocimiento legal y formal de los territorios indígenas, así como la correcta aplicación del CLPI, para prevenir los desplazamientos y el acaparamiento de tierras.
- Protección de las mujeres indígenas: Proteger a las mujeres indígenas de los impactos sociales, culturales y económicos desproporcionados derivados de proyectos extractivos no controlados.
- Respeto y protección de la gobernanza indígena: Garantizar que las comunidades indígenas tengan el poder de decidir colectivamente sobre el uso de sus tierras, territorios y recursos, así como sobre su propio futuro y sus vías de desarrollo, con base en sus sistemas de gobernanza, cultura y modos de vida indígenas.
Datos clave
- Indonesia posee aproximadamente el 40 % del potencial de energía geotérmica del mundo.
- Indonesia es el mayor productor mundial de níquel.
- Más de 186 000 hectáreas en Halmahera Oriental están cubiertas por permisos de explotación minera.
- Al menos 5.500 personas se ven afectadas por el desarrollo geotérmico en Hululais.
- Las comunidades indígenas de toda Indonesia denuncian la criminalización, el despojo de tierras y la falta de Consentimiento Libre, Previo e Informado en relación con los proyectos de transición energética.
