Este informe se elabora en el marco de la investigación impulsada por Indigenous Peoples Rights International (IPRI) sobre detención y encarcelamiento de personas indígenas por ejercer y defender sus derechos, especialmente los vinculados con la libre determinación y el territorio. A partir de tres estudios de caso en México, el documento muestra cómo el sistema penal se usa como herramienta de control, castigo e inhibición de la defensa del territorio contra comunidades que resisten al despojo y la violencia estructural.
El primer caso es el de Juana Inés Ramírez Villegas, mujer ayuujk (mixe) del Istmo de Tehuantepec e integrante de UCIZONI, criminalizada junto a otra decena de personas por el delito de ataques a las vías generales de comunicación tras las protestas del campamento “Tierra y Libertad” contra el Corredor Interoceánico. En su proceso penal destaca la presión para aceptar un acuerdo reparatorio condicionado a no volver a bloquear las vías, es decir, protestar contra el megaproyecto que violenta sus derechos colectivos y el medio ambiente.
El segundo caso, de Miguel Ángel Peralta Betanzos, muestra la persecución de un defensor mazateco que denunció el cacicazgo local y la explotación ilegal del río Xangá Ndá Ge, y que hoy enfrenta una sentencia de 50 años y una década de criminalización contra su comunidad. Su historia revela cómo se combinan la detención arbitraria, la tortura y la fabricación de testimonios con el acoso judicial. Muestra, además, el racismo judicial que existe al no considerar el contexto comunitario como un aspecto relevante de la persecución penal.
En el tercer caso, Joel Sánchez Cruz, rarámuri de Uruachi, Chihuahua, sobreviviente de desplazamiento y reclutamiento forzado, es hoy presentado como secuestrador por el mismo Estado que no lo protegió, in a él ni a su comunidad, frente al crimen organizado y se ha visto sometido a tortura, prisión preventiva prolongada y dos sentencias de 50 años.
En conjunto, los casos evidencian patrones compartidos: detención arbitraria, tortura, fabricación de pruebas, ausencia de debida diligencia, racismo estructural y la negación sistemática de los derechos colectivos de los pueblos indígenas en el marco del sistema de justicia penal.
