La organización internacional de derechos de los pueblos indígenas, Indigenous Peoples Rights International (IPRI), expresó su profunda preocupación por el arresto ilegal y la continua detención de Beatrice “Betty” Belen, una mujer indígena de la comunidad Uma en la Cordillera, Filipinas.
De acuerdo con un informe presentado ante IPRI, elementos combinados de la Policía Nacional de Filipinas (PNP), la 503ª Brigada de Infantería de las Fuerzas Armadas de Filipinas (AFP) y el Grupo de Investigación y Detección Criminal (CIDG) ejecutaron órdenes de cateo contra al menos 11 personas, incluida Belen, en Lower y Western Uma, Lubuagan, Kalinga, el 25 de octubre de 2020 a las 4:00 de la mañana.
Las autoridades presuntamente recuperaron tres granadas para rifle de la casa de Belen. Sin embargo, según lo reportado a IPRI, el cateo se llevó a cabo sin testigos independientes y sin la participación de funcionarios de la comunidad.
La siembra de pruebas para criminalizar a activistas indígenas se está volviendo cada vez más frecuente con el fin de sembrar miedo y desmovilizar a quienes están en la primera línea de defensa de las tierras y los recursos indígenas.
Belen, integrante de Innabuyog – una alianza de organizaciones de mujeres indígenas en la Cordillera–, es una firme defensora del medio ambiente y de los derechos de los pueblos indígenas, además de trabajadora comunitaria de la salud que sirve incansablemente a su comunidad. Ha dedicado su vida a proteger las tierras ancestrales y defender los derechos de los pueblos indígenas. Este ataque en su contra constituye una afrenta no solo al movimiento indígena en la Cordillera, sino también a las mujeres que alzan la voz en defensa de los derechos humanos.
Belen estuvo entre quienes lideraron una barricada contra el proyecto geotérmico de la empresa Chevron Energy en la provincia de Kalinga en 2012. En 2018, fue galardonada con el Gawad Bayani ng Kalikasan (Premio Héroe Ambiental) por su inquebrantable dedicación en la defensa de sus tierras ancestrales.
Antes de su arresto, había sido objeto de acoso e intimidación por parte de agentes del Estado desde 2015. Fue acusada de brindar refugio y alojar a miembros del Nuevo Ejército del Pueblo (New People’s Army), un grupo armado declarado insurgente por el gobierno filipino.
El arresto de Belen ha afectado gravemente a su familia y comunidad. Antes de su detención, ayudaba a su familia en las labores agrícolas y en la producción de escobas suaves, además de apoyar a sus dos nietos en su educación a distancia.
Actualmente se encuentra detenida en la cárcel de la ciudad de Tabuk. No se ha presentado ningún caso formal en su contra, pero está siendo sometida a una investigación preliminar por presunta posesión ilegal de explosivos. Permanecerá en prisión mientras continúe la investigación.
“Lo que le ocurrió a Belen puede sucederle a otras mujeres que alzan la voz de manera crítica contra las amenazas a nuestras tierras ancestrales aquí en la Cordillera; de hecho, puede ocurrirle a cualquiera que exprese frustración ante políticas gubernamentales perjudiciales para los derechos y el bienestar de la población. Esto no debería suceder”, señaló Innabuyog en un comunicado.
“El activismo no es terrorismo. El activismo busca cambios para mejorar las condiciones, especialmente de los sectores marginados, entre ellos las mujeres y los pueblos indígenas. Esto no es un acto de terrorismo. Hacemos un llamado a nuestras compañeras mujeres para que alcen la voz contra estas violaciones a nuestros derechos humanos garantizados constitucionalmente”, añadieron.
La codirectora de IPRI y exrelatora especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, subrayó la obligación del gobierno filipino de proteger y respetar los derechos de los pueblos indígenas.
“Indigenous peoples should not be targeted for defending their rights and exercising their rights to self-determination over their lands, territories and resources, and to free, prior, and informed consent. All states, the Philippine government included, should understand and recognize the particularity of Indigenous Peoples’ rights,” Corpuz said.
IPRI se une a otras organizaciones de pueblos indígenas para exigir al gobierno filipino la liberación inmediata de Belen y el retiro de los cargos fabricados en su contra.
Para solicitudes de entrevista, enviar un correo electrónico a:
Secretaría Global de IPRI: [email protected], [email protected]
Joan Carling: [email protected]
Vicky Tauli-Corpuz: [email protected]
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